En América Latina y el Caribe viven alrededor de 85 millones de personas con discapacidad – equivalente a 14.7 % de la población de la región. Según datos del Banco Mundial, una de cada dos personas con discapacidad se encuentra fuera del mercado laboral y con acceso a empleos de menor calidad. Ellas hacen parte de una población heterogénea que sigue experimentando exclusión en variados aspectos de la vida social. La exclusión empieza desde edades tempranas, en comparación con los niños sin discapacidad, los niños con discapacidad tienen 42% menos de probabilidades de tener conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética, 47% más de probabilidades de no asistir a la escuela primaria y 32% más de probabilidades de sufrir castigos corporales graves[1].
Por otra parte, en América Latina y el Caribe casi la mitad de las personas con discapacidad en edad productiva se encuentra inactiva como consecuencia de las barreras existentes en el entorno, en especial aquellas relacionadas con accesibilidad en vías públicas, en el transporte y en los lugares de trabajo como la discriminación, los prejuicios negativo. Asimismo, también impacta el bajo nivel de desarrollo de ajustes razonables, modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada al empleador para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y el goce de sus derechos.
A pesar de que en la actualidad todos los países de la región Latinoamericana y El Caribe han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y cuentan con leyes y normas asociadas a la inclusión laboral de personas con discapacidad, el camino para llegar a un empleo formal es aún complejo, sobre todo si el desarrollo de procesos de inclusión educativa e infraestructura accesible es incipiente.
Los datos globales sugieren que la exclusión de las personas con discapacidad podría representar una pérdida de entre el 3% y el 7% del producto interno bruto (PIB). La inclusión basada en el respeto por la diversidad produce mayores oportunidades de desarrollo social y económico para un país, lo cual genera como efecto positivo sociedades más equitativas y tolerantes y además promueve escenarios colectivos de riqueza en ideas que pueden beneficiar a las empresas.
El sector energético y las oportunidades de generar inclusión social
La estrategia de inclusión y diversidad del grupo BID 2023-2028 incluye tres pilares; la diversidad, la equidad y la inclusión. La diversidad es primordial en nuestras operaciones, pues creemos firmemente que invertir en diversidad trae beneficios y soluciones innovadoras para las instituciones y un mejor ambiente laboral para los trabajadores. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad en diversos sectores de la economía, uno de los cuales es el energético. En la actualidad, llevamos a cabo el “Programa para la Sostenibilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico III de República Dominicana” (operación DR-L1146), el cual cuenta con iniciativas complementarias que permiten asegurar la sostenibilidad de las acciones del programa. En ese marco, junto al Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana (MEM), y con el apoyo de la Fundación Arcángeles hemos realizado el diagnóstico de inclusión de personas con discapacidad en esta institución, así como un plan de acción y de monitoreo para su inclusión laboral.
La iniciativa tiene como objetivo promover el desarrollo de procesos de inclusión de personas con discapacidad en el Ministerio bajo una perspectiva de derechos y enfoque diferencial, en concordancia con la Convención de Derechos de las personas con Discapacidad y la ley 5-13 marco normativo en discapacidad de República Dominicana.
El trabajo se ha realizado en coordinación con el comité de género y diversidad del MEM y se ha dividido en 3 dimensiones. En primer lugar, una dimensión normativa relacionada con el análisis legal y los procesos formales de acciones para la inclusión laboral. En segundo lugar, la dimensión institucional asociada a la coordinación entre las diferentes dependencias del ministerio para crear una cultura diversa y la tercera dimensión es práctica, referente a la eliminación de barreras físicas y tecnológicas.
El proceso adelantado con el comité de género e inclusión permitió avanzar en la consolidación de un plan de acción para la creación de un entorno laboral inclusivo. Además, se realizaron los análisis de accesibilidad y diseño universal en la planta física del ministerio, obteniendo como resultado las recomendaciones de ajustes razonables que, a corto, mediano y largo plazo, conllevarán a mejorar la accesibilidad de la edificación.
Esta entrada fue elaborada con el apoyo de Angélica Barrera. Angélica es gerente de programas y proyectos en Fundación Arcangeles en Colombia. Es fisioterapeuta especialista en gestión de proyectos y candidata a maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia con 17 años de experiencia en el sector social de las personas con discapacidad.
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