La atención de la primera infancia establece los cimientos para el aprendizaje futuro y el desempeño educativo y laboral a lo largo de toda la vida. En América Latina y el Caribe, más de la mitad de las niñas y niños menores de 5 años viven en hogares en situación de vulnerabilidad. Esto refleja lo importante que resulta contar con políticas integrales que aborden tanto el cuidado como la educación en esta etapa crucial atendiendo a las brechas en el desarrollo infantil.
En Argentina, esta realidad se encuentra atravesada por un fenómeno demográfico destacado: una significativa disminución en la tasa de natalidad, donde los nacimientos cayeron un 36% entre 2014 y 2022, con implicancias directas en la matrícula escolar.
Estas y otras implicancias se debatieron durante el Seminario nacional “10 años de la obligatoriedad de la sala de 4 años en Argentina”, organizado por UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A continuación, presentamos una reseña de los temas que se abordaron.
La baja en la tasa de natalidad: un nuevo contexto, con nuevos desafíos
El descenso sostenido en los nacimientos reduce la demanda educativa y a su vez abre una ventana para mejorar la calidad de los servicios existentes. En Argentina, esta disminución se refleja en una reducción de 137.500 estudiantes en salas de jardín de infantes entre 2019 y 2022.
Menos nacimientos significan una población infantil más reducida, pero también la posibilidad de enfocar esfuerzos en garantizar servicios de alta calidad para quienes más lo necesitan, a través de la relocalización y refuncionalización de la oferta existente. Esta tendencia, brinda la posibilidad de una mayor articulación entre los Espacios de Primera Infancia (EPI) y el sistema educativo formal.
El rol de la articulación intersectorial: una estrategia esencial
La experiencia tanto en Argentina como en otros países de la región muestra que la articulación entre educación y protección social es clave para enfrentar los desafíos de la primera infancia. En el encuentro se destacaron varias lecciones aprendidas en estos 10 años de obligatoriedad de la sala de 4 años. Por ejemplo, integrar los servicios educativos con los programas de protección social, no solo permite ampliar la cobertura, sino que también potencia los impactos positivos en nutrición, estimulación temprana, alfabetización inicial, mejora las pautas de crianza y el trabajo con las familias.
Además, este tipo de articulación intersectorial es crucial para cerrar brechas de desigualdad que persisten particularmente entre niños de nivel socioeconómico bajo, de zonas rurales y pertenecientes a poblaciones indígenas.
Claves para avanzar: aprendizajes y recomendaciones
- Construir un modelo de atención integral de la primera infancia que facilite el abordaje conjunto y la coordinación de roles y competencias sectoriales, para garantizar el desarrollo y las trayectorias socioeducativas, así como también la articulación para atención de la salud y protección de derechos de los niños en cada ámbito local.
- Impulsar la calidad de los servicios educativos y de cuidado, a partir del desarrollo de estándares de calidad compartidos, que permitan medir aspectos vinculados al cuidado, nutrición, desarrollo infantil, calidad de las interacciones y del espacio educativo.
- Cerrar brechas de calidad de los servicios de cuidado y educación, a partir del desarrollo de diseños curriculares y estrategias de capacitación y actualización de conocimientos.
- Planificar estrategias de atención considerando las tendencias demográficas para adaptar las políticas públicas a la baja en la natalidad, priorizando la atención de calidad en los contextos más vulnerables y asegurando un uso estratégico de los recursos disponibles.
- Fortalecer las capacidades provinciales mediante instrumentos de gestión que faciliten la coordinación intersectorial e interjurisdiccional, la sistematización de información para el monitoreo, la evaluación para la toma de decisiones y adaptación de las políticas a la realidad territorial.
- Fomentar una articulación intersectorial e interjurisdiccional y garantizar que las políticas nacionales promuevan un trabajo coordinado entre las áreas de protección social y educación, con un enfoque integral e inclusivo que contemple las particularidades de cada localidad
Un llamado a la acción conjunta
Garantizar el derecho a la educación y el cuidado en la primera infancia requiere un esfuerzo colectivo y coordinado. Los datos demográficos y las experiencias provinciales nos llaman a actuar de manera estratégica, adaptando nuestras políticas a una realidad cambiante con enormes oportunidades.
Tender puentes que propicien la articulación entre educación, salud y protección social no es una opción. América Latina y el Caribe tiene la posibilidad de construir un modelo que atienda las necesidades del presente y a su vez garantice un futuro más inclusivo y equitativo para las niñas y niños de la región. La primera infancia no puede esperar.