Cuando en noviembre de 2016 la tormenta tropical Otto pasó por el istmo de Panamá, trajo consigo inundaciones en diversos puntos de la Ciudad de Panamá y de las provincias.  Como consecuencia de esta situación, hubo suspensión de clases, y el daño a la infraestructura de 141 viviendas derivó en 1.477 personas damnificadas y algunas víctimas fatales.

La expresión popular “Dios es panameño”, refleja muy bien la percepción ciudadana de que el país está exento de amenazas por desastres naturales. No obstante, las características geotectónicas, la posición geográfica, el crecimiento no planificado y la inadecuada gestión de la ocupación y uso del suelo hacen que el país sea vulnerable a los riesgos por desastres y a los efectos negativos del cambio climático. Por ejemplo, el estudio “Natural Disaster Hotspot” del Banco Mundial ubicó a Panamá entre los 35 países con mayor porcentaje de su población con un riesgo “relativamente alto” de mortalidad a múltiples amenazas con un 15,0% de su territorio expuesto y un 12,5% de su población vulnerable a dos o más amenazas. El documento de la CEPAL Panamá. Efectos del Cambio Climático sobre la Agricultura, estima según diferentes escenarios de cambio climático que los impactos económicos sobre la producción agropecuaria pueden llegar a producir pérdidas en el año 2050 cifradas entre el 4,0% al 7,0% del PIB. La realidad es que Panamá está expuesto a un rango amplio de amenazas naturales y antrópicas, cuya ocurrencia produce impactos importantes y costos estimados que oscilan entre US$125,0 y US$150,0 millones/año, que pueden empeorar a causa del cambio climático.

Pese a la percepción ciudadana de aparente seguridad, en los últimos años las autoridades panameñas han tomado conciencia de la vulnerabilidad que afronta el país. Por ejemplo, en el año 2010 se adoptó la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PNGIRD) que contempla la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.  Al final del 2014, el gobierno nacional presentó su Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 (PEG 2015-2019) que entre otros aspectos reconoce como una necesidad:

  1. formular una política pública territorial con enfoque estratégico, alto grado de concertación social e institucional y que integre lo urbano, lo rural, lo ambiental y la planificación de la dotación de infraestructuras básicas; y
  2. como complemento a lo anterior, el disponer de una política pública capaz de armonizar los temas medioambientales con la gestión de desastres y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Finalmente, el pasado 21 de septiembre de 2016, el gobierno nacional ratificó el Acuerdo de Paris mediante el que se comprometió con implementar iniciativas transformacionales que desvinculen el crecimiento económico del incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y en aumentar la capacidad adaptativa de las poblaciones más vulnerables.

Aunque se han dado algunos pasos en la dirección correcta, el Informe Nacional Panamá Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP) del Banco Interamericano de Desarrollo le recomienda al Gobierno de Panamá una serie de medidas entre las que se encuentra como un tema pendiente la articulación de las políticas de adaptación al cambio climático y de gestión de riesgos y su integración en el marco de la planificación al desarrollo.

A partir de agosto del 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo brinda asistencia técnica al Gobierno de Panamá en el proceso de diálogo nacional para la formulación de una Política de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo. Se propone que esta política sea una herramienta de carácter técnico-regulatorio-administrativo y concertada con los principales actores públicos y privados, que: (i) defina y priorice objetivos y metas a largo plazo; y (ii) sea integral e incorpore los aspectos urbano, rural y ambiental de forma articulada, así como los criterios de Gestión de Riesgos y de Adaptación al Cambio Climático dentro de la planificación territorial.

Disponer de una política nacional de ordenamiento territorial para el desarrollo debe ser una prioridad para Panamá, inmerso en una región como la de América Central altamente vulnerable a los impactos negativos por los desastres y el cambio climático… “aun siendo Dios panameño”.


Imagen Portada: Propiedad del diario La Estrella de Panamá, edición del sábado 29/11/2014, “Los desastres que cuestan millones.”.