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Colombia, tras una reactivación verde

March 15, 2022 por Carlos Salazar - Margarita Jiménez Vargas Deja un comentario


La crisis por la COVID-19 ha generado importantes desafíos económicos y sociales para los países de América Latina y el Caribe, creando al mismo tiempo oportunidades y riesgos para la implementación de la agenda ambiental por parte de los gobiernos nacionales (PNUMA 2020). La COP26 concluyó que los países deberán aumentar sus esfuerzos para contar con planes de acción concretos y mayor financiamiento a fin de cumplir con la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Bajo estos escenarios, la Banca Multilateral y las Agencias de Cooperación Internacional tienen un llamado a apoyar los esfuerzos de los países para diseñar e implementar políticas de reactivación económica que conlleven a un crecimiento con sostenibilidad ambiental y que contribuyan a las apuestas en cambio climático.

Las crisis tienen la facultad de enfrentarnos a situaciones atípicas, confrontar paradigmas y estimular la innovación. La relación entre la pérdida de la biodiversidad con los orígenes de la COVID-19 (FRB, 2020), reposicionó en la agenda pública la preocupación por el desequilibrio entre la actividad humana y la destrucción del capital natural, revitalizando el enfoque de Crecimiento Verde e impulsando políticas innovadoras como el uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza y la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI), entre otras. Con este tipo de medidas se busca estimular el empleo y al mismo tiempo aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático; muchas han sido adoptadas por gobiernos nacionales de diferentes países en sus paquetes económicos de reactivación verde.

Colombia es ejemplo de la apuesta por una reactivación verde y del apoyo de la Banca Multilateral para su materialización. Por medio de su Política de Reactivación Económica Sostenible e Incluyente (PRRCSI 2021), el país definió la prioridad por tener un crecimiento más sostenible impulsando sectores estratégicos como la agricultura y la ganadería sostenible y la energía y el transporte limpio.

Sin embargo, la implementación de varias de las políticas y programas de la PRRCSI y con ello los compromisos con la Agenda 2030 y la agenda de cambio climático tienden a verse amenazadas por las necesidades de enfrentar la crisis del COVID-19 (Leon&Cárdenas, 2020). Desde una perspectiva económica, los confinamientos preventivos y la inversión en ayudas gubernamentales para rescatar a las poblaciones y sectores más golpeados por la pandemia impactaron las finanzas públicas del país generando un déficit fiscal de 7,9% del PIB y un aumento de la deuda a 64,8% del PIB en 2020[1]. En materia social el país registró las cifras más altas de desempleo del siglo XXI y un cambio en la tendencia de reducción de la pobreza que llevaba desde 2012 (DANE, 2021).

Ante esta situación, en un esfuerzo innovador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con 5 cooperantes[2], respaldaron la  reactivación verde del país con un Préstamo Programático Basado en Políticas enfocado en el Crecimiento Sostenible y Resiliente. El préstamo, por US$1.200 millones de dólares, apoya la adopción de políticas y el establecimiento de condiciones habilitantes para el uso de oportunidades económicas basadas en el capital natural en los sectores forestal, agropecuario, negocios verdes y de economía circular, en un claro esfuerzo por promover el emprendimiento y los sectores económicos verdes. Asimismo, impulsa el fortalecimiento de las capacidades para la planificación, gestión y financiamiento de la acción climática y la expedición de políticas en transporte sostenible y energías renovables.

A un año y medio del inicio de la preparación del programa de crédito, los resultados son notables. Durante este periodo el país actualizó su meta de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) aumentando su nivel de ambición de una meta de 20% a 51% de reducción de Emisiones de Gases Efecto a 2030. Adoptó un plan de implementación de su NDCO con 30 medidas de adaptación y 145 de mitigación que incluyen compromisos nacionales, territoriales y de sector privado. También adoptó su Estrategia Nacional de Descarbonización a Largo Plazo (E2050) y lanzó su primer Bono Verde Soberano en moneda local por valor aproximado de USD$200 millones de dólares con el que se financiaran 27 proyectos de sostenibilidad. A la vez, expidió la Política de control a la deforestación y gestión sostenible de los bosques y las leyes de su Turismo Sostenible y Transformación Energética. En el largo plazo, el aporte de este programa le permitirá al país avanzar en el cumplimiento de varios de los objetivos del país a 2030:

Fuente: Programa de Crecimiento Sostenible y Resiliente – BID

Esfuerzos como estos son indispensables para ayudar a los Gobiernos de la región a mantener sus políticas de crecimiento sostenible en el actual contexto de recuperación económica. El BID prevé dar continuidad al apoyo a esta agenda por medio de un segundo préstamo programático para 2022.


[1] MHCP Plan Financiero 2021

[2] AFD, KfW, BID, KEXIM Bank, Gobierno de Suecia a través de su agencia de cooperación ASDI y del Reino Unido a través de su programa UK-SIP.


Créditos fotográficos: Shutterstock


Archivado Bajo:Agricultura y Seguridad Alimentaria Etiquetado con:biodiversidad, Cambio Climático, reactivación económica, Recuperación sostenible

Carlos Salazar

Carlos Salazar Echavarría es arquitecto de la Universidad Javeriana con especialización en Planificación Regional y Magíster en Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes, y maestría en Asuntos Internacionales con énfasis en Políticas Urbanas y Sociales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Sus intereses de investigación están relacionados con el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles a las problemáticas inherentes al desarrollo territorial. Ha sido consultor de programas del PNUD, el Banco Mundial, The Earth Institute y USAID, en países como México, Kenia, Ghana, Bélgica y Estados Unidos, y de organizaciones como el Departamento Nacional de Planeación, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – RIMISP, el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania y empresas privadas del sector de la construcción. Adicionalmente, fue el Gerente de Sostenibilidad de Findeter, liderando la implementación de los programas de Ciudades Sostenibles y Competitivas, director operativo de la Estrategia de Superación de Pobreza Extrema del Gobierno Nacional (ANSPE - Red Unidos), Director de Planeación Urbana de AECOM Technical Services, Asesor de la Presidencia de la República, Banco de la República y Pax Christi International, entre otros. En la actualidad es Especialista Líder en la División de Desarrollo Urbano y Vivienda para la Representación de Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo.

Margarita Jiménez Vargas

Margarita Jiménez, es politóloga de la Universidad Javeriana con maestría en Administración Pública con énfasis en Política Social de London School of Economics en Londres, Reino Unido. Sus intereses están relacionados con la gestión el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en áreas de política social, desarrollo sostenible, paz y postconflicto. Se ha desempeñado como analista de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Departamento Nacional de Planeación, asesora de la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible para Colombia y de la Presidencia de la República para la vinculación del sector privado a la implementación del acuerdo de Paz. También se ha desempeñado como consultora y coordinadora de proyectos en el sector privado y la academia para el International Growth Centre y Itad Consultancy en el Reino Unido y para la Universidad Javeriana, Co-Creamos Consultoría en Desarrollo, y Cifras y Conceptos en Colombia. Actualmente se desempeña como coordinadora del Programa “Crecimiento Sostenible y Resiliente” y consultora de la División de Recursos Naturales del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia.

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