El 7 de octubre, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos se convirtió en el sexto latinoamericano galardonado con el Premio Nobel de La Paz, como reconocimiento por sus esfuerzos para poner fin a un conflicto civil de 52 años de duración, la última gran guerra en las Américas. Sin embargo, para quienes apoyaban el proceso de paz en Colombia, el momento que vivieron fue más amargo que dulce. 11 días antes, el presidente se había dado la mano con su enemigo jurado, Rodrigo Londoño, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y había firmado un acuerdo de paz para poner fin a las hostilidades entre el gobierno y los rebeldes. Muchos de los presentes en aquella ceremonia que celebraba la paz, entre ellos 15 jefes de Estado de América Latina y el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-Moon, irrumpieron en aplausos. Algunos se unieron a Santos en un cántico que coreaba “No más guerras”. Sin embargo, el 2 de octubre, seis días después de la ceremonia y cinco días antes de ser nombrado Premio Nobel de La Paz, los colombianos rechazaron el acuerdo de paz en un referéndum por sólo 60.000 votos, es decir, 0,5 puntos porcentuales.
El galardón del Comité Nobel, a pesar del rechazo del acuerdo de paz, pretendía conservar viva la esperanza de algún tipo de acuerdo. Su intención era, como declaró el Comité Nobel en su anuncio del premio, “estimular a todos aquellos que luchan por alcanzar la paz, la reconciliación y la justicia en Colombia”. Sin embargo, lo que depara el futuro es incierto.
Por ahora, tanto el gobierno como las FARC se han comprometido a respetar el alto el fuego. Además, son pocos los analistas que piensan que los colombianos quieren volver a un conflicto que se ha cobrado más de 220.000 víctimas, ha expulsado a más de 5 millones de personas de sus hogares y ha marcado como prohibidas grandes extensiones del territorio colombiano para sus ciudadanos. La pregunta inmediata versa sobre cómo reconciliar a opositores enfurecidos porque el acuerdo permitía a los líderes de las FARC, acusados de masacres, tráfico de drogas, secuestros y extorsiones, evadir la cárcel después de confesar sus crímenes. Los opositores también mostraron su enfado porque las FARC, convertidas en movimiento político, tendrían garantizados 10 escaños en el Congreso colombiano y porque las guerrillas de las FARC recibirían pagos en efectivo para facilitar su reintegración en la sociedad.
Es posible que se tenga que negociar y luego aprobar un nuevo acuerdo de manera que sectores más amplios de la población no opinen que las FARC gozan de condiciones demasiado ventajosas. Sin embargo, aunque eso ocurra, los próximos pasos serán aún más difíciles. Unos 7000 combatientes curtidos por la guerra en el bando de las FARC tendrán que ser reintegrados a la sociedad. Esto significará proporcionar capacitación y empleo a personas que han pasado la mayor parte de sus vidas en remotos campamentos en las montañas, sabanas y bosques lluviosos del interior de Colombia, y que prácticamente no han vivido la experiencia de la vida urbana en el siglo XXI. Significa dar a los jóvenes e incluso a personas de edad mediana que poseen conocimientos limitados en lo que se refiere a alfabetización y conocimiento de las matemáticas básicas un impulso para integrarlos en la economía moderna.
Muchos otros esfuerzos emprendidos después de conflictos armados han experimentado dificultades o incluso han fracasado precisamente ante estos retos. Por ejemplo, después de los acuerdos de paz de los años noventa en El Salvador y Guatemala, grandes contingentes de excombatientes tuvieron dificultades para encontrar un empleo o para emprender sus propios negocios. Como consecuencia, algunos volvieron a caer en comportamientos delictivos. La guerra civil en Sierra Leona, que duró una década y acabó en 2001, también dejó a numerosos excombatientes con un nivel mínimo de educación y de formación laboral, convirtiéndolos en presas fáciles para reclutarlos en bandas criminales.
En 2015, el Departamento de Investigación del BID publicó un documento insignia titulado Los primeros años: el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas, que definía los componentes clave del desarrollo intelectual y emocional de los niños y que ofrecía sugerencias sobre cómo los gobiernos podían intervenir de una manera costo-efectiva para mejorar resultados a largo plazo. El próximo estudio insignia del Departamento de Investigación, que será presentado a comienzos de 2017, volverá a analizar la adquisición de destrezas, ampliando su alcance a la adolescencia y la edad adulta. Incluye un capítulo sobre la formación de los adultos para el mercado laboral, con recomendaciones específicas sobre qué pueden hacer los gobiernos para apoyar los centros de formación y los partenariados públicos-privados para fomentar el aprendizaje en el mundo empresarial.
Un aspecto clave es la importancia de enseñar no sólo las habilidades técnicas específicas de cada sector sino también habilidades socioemocionales. Como se ha señalado en un blog anterior, esto incluye cuestiones esenciales, como la capacidad para trabajar en equipo, seguir órdenes y prestar un servicio respetuoso a los clientes. También implica fomentar la autoestima para potenciar la toma de decisiones en el lugar de trabajo.
Con un historial de desmovilización de desertores de la guerrilla y de grupos paramilitares de extrema derecha, Colombia tiene mecanismos e instituciones bien desarrollados para promover la reinserción de los combatientes en la sociedad. La Agencia Colombiana para la Reintegración gestiona programas psicosociales, de salud y de formación laboral para personas que quieren ingresar en la fuerza laboral y comenzar sus propios negocios. Una ley de 2010 ofrece incentivos fiscales para las empresas que contratan a antiguos miembros de los grupos armados. Se ha llevado a cabo una amplia planificación para ayudar a los antiguos guerrilleros a adquirir tierras y créditos para actividades agropecuarias y comercializar sus productos. Aún así, se espera que la investigación del BID sobre las habilidades de los adultos contribuirá a enriquecer los instrumentos de los responsables de las políticas en Colombia si son capaces de reencontrar una fórmula para reanudar el proceso de paz asegurando a todos los colombianos que los términos del acuerdo son justos.
Colombia todavía tiene una oportunidad para iniciar un nuevo período de su historia, lo que entraña el gran desafío de devolver a grandes contingentes de excombatientes al seno de la sociedad. Si eso se logra, la importancia de gestionarlo adecuadamente no sólo influirá en su democracia y en su economía sino también proporcionará lecciones clave para otros países que intentan llevar a cabo la transición necesaria de los tiempos de guerra a los tiempos de paz.
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