Cuando estalló la pandemia de la COVID-19, los empleados del sector público estaban en primera línea, como apoyo clave para las políticas públicas destinadas a limitar el contagio y aliviar sus efectos económicos. La colaboración, —y por tanto la confianza— eran un factor esencial. Independientemente de si trabajan en organismos de salud pública o en el sector de las comunicaciones, los funcionarios públicos tuvieron que colaborar para poner en marcha las decisiones tomadas a nivel político. Tuvieron que intercambiar información y coordinar sus respuestas.
La crisis de la COVID-19, pese a toda la tragedia que conlleva, ha ofrecido la oportunidad de examinar cómo la confianza entre los empleados del sector público puede servir o no para garantizar un sector público que funcione bien y sea muy eficaz.
En junio de 2020, durante la primera ola de la pandemia en América Latina y el Caribe, el BID realizó una encuesta para recopilar datos sobre la confianza y las preferencias de políticas públicas entre los empleados del sector público en 18 países de América Latina. La encuesta, una de las primeras en recoger este tipo de información en la región, preguntaba a los encuestados sobre su nivel de confianza en los empleados del sector público y en los ciudadanos. Para ello, estableció una distinción entre los compañeros de trabajo —aquellos con los que el encuestado se relaciona habitualmente— y los funcionarios públicos en general.
Diferentes niveles de confianza en la región
Los resultados fueron esclarecedores. En las tres regiones principales de América Latina y el Caribe —el cono sur, la Región Andina y América Central— el nivel de confianza en los compañeros de trabajo se sitúa en torno al 60%, más que el nivel de confianza en los ciudadanos, y sustancialmente más que el nivel de confianza en los funcionarios públicos en general, que se registra en torno al 45%. Las tres medidas del nivel de confianza fueron más bajas en la Región Andina y en los países que no cuentan con un sistema de administración pública basado en el mérito.
La encuesta incluyó experimentos aleatorios para examinar los efectos de diferentes escenarios relacionados con la pandemia de la COVID-19 en las actitudes hacia las políticas por parte de los funcionarios públicos. En uno de los experimentos, la encuesta midió las actitudes hacia las políticas públicas de distanciamiento social. Uno de los tratamientos, la contextualización positiva, mostraba a los encuestados un gráfico de barras con el nivel de distanciamiento social del país al comienzo de la pandemia, junto a la media mundial, que en el momento del experimento era menor que en los países de América Latina. Así, el tratamiento positivo presentaba un escenario de distanciamiento social relativamente alto. El otro tratamiento, la contextualización negativa, mostraba un gráfico de barras similar que informaba el nivel de distanciamiento social de cada país junto con la estadística nacional de España, que en su momento tuvo una mayor observancia del distanciamiento social que los países de América Latina. Así, el tratamiento negativo presentaba un escenario de distanciamiento social relativamente bajo. Véase el gráfico 1.
Gráfico 1. Tratamiento de contextualización negativo
Confianza y actitudes con respecto a las acciones del Gobierno
Los resultados de este experimento se presentan en el gráfico 2. El gráfico representa las diferencias medias entre los tratamientos negativos y los positivos para dos resultados de las actitudes por nivel de confianza de los empleados públicos en los compañeros de trabajo. Un hallazgo interesante es que la contextualización negativa de los resultados del distanciamiento social nacional (la comparación con España) afectó de manera diferente a los empleados públicos con bajos niveles de confianza y a los empleados públicos con altos niveles de confianza. Los empleados públicos con bajos niveles de confianza reaccionaron, en promedio, asignando más responsabilidad al Gobierno y favoreciendo una aplicación más estricta del distanciamiento social, probablemente porque creen que la respuesta del Gobierno a la pandemia ha sido inadecuada. Los empleados públicos con altos niveles de confianza tuvieron la respuesta opuesta, queriendo que el Gobierno tenga menos responsabilidad y prefiriendo una aplicación más débil del distanciamiento social. La diferencia en los efectos del tratamiento entre los dos grupos es estadísticamente significativa en ambos casos y robusta incluso después de controlar el nivel de confianza en los ciudadanos.
Gráfico 2. Respuestas al tratamiento negativo, por nivel de confianza
El estudio también reveló que los empleados públicos con altos niveles de confianza tienen una visión más positiva de la cooperación con los compañeros de trabajo en proyectos de equipo y otras tareas compartidas y son más propensos a confiar en la información obtenida de sus compañeros. Del mismo modo, los empleados con altos niveles de confianza apoyan más la prestación de servicios públicos por Internet y declaran que durante el año anterior a la pandemia el organismo gubernamental para el que trabajan alcanzó un mayor nivel de eficiencia. Estos patrones de datos indican que la confianza facilita las relaciones de trabajo productivas y fomenta la apertura a la innovación. Los resultados adicionales se presentan en el estudio completo.
El rendimiento del sector público está en riesgo
La aplicación eficaz de las políticas depende de que los empleados del sector público intercambien información, coordinen sus acciones, respondan a las necesidades de los ciudadanos y utilicen su discrecionalidad sobre las políticas públicas de forma que se maximice el bienestar de los ciudadanos. La desconfianza —en otros empleados públicos y en los propios ciudadanos— obstaculiza cada una de estas medidas. La pandemia COVID-19 ha demostrado el valor de un sector público que funciona bien. Los funcionarios públicos electos deberían reconocer este hecho e invertir en un sector público altamente profesionalizado y bien organizado.
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