La crisis por la COVID-19 ha generado importantes desafíos económicos y sociales para los países de América Latina y el Caribe, creando al mismo tiempo oportunidades y riesgos para la implementación de la agenda ambiental por parte de los gobiernos nacionales (PNUMA 2020). La COP26 concluyó que los países deberán aumentar sus esfuerzos para contar con planes de acción concretos y mayor financiamiento a fin de cumplir con la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Bajo estos escenarios, la Banca Multilateral y las Agencias de Cooperación Internacional tienen un llamado a apoyar los esfuerzos de los países para diseñar e implementar políticas de reactivación económica que conlleven a un crecimiento con sostenibilidad ambiental y que contribuyan a las apuestas en cambio climático.
Las crisis tienen la facultad de enfrentarnos a situaciones atípicas, confrontar paradigmas y estimular la innovación. La relación entre la pérdida de la biodiversidad con los orígenes de la COVID-19 (FRB, 2020), reposicionó en la agenda pública la preocupación por el desequilibrio entre la actividad humana y la destrucción del capital natural, revitalizando el enfoque de Crecimiento Verde e impulsando políticas innovadoras como el uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza y la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI), entre otras. Con este tipo de medidas se busca estimular el empleo y al mismo tiempo aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático; muchas han sido adoptadas por gobiernos nacionales de diferentes países en sus paquetes económicos de reactivación verde.
Colombia es ejemplo de la apuesta por una reactivación verde y del apoyo de la Banca Multilateral para su materialización. Por medio de su Política de Reactivación Económica Sostenible e Incluyente (PRRCSI 2021), el país definió la prioridad por tener un crecimiento más sostenible impulsando sectores estratégicos como la agricultura y la ganadería sostenible y la energía y el transporte limpio.
Sin embargo, la implementación de varias de las políticas y programas de la PRRCSI y con ello los compromisos con la Agenda 2030 y la agenda de cambio climático tienden a verse amenazadas por las necesidades de enfrentar la crisis del COVID-19 (Leon&Cárdenas, 2020). Desde una perspectiva económica, los confinamientos preventivos y la inversión en ayudas gubernamentales para rescatar a las poblaciones y sectores más golpeados por la pandemia impactaron las finanzas públicas del país generando un déficit fiscal de 7,9% del PIB y un aumento de la deuda a 64,8% del PIB en 2020[1]. En materia social el país registró las cifras más altas de desempleo del siglo XXI y un cambio en la tendencia de reducción de la pobreza que llevaba desde 2012 (DANE, 2021).
Ante esta situación, en un esfuerzo innovador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con 5 cooperantes[2], respaldaron la reactivación verde del país con un Préstamo Programático Basado en Políticas enfocado en el Crecimiento Sostenible y Resiliente. El préstamo, por US$1.200 millones de dólares, apoya la adopción de políticas y el establecimiento de condiciones habilitantes para el uso de oportunidades económicas basadas en el capital natural en los sectores forestal, agropecuario, negocios verdes y de economía circular, en un claro esfuerzo por promover el emprendimiento y los sectores económicos verdes. Asimismo, impulsa el fortalecimiento de las capacidades para la planificación, gestión y financiamiento de la acción climática y la expedición de políticas en transporte sostenible y energías renovables.
A un año y medio del inicio de la preparación del programa de crédito, los resultados son notables. Durante este periodo el país actualizó su meta de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) aumentando su nivel de ambición de una meta de 20% a 51% de reducción de Emisiones de Gases Efecto a 2030. Adoptó un plan de implementación de su NDCO con 30 medidas de adaptación y 145 de mitigación que incluyen compromisos nacionales, territoriales y de sector privado. También adoptó su Estrategia Nacional de Descarbonización a Largo Plazo (E2050) y lanzó su primer Bono Verde Soberano en moneda local por valor aproximado de USD$200 millones de dólares con el que se financiaran 27 proyectos de sostenibilidad. A la vez, expidió la Política de control a la deforestación y gestión sostenible de los bosques y las leyes de su Turismo Sostenible y Transformación Energética. En el largo plazo, el aporte de este programa le permitirá al país avanzar en el cumplimiento de varios de los objetivos del país a 2030:
Esfuerzos como estos son indispensables para ayudar a los Gobiernos de la región a mantener sus políticas de crecimiento sostenible en el actual contexto de recuperación económica. El BID prevé dar continuidad al apoyo a esta agenda por medio de un segundo préstamo programático para 2022.
[1] MHCP Plan Financiero 2021
[2] AFD, KfW, BID, KEXIM Bank, Gobierno de Suecia a través de su agencia de cooperación ASDI y del Reino Unido a través de su programa UK-SIP.
Créditos fotográficos: Shutterstock
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