Las transferencias financieras personales realizadas por migrantes en el extranjero —conocidas como remesas— son habituales en los países con altos niveles de migración económica. Sin embargo, en muchos casos las transferencias se producen fuera del sistema bancario. Esto impide a los receptores de remesas acceder a servicios financieros fiables, como el ahorro, el crédito o los seguros, que les ayuden a mejorar su situación económica.
México es un ejemplo de ello. El corredor de remesas Estados Unidos – México es el más grande del mundo y sigue creciendo a un ritmo acelerado. Cada año, más de 10 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos envían miles de millones de dólares a su país. Las remesas de Estados Unidos a México crecieron un 12,9% en 2022 hasta alcanzar la cifra récord de US$55.900 millones, aproximadamente el doble del nivel registrado hace menos de una década. Con transferencias mensuales promedio de US$390, las remesas constituyen un importante flujo financiero que rivaliza tanto con la ayuda internacional como con la inversión extranjera directa en México.
No obstante, México sigue teniendo uno de los niveles más bajos de inclusión financiera entre los países de ingresos medios-altos, con apenas el 49% de los consumidores bancarizados. Las remesas extranjeras podrían promover la inclusión financiera aumentando la demanda de servicios financieros formales y generando interés por la educación y la alfabetización financieras. Pero existen barreras que impiden a los receptores de remesas aprovechar los servicios financieros formales. Entre ellas se encuentran los bajos ingresos, la desconfianza en los bancos, la estructura de costos bancarios y las restricciones reglamentarias, barreras que las nuevas soluciones digitales, patrocinadas por el gobierno de México, podrían ayudar a superar.
Escasa demanda por parte de los receptores de remesas
Por inclusión financiera se entiende el acceso y uso de servicios financieros seguros y asequibles para todos los consumidores. A fin de lograr dicho objetivo resultan esenciales factores como la competencia, la regulación y la educación. Según una declaración de 2012 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, la reglamentación gubernamental, la garantía de planes de protección al consumidor y el fomento de la educación financiera “mejorarían las capacidades financieras de todos los segmentos de la población”. La inclusión financiera es considerada un factor clave en el logro de varios de los objetivos de desarrollo sostenible 2030, como la eliminación de la pobreza extrema y la promoción de oportunidades económicas.
No obstante, en la actualidad, los receptores de remesas en México prefieren los mecanismos informales a las instituciones bancarias a la hora de obtener y gestionar sus fondos. Esto impide al sector financiero formal de México convertirse en un beneficiario clave del crecimiento continuo de remesas de Estados Unidos a México. De hecho, más de tres cuartas partes de las remesas estadounidenses se siguen recibiendo en México a través de instituciones no bancarias.
Una de las razones es la persistente desconfianza en las instituciones financieras, posiblemente debido al colapso del sistema bancario a finales de los noventa, que afectó directamente a millones de personas en México. Las remesas también suelen utilizarse para gastos cotidianos. Como tales, no son vistas por los receptores como un excedente que pueda ahorrarse y utilizarse posteriormente como pago inicial de una compra o inversión financiada mediante crédito, como una vivienda o un negocio. Por último, muchos de los receptores no forman parte de la fuerza laboral o trabajan en entornos informales, principalmente en las zonas rurales, y por esas razones son menos proclives a tener una cuenta bancaria.
Restricciones bancarias a la inclusión financiera
A principios de la década de 2000, varios grandes bancos estadounidenses lanzaron servicios de transferencia de bajo costo para el mercado de remesas de Estados Unidos a México, hasta entonces dominado por operadores de transferencias de dinero. como Western Union y MoneyGram. Por ese entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México también crearon un sistema ACH de transferencia directa llamado Directo a México que podía ser operado por cualquier banco o cooperativa de crédito estadounidense a nombre de sus clientes. Y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) publicó una herramienta de comparación de tarifas de remesas, en un esfuerzo por contribuir a estimular la competencia en el mercado de remesas.
Este giro de los bancos hacia servicios de remesas de bajo costo pretendía aprovechar los crecientes flujos de remesas hacia México y atraer a los migrantes, que envían remesas, como clientes bancarios habituales. En teoría, las asociaciones con bancos mexicanos receptores canalizarían cada vez más remesas hacia el sistema bancario.
Aunque estos cambios se realizaron parcialmente —en mayor medida en el lado estadounidense— ya para 2013 y como consecuencia de un endurecimiento de los requisitos regulatorios estadounidenses para los bancos con servicios a clientes extranjeros, muchos de los bancos estadounidenses abandonaron el mercado de remesas entre Estados Unidos y México. En 2016, el gobierno de México adoptó la Política Nacional para la Inclusión Financiera (PNIF). La nueva política abordaba los flujos de remesas en varias dimensiones: i) fomento de la apertura de cuentas bancarias por parte de los migrantes y sus familiares receptores de remesas; ii) mayor reducción de los costos de envío y recepción de remesas; iii) simplificación de los requisitos de identificación mediante el uso de tarjetas consulares, y iv) programas de educación financiera ofrecidos en los consulados mexicanos en Estados Unidos. A pesar de estos valiosos esfuerzos, la inclusión financiera en México sigue siendo una de las más bajas de América Latina.
Futuro prometedor para las finanzas digitales
¿Podría la digitalización reducir los costos bancarios de los clientes con bajos ingresos? México parece estar lo suficientemente avanzado en el desarrollo de infraestructuras digitales como para hacer de la banca digital una alternativa viable a la banca convencional. En 2018 el gobierno de México adoptó una ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, también conocida como la Ley Fintech. Las empresas fintech tienen la ventaja de poder ofrecer a los usuarios tarifas mínimas o incluso transferencias gratuitas a través de sus aplicaciones. Entre los factores negativos, cabe señalar que la exigencia de una cuenta bancaria para acceder a las plataformas de pagos digitales limita el mercado de las fintech a los ya incluidos en el sistema financiero, mientras que el requisito de poseer un smartphone excluye al menos a una cuarta parte de la población.
No obstante, una nueva opción digital, patrocinada por el Gobierno para los remitentes de remesas con sede en Estados Unidos, supera algunas de estas limitaciones. La agencia gubernamental Financiera para el Bienestar (Finabien), en colaboración con la aplicación bancaria Broxel, permite a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, que envían dinero, abrir cuentas bancarias en dólares con sus documentos de identidad mexicanos. Sus destinatarios en México pueden abrir una cuenta bancaria digital en pesos. Los usuarios también reciben tarjetas de débito bancarias que pueden utilizar para hacer compras sin cobros de tarifas. Este sistema totalmente digital evita la necesidad de vivir cerca de una sucursal bancaria, lo que lo hace especialmente beneficioso para los receptores de remesas que viven en zonas rurales.
Las remesas procedentes de Estados Unidos pueden contribuir a la inclusión financiera en México, pero no son suficientes por sí solas. Unas políticas bien diseñadas que aprovechen una tecnología digital rentable prometen hacer accesibles los servicios financieros formales tanto a los receptores de remesas como a los no receptores. Facilitar el acceso a servicios financieros seguros y asequibles para todos los consumidores podría potenciar el impacto positivo de las remesas en el desarrollo económico y social de México.
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