La verdad sobre la reforma judicial

Ni en Europa ni en el continente americano se ha visto nada parecido desde la célebre operación italiana Mani pulite (manos limpias) contra la corrupción política. En América Latina no hay precedentes. Un presidente en funciones está siendo encauzado, un ex presidente ha sido hallado culpable y docenas de congresistas y sus socios empresariales han ido a parar a la cárcel.

Hace algunas décadas, puede que los brasileños se hayan quejado vivamente de su sistema judicial. Pero eso fue entonces. Hoy día los fiscales del ministerio público y los jueces encargados de las causas producto del escándalo Lava Jato se han ganado el respeto y la admiración generales por su diligencia y autonomía. A pesar de una que otra crítica de la izquierda, las encuestas de opinión revelan que gozan de un respaldo prácticamente absoluto en un país cansado de la corrupción.

Los fiscales del ministerio público de Brasil han cobrado ánimo en la lucha contra la corrupción no solo por el respaldo generalizado de la ciudadanía, sino también por las reformas introducidas por la Constitución de 1988, que crearon un ministerio público autónomo, dotado de un presupuesto sustancioso, con nombramientos vitalicios y amparo contra represalias. Los jueces han recibido una autonomía comparable. Junto con nuevas disposiciones que permiten resolver causas mediante acuerdos declaratorios a cambio de información, esos cambios han hecho posible que procesos como los del caso Lava Jato se lleven adelante como nunca antes.

Pero si bien la cantidad de causas emprendidas—así como su concentración en tantos funcionarios gubernamentales en funciones—es inédita, la tendencia no lo es del todo. Fortalecidos por reformas constitucionales y de otros tipos que se remontan a las décadas de 1980 y 1990, los sistemas judiciales de algunos otros países latinoamericanos han adquirido una mayor profesionalización, autonomía y seguridad en sí mismos para revisar legislación y proteger derechos, según concluye un estudio del BID. Y algunos están haciendo frente cada vez más a la corrupción y a violaciones de los derechos humanos.

Por ejemplo, el ministerio público de Guatemala se ha fortalecido en los últimos cuatro años al emprender causas primero contra carteles de la droga y luego contra funcionarios públicos involucrados en masacres durante los años ochenta, todo ello con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y otros actores internacionales. El proceso culminó en 2015, cuando fiscales del ministerio público, en estrecha colaboración con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el patrocinio de la ONU, llevaron a cabo una investigación exhaustiva de una serie de sobornos en la administración aduanera del país que dio lugar a manifestaciones generalizadas, y provocó la caída y el subsiguiente encarcelamiento del ex presidente Otto Pérez Molina, su vicepresidente y numerosos cómplices del gobierno.

Aunque se trata de un problema más fácil de abordar, otros países han venido procesando a funcionarios de gobiernos anteriores. Entre ellos se cuentan casos anticorrupción de alto relieve en Perú, Chile y Argentina, así como numerosos casos de violación de los derechos humanos contra antiguos regímenes militares en América del Sur y Centroamérica.

Valiéndose de la revisión judicial—el derecho de dictaminar sobre la constitucionalidad de leyes y decretos del Ejecutivo—, algunos tribunales supremos de la región también han asumido una participación mayor que nunca antes en el proceso político, vetando y moldeando legislación y obligando a dependencias gubernamentales, mediante medidas de emergencia (amparos y tutelas), a otorgar derechos económicos y sociales a sectores de la población anteriormente excluidos, según indica un estudio de Daniel Brinks y Abby Blass, de la Universidad de Texas en Austin (EE.UU.).

Por ejemplo, fortalecido por una reforma constitucional de 1991, un tribunal constitucional extremadamente activista de Colombia ha intervenido en el ámbito público en toda clase de materias, desde la reforma de la salud y la aplicación de las leyes contra las drogas, hasta los derechos de personas afectadas por el desplazamiento interno causado por conflictos armados. En Costa Rica la reforma constitucional ha dado como resultado la creación de una Sala Constitucional (Sala IV) del Tribunal Supremo del país, facultada para dictar sentencias decisivas en cuestiones que incluyen la salud y los derechos de los indígenas, entre otras, mientras que los tribunales superiores de Argentina y Brasil también se han convertido en importantes actores en cuestiones de políticas.

Pero esta creciente seguridad propia no siempre acaba por imponerle frenos al poder. En su estudio sobre los poderes judiciales de la región, Brinks y Blass concluyen que con el surgimiento del “socialismo bolivariano” algunos tribunales superiores de la región, entre ellos los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, se han convertido en aliados del régimen, en lugar de ser sus vigilantes, y han impuesto la perspectiva de justicia constitucional de los gobiernos de turno.

Además, aunque los fiscales especiales y los tribunales superiores de algunos países se han vuelto más independientes y profesionales, no siempre ocurre lo mismo con los juzgados de niveles inferiores.

En efecto, la región como un todo todavía tiene un largo camino por delante en lo que se refiere a la autonomía judicial y al Estado de Derecho. Como se reveló en un blog reciente del BID, los poderes judiciales de América Latina todavía exhiben en su conjunto niveles de autonomía muy inferiores a los de los países desarrollados, y casi están al mismo nivel que los del África Subsahariana. Carecen de las características clave que según otro estudio del BID son imprescindibles para su autonomía, entre ellas, independencia presupuestaria, transparencia, meritocracia en la postulación de jueces y funcionarios judiciales, estabilidad en el cargo y facultades de revisión judicial.

Eso incide en el Estado de Derecho, el cual, según el proyecto World Governance Indicators, entre 2000 y 2013 retrocedió en la región en general, con pérdidas especialmente graves en Argentina, Bolivia, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

También incide en la percepción de corrupción. Transparencia Internacional, en su índice de corrupción, que encabeza Dinamarca como el país de mayor honradez, ubica a Uruguay (21^er lugar) y Chile (24^to) cerca de la cabeza de la lista, y a Haití (159^no) y Venezuela (166^to) cerca del pie de su ranking de 176 países. Entretanto, una encuesta de Latinobarómetro de 2016 concluye que apenas un 34% de los latinoamericanos se sienten satisfechos con el estado de la democracia en sus países y señalan a la corrupción como uno de los dos problemas más graves en Brasil, Chile y Perú.

Aun así, los ejemplos positivos apuntan en la dirección correcta. Demuestran que una mayor autonomía puede dotar a los poderes judiciales de la región de las facultades necesarias para erradicar los actos políticos ilícitos. Esa autonomía puede habilitarlos para proteger los derechos fundamentales de los menos favorecidos, así como también puede impulsar el potencial de una gestión legislativa efectiva.

Un Poder Judicial autónomo y profesional es un elemento crítico de un mecanismo eficaz de frenos y contrapesos, imprescindible para asegurar la transparencia y el bienestar de la sociedad. Un puñado de países ha avanzado en esa dirección. La región como un todo todavía tiene un largo camino por recorrer.