América Latina y el Caribe está experimentando una revolución en materia de pagos digitales. Entre 2019 y 2023, el número de transacciones electrónicas en la región, en promedio, se multiplicó por tres. Este enorme cambio en la forma de realizar transacciones en la región coincide con una marcada preferencia por los modos de pago digitales. Según un estudio sin precedentes llevado a cabo por el BID e intitulado “Más allá del dinero en efectivo: la revolución de los pagos digitales en América Latina y el Caribe”, al menos el 50% de las personas afirman preferir los pagos digitales al efectivo en 16 de los 17 países de la región de los que se dispone de datos. Esta revolución digital en materia de pagos encierra un gran potencial para impulsar la eficiencia, la inclusión financiera y el crecimiento económico.
El hecho de que esta revolución se produjera en medio de graves problemáticas estructurales, como la escasa confianza en las instituciones financieras y las elevadas tasas de informalidad, deja en evidencia no solo un sector privado dinámico con capacidad de innovación, sino también, como se afirma en el informe, unas políticas públicas dirigidas a abordar cuestiones clave relacionadas con la oferta y la demanda. A la altura de las necesidades del momento, las políticas que lograron alinear la tecnología y los incentivos ayudaron a convertir los pagos digitales en la columna vertebral de la economía. Un mensaje clave del informe, dada la gran variedad de estrategias exitosas empleadas en la región, es que no existe una solución única para todos los casos.
Las medidas detrás de esta revolución
Un obstáculo en el lado de la oferta para una mayor adopción de los pagos digitales por parte de los usuarios ha sido el problema de la fragmentación de los sistemas de pagos. Aunque el número de proveedores de pagos digitales en la región creció sustancialmente, a menudo los usuarios solo pueden realizar transacciones baratas y sencillas con usuarios pertenecientes a su misma red. Esto parece obedecer a cierta lógica: los proveedores podrían considerar poco rentables aquellas inversiones que hacen compatible su red si dichas inversiones también benefician a los usuarios de otras plataformas.
El informe subraya la importancia de las medidas para fomentar la interoperabilidad de los sistemas de pago. En los últimos años, al menos 11 países de la región han establecido disposiciones o mandatos para fomentar la interoperabilidad. Estas medidas han contribuido a crear un entorno propicio para que los usuarios envíen y reciban pagos de y a otros usuarios, independientemente del proveedor.
El desarrollo de este marco más inclusivo varió de un país a otro. En algunos países, la creación de las plataformas de pago se dejó en manos del sector privado, pero la consecución de la interoperabilidad fue consecuencia de las políticas públicas. En otros países, las autoridades financieras tomaron la iniciativa tanto del desarrollo de las plataformas de pago como de la regulación correspondiente para lograr la interoperabilidad. En cualquier caso, las medidas para fomentar la interoperabilidad dieron lugar a un repunte agudo y sostenido de las transacciones interbancarias.
Del lado de la demanda surgió otro problema; concretamente, la reticencia de algunos usuarios a conectarse a un sistema de pago digital cuando aquellos con los que realizaban transacciones no estaban conectados. En este caso, la solución viene de la mano de algunas políticas de gran impulso por parte de los gobiernos que fomentan la adopción masiva de los modos de pago digitales, entre ellas los descuentos tributarios por transacciones digitales, los mandatos para pagar los salarios electrónicamente y, muy especialmente, los esfuerzos de los programas sociales por utilizar los pagos digitales para desembolsar las transferencias a los beneficiarios. Por ejemplo, la proporción de beneficiarios de programas sociales en nuestra región que reciben sus beneficios digitalmente creció del 40% en 2014 al 80% en 2021, según el reporte.
El desafío de la informalidad
Con más de la mitad de la mano de obra de la región en el sector informal, la informalidad sigue siendo un desafío. Las transacciones digitales permiten rastrear los flujos de entrada y salida de las empresas, lo que podría aumentar potencialmente el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, el informe sostiene que esto no es algo que deba darse por sentado. Los mismos incentivos que impulsan las decisiones de las empresas de realizar transacciones informales pueden condicionar los resultados de políticas bienintencionadas para promover el uso de pagos digitales. Por ejemplo, después de que Uruguay impusiera la obligación de pagar los salarios mediante transferencias electrónicas, un estudio reciente reveló que muchas empresas de sectores con un uso intensivo de efectivo comenzaron a operar de manera informal, provocando un aumento del empleo informal y una disminución de más del 3% en los ingresos tributarios. Pese a que los formuladores de políticas públicas han puesto en marcha iniciativas bienintencionadas, es importante tener en cuenta estas consecuencias imprevistas mientras trabajan para impulsar la digitalización financiera.
Las ventajas de la digitalización financiera
El informe hace hincapié en que las ventajas pueden ser enormes. Un mayor acceso a los pagos digitales implica más transacciones, que pueden generar datos valiosos. Esto, a su vez, puede contribuir a ampliar el acceso a otros servicios financieros, como las cuentas de ahorro y el crédito, que de otro modo no estarían al alcance de las poblaciones desatendidas.
En este sentido, resulta esencial, por una parte, que exista una regulación que permita a las empresas fintech seguir creciendo y competir en igualdad de condiciones con los operadores tradicionales del sector y, por la otra, brindar un mayor apoyo a las instituciones financieras centradas en la inclusión. También resulta esencial contar con infraestructura pública digital que pueda permitir compartir de forma segura y fluida los datos financieros de los consumidores con proveedores terceros para que estos últimos puedan aumentar las opciones financieras disponibles a los segmentos desatendidos. Tanto los formuladores de políticas públicas, como los reguladores y los proveedores de servicios financieros tienen un papel fundamental que desempeñar en estos esfuerzos para solidificar la digitalización financiera, ya que su colaboración es clave para lograr reformas destinadas a eliminar las barreras que aún persisten. El informe detalla las experiencias de la región. Su objetivo es, por una parte, ayudar a los países a elegir lo que es adecuado para ellos, dadas las circunstancias sociales y económicas únicas de cada país y, por la otra, contribuir a que liberen las posibilidades de mayor eficiencia económica, crecimiento, oportunidades e inclusión que la digitalización financiera puede aportar.
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