Quienes luchan contra la corrupción en el continente americano han tenido dos años muy positivos. Desde mayo de este año, los jefes de las dos cámaras legislativas del estado de Nueva York han sido condenados a penas de prisión de entre cinco y 12 años, por cargos que incluyen el soborno, la extorsión y el lavado de dinero. Un diputado por Filadelfia al Congreso Nacional de Estados Unidos fue hallado culpable de más de dos docenas de delitos, entre ellos la extorsión organizada. Y el presidente de la asamblea legislativa del estado de Alabama fue hallado culpable de faltas de ética que le pueden costar decenios tras las rejas.
Pero con mucho los mayores avances se han registrado en América Latina, donde poblaciones enteras se han levantado contra la corrupción. La ola arrancó el año pasado en Guatemala, donde miles de personas salieron a la calle a manifestar y obligaron a dimitir al vicepresidente y al presidente del país, por un escándalo de soborno en las aduanas. La ola llegó a Brasil este año, donde millones de personas participaron en manifestaciones pacíficas contra la corrupción en Petrobras, la empresa petrolera propiedad del estado. La presidenta Dilma Rousseff fue objeto de un juicio político y fue destituida, docenas de personas fueron halladas culpables y más de 160 empresarios y políticos también fueron encausados. También ha habido protestas masivas en Honduras en contra del presunto robo de recursos del sistema de salud del país. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido objeto de una investigación por fraude en su gestión. Entretanto, en México se ha promulgado un conjunto de leyes dirigidas a castigar más duramente los delitos de corrupción.
América Latina todavía sigue aquejada de una arraigada cultura de comisiones clandestinas, soborno y fraude fiscal. La organización no gubernamental Transparencia Internacional prepara cada año una lista de los países más corruptos, basándose en los aportes de organizaciones investigadoras, firmas de análisis de riesgos y entidades financieras. América Latina como región suele tener una pésima figuración en la lista. En el informe de 2015, que clasifica 167 países a lo largo de una gama que va del menos al más corrupto, Uruguay (lugar 21) y Chile (23) fueron los países menos corruptos de la región; unos pocos lugares por debajo de Estados Unidos (16). Brasil ocupó el 76to lugar, Argentina y Ecuador empataron en el 107mo, y Haití y Venezuela cerraron la lista empatados con Guinea-Bisáu, en el 158vo lugar.
Pero el cambio ya se siente en el aire. Aunque los sobornos y los contratos amañados se han considerado por mucho tiempo como medios para engrasar los engranajes de la administración pública, las reformas sociales e institucionales los están haciendo cada vez menos aceptables y más difíciles de quedar impunes. Una clase media creciente y vibrante, que ya no se siente temerosa de los dictadores, como en los años 70 y 80, está reclamando mejores gestión y servicios gubernamentales. La malversación de fondos tributarios, especialmente durante coyunturas económicas como la actual, se está tolerando cada vez menos. En muchos países, incluido Brasil, jueces y fiscales del ministerio público se han venido haciendo cada vez más avezados e independientes. Y Facebook y otras redes sociales están haciendo que se corra la voz casi instantáneamente sobre señalamientos de corrupción, generando protestas masivas y grandes presiones para que se emprendan investigaciones.
En 2008, el gobierno de Colombia lanzó el programa Auditores Visibles, dirigido a ayudar a las comunidades del país a luchar contra la corrupción en la educación, la salud y otras áreas de contratación con el sector público. En ese programa, los proyectos propuestos se plantean por adelantado en foros en los que se informa a las comunidades sobre su derecho de actuar como auditores. Las autoridades locales y las empresas contratantes se comprometen a llevar a cabo foros con las comunidades para escuchar sus quejas, y se ha creado la figura del interventor, que hace las veces de puente con las autoridades de los gobiernos municipales y nacional, si los problemas persisten. Los resultados, según revela un estudio del BID, indican que, en las comunidades participantes, el número de ciudadanos que dicen sentirse satisfechos en general con dichos proyectos ha aumentado a alrededor de 23%, mientras que las evaluaciones del desempeño de los políticos por parte de las comunidades han aumentado en 15 puntos porcentuales. Resulta que la supervisión ciudadana puede incidir en los servicios al nivel local. Los proyectos pueden hacerse más transparentes y los políticos, más íntegros.
Además, esta tendencia bien puede fortalecerse a sí misma. En otro estudio del BID, los costarricenses fueron objeto de un experimento en el que recibieron un volante sobre una encuesta de Latinobarómetro, que indicaba que el porcentaje de sus compatriotas que han presenciado directamente un acto de corrupción había aumentado considerablemente en los últimos años. Luego se les preguntó qué tan dispuestos estarían a sobornar a un agente policial para no tener que pagar una multa de tránsito. La proporción de encuestados dispuestos a ofrecer un soborno después de leer el volante sobre el aumento de la corrupción se incrementó en 28% con respecto al grupo de control. La percepción de la sociedad en su conjunto sí importa y la corrupción corrompe. Pero, ¿no será que la honradez también engendra aún más honradez cuando el círculo vicioso se transforma en un círculo virtuoso?
Los elementos de juicio acumulados en los últimos años hacen pensar que efectivamente es así. La gente que se vuelca a la calle para participar en manifestaciones cada vez mayores, y los fiscales del ministerio público que cada vez más emprenden acciones legales contra actividades políticas ilegales, brindan la alentadora imagen de una fuerza positiva que se alimenta a sí misma y se afianza. Si cada vez más políticos comienzan a ganar elecciones ofreciendo mejores servicios y una gestión gubernamental recta, puede que la región consiga superar una coyuntura crítica. Puede que no solo pase a ocupar los lugares más altos de la lista anual de Transparencia Internacional, sino que además disfrute de los beneficios de desarrollo pujante, menos pobreza y más igualdad que promueve la gestión gubernamental honrada.
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