Durante 2013 la educación latinoamericana ha sido algo más que los resultados en las pruebas PISA. Aunque, es cierto: estos son tan contundentes y nos colocan en un lugar tan lejano del podio de los ganadores que ocultan algunos hechos que merecerían una mayor cobertura regional que la que han tenido. El abanico de novedades es amplio y comprende un rango que va desde nuevas regulaciones sobre el trabajo docente hasta la provisión masiva de recursos materiales.
En México, por ejemplo, se promulgaron tres normas ambiciosas: la Ley de Servicio Profesional Docente, la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En una línea similar respecto de los docentes, en Perú se reglamentó la Ley de Reforma Magisterial. Además, en Guatemala se logró garantizar que los estudiantes que aspiren a ser profesores del nivel primario, puedan cursar sus estudios gratuitamente en la universidad estatal (este país era uno de los pocos de América Latina que aún conservaba la formación inicial docente en el nivel medio).
El ámbito curricular tampoco fue ajeno a los cambios. En Costa Rica hay nuevos planes de estudio de Lengua, Matemáticas y Educación Preescolar. Y en Colombia, una ley creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia.
A su vez, en República Dominicana modificaron la estructura educativa. Ahora, los niveles primario y secundario durarán seis años cada uno divididos en sendos ciclos de tres años. Por su parte, en Chile se aprobó una ley que torna obligatorio al Kinder (sala de entre 5 y 6 años).
En este último país uno de los tres ejes de reformas estructurales propuestos por la presidenta electa ha sido el de la educación. Esto muestra, una vez más, que ya no basta con la decisión de un ministro de educación para emprender determinadas reformas: se requiere del involucramiento activo del más alto nivel del Poder Ejecutivo.
Brasil no ha sido ajeno a esta tendencia y su presidenta impulsó una ley que dispone el destino del 75% de las regalías petroleras a la educación (otros casos de compromiso y protagonismo presidencial en años recientes se vieron en México y, un poco antes, Ecuador).
En materia de recursos, también fueron noticia Uruguay y Argentina. En el primero, este año se entregó la netbook un millón en el marco del Plan Ceibal. En el segundo, en el ámbito de un programa de construcción de escuelas iniciado hace diez años, se inauguró la número 1.600. El objetivo —ya más que ambicioso en ese entonces— era el de alcanzar la edificación de 700.
Estos no son los únicos países y acciones de este año que termina. Seguramente tampoco son suficientes para revertir, ni mucho menos, el desalentador desempeño que tuvimos en PISA. Sin embargo, a pesar de no existir un patrón común, ni una reforma integral o sistémica, ni una presencia en todos los países de la región, se destacan por atender algunos de los cambios más requeridos. Además, el hecho de que un país y no otros haya emprendido una acción en 2013 no significa que algunos sistemas educativos que no fueron mencionados no se hubieran embarcado en desafíos similares en períodos recientes.
Por eso —y quizás por el optimismo que suele imbuirnos esta época del año—, frente al lógico desánimo que nos producen los bajos logros en el aprendizaje, optamos por anhelar y creer que si se profundizan, generalizan y consolidan estas (y otras) acciones de política, en unos años podremos incluir dentro de los hechos positivos a reseñar no solo recursos y procesos sino, también, los resultados derivados de los mismos.
Si bien es cierto hay esfuerzos, hay intentos de cambios, el problema es que no hay decisión, no hay voluntad y no salimos del diagnóstico, de la radiografía de una realidad que poco a poco nos está aplastando pero que no queremos corregir. La educación de nuestra región es una obligación por parte de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos y su calidad debe ser democrática y transversal para poder convertirnos en sociedades que realmente ofrecen oportunidades igualitarias a sus ciudadanos, nuestro sistema educativo es una oferta y demanda económica que no cubre las necesidades reales de nuestros niños, en Perú hay una diferencia educativa que es segmentada por la cantidad de dinero que se paga mensualmente por educación y muchos colegios privados tampoco cubren a cabalidad con la impartición de una educación de cálidad, entonces de que estamos hablando, la educación se ha convertido en un negocio y no en un servicio y esto es a todo nivel, desde el inicial hasta el superior. Los docentes tienen menos tiempo, capacidad y voluntad de continuar capacitandose o aprender por diversas razones, una de ellas la económica y la otra la falta de autoestima profesional. La prueba Pisa y sus resultados no son más que una foto más de nuestro sistema es nuestra tarea decidir si esa foto se mantendrá por siempre o va cambiar en los próximos años.
Silvana Salazar
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