Covid-19: Amenazas y oportunidades para la democracia

La pandemia de la Covid-19, que se está propagando por todo el mundo, podría tener graves repercusiones en muchos países en desarrollo, cuyas economías se verán mucho más afectadas que las de los países avanzados. Sin embargo, es probable que sus estragos no se limiten solo a lo económico. Los países en desarrollo, como los de América Latina y el Caribe, no solo tienen economías más débiles, sino también democracias más frágiles. La crisis podría desestabilizar las prácticas democráticas, desde el voto y las protestas hasta los derechos civiles, y, en última instancia, afectar la confianza en las propias instituciones democráticas.

Consideremos el asunto de la votación. Varios países en América Latina y el Caribe han decidido retrasar las elecciones programadas para este año a nivel nacional, estatal y local debido a los riesgos de contagio para los votantes y los trabajadores electorales. Por ejemplo, el gobierno interino de Bolivia pospuso indefinidamente sus elecciones generales, incluyendo la contienda presidencial. Por su parte, el congreso de Chile retrasó su referéndum constitucional, lo que constituye una concesión clave a la luz de las recientes protestas. Dichos retrasos pueden y deben ir acompañados de un calendario claro de reprogramación de las elecciones, establecido de manera conjunta entre todos los actores políticos implicados. Pero, sin lugar a duda, la crisis no solo afectará las fechas electorales. También podría afectar la naturaleza y los resultados de las elecciones al cambiar quién vota, dónde vota y cómo vota.

Votaciones y derechos civiles durante la pandemia de la Covid-19

Como alternativa al voto en persona, los gobiernos podrían recurrir a tecnologías de votación a distancia, como el voto por correo y el voto electrónico. No obstante, en países con una infraestructura digital deficiente, la votación por internet puede ser vulnerable a la piratería informática. La influencia extranjera y las irregularidades electorales pueden entonces poner en duda la legitimidad de los resultados electorales. Incluso en los casos en que las elecciones se celebren según lo previsto, el número de votantes puede reducirse considerablemente, sobre todo en las poblaciones de edad avanzada y vulnerables. Los pobres y menos educados, por lo general, votan en menor proporción. En medio de la pandemia, enfrentan mayores dificultades en el día a día y están incluso menos informados, según se encontró en una reciente encuesta BID/Cornell.

Y luego está el asunto del compromiso político. Mientras los gobiernos imponen restricciones inusuales a la libre circulación y a las reuniones sociales para combatir la Covid-19, el frágil equilibrio de poder entre el gobierno y la sociedad civil se ha visto temporalmente alterado. Luego de un aumento en el número de protestas callejeras previas a la crisis, las organizaciones de la sociedad civil ahora se ven obligadas a trasladar sus manifestaciones políticas de las calles a internet. Al mismo tiempo, los gobiernos se han atribuido nuevos poderes más amplios para abordar la crisis. Por esta razón, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas les recordaron públicamente a todos los gobiernos sus obligaciones legales de abstenerse de aplicar medidas de emergencia de manera discriminatoria contra las minorías o los grupos de la oposición, como medio para suprimir la libre expresión democrática. Este grupo de expertos afirma que las medidas de emergencia deben estar justificadas por razones de salud pública, ser transparentes, estar sujetas a una supervisión independiente y tener claridad en su carácter de disposiciones de vigencia limitada. Un ámbito de especial interés es la vigilancia digital. En algunos países ya se han utilizado datos procedentes de aplicaciones de localización de usuarios, programas de reconocimiento facial y drones teledirigidos para la localización de contactos y la aplicación de medidas de distanciamiento social. Esto sin duda resulta útil como estrategia de contención del virus. Pero herramientas como estas suponen una amenaza directa para los derechos de privacidad, y es posible que los gobiernos se muestren reacios a restaurar dichos derechos una vez que la crisis haya terminado.

Posibilidades positivas y negativas para la democracia

Obviamente cada país dará su propia respuesta a la crisis actual. Sin embargo, algunos escenarios comunes parecen probables. Como aspecto negativo, la gravedad de la crisis de la salud puede desbordar la capacidad de respuesta del gobierno. El número de víctimas resultante minaría la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Además, si la crisis de la salud deja a su paso una profunda recesión económica, con desempleo masivo y medidas de austeridad, la confianza en las instituciones actuales puede sufrir un nuevo golpe. La crisis financiera de 2008 generó un aumento del descontento público y una proliferación de políticas populistas, cuyos efectos aún se pueden sentir más de una década después. Como aspecto positivo, la crisis actual puede ayudar a restaurar el valor de la competencia y la honestidad en la política democrática. Luchar contra una pandemia es muy distinto a luchar contra los adversarios políticos. No es la ideología y el partidismo lo que está en juego, sino la habilidad y el liderazgo. Los votantes tienen una oportunidad única de descubrir líderes a nivel nacional y local que puedan devolverles la confianza de que es posible tener un buen gobierno.

Incluso antes de esta crisis, la insatisfacción con la democracia estaba en aumento en la región. Las economías mediocres y las persistentes desigualdades de la última década pusieron a prueba la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos e instituciones. A medida que la pandemia de la Covid-19 ejerce una presión aún mayor sobre las economías y las sociedades, ya de por sí frágiles, es posible que la frustración de los ciudadanos con la democracia aumente todavía más. O, por el contrario, esto podría brindarles la oportunidad de apoyar a funcionarios públicos competentes. En medio de enormes desafíos, los líderes electos de la región deben hacer todo lo posible para contener la crisis de la salud y proporcionar alivio económico, manteniendo a la vez un firme compromiso de proteger las instituciones democráticas de sus países: elecciones justas, controles y equilibrios, tribunales imparciales y medios de comunicación independientes. Los ciudadanos deben seguir estando informados y hacer oír su voz en las elecciones y mediante su participación en la sociedad civil. La prosperidad de la región a largo plazo dependerá no solo de contar con economías sanas sino con democracias igualmente sanas.