Algunos países de Latinoamérica han estado implementando la creación de nuevas áreas protegidas como una estrategia para salvaguardar los ecosistemas y su biodiversidad. Costa Rica y Panamá, por ejemplo, tienen más del 30% de su territorio bajo la administración de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, lo cual demuestra, al menos en papel, la importancia que tiene la biodiversidad para las estrategias de desarrollo nacionales.
La declaratoria de protección de un ecosistema es sólo el principio del camino hacia la sostenibilidad, lo más difícil es lograr que nuestras débiles economías y distraídos ministros de hacienda destinen los recursos financieros necesarios, para su administración eficiente. Y esto no ha estado ocurriendo en nuestra región, ni tampoco a nivel global.
Un informe de EUROPARC – España dice que a pesar del compromiso de la Unión Europea de detener la pérdida de biodiversidad para 2010, los Estados miembros no han adoptado las medidas necesarias, ni han sido capaces de convencer a la sociedad y a la clase política, de la necesidad de incrementar el apoyo público a la conservación de la biodiversidad. En este escenario, la auto sostenibilidad financiera se transforma en un pilar primordial para las estrategias de los administradores de las áreas protegidas.
Turismo verde Panamá from el BID – the IDB on Vimeo.
En muchos países de Latinoamérica, la mayoría de los atractivos turísticos se encuentran ubicados en las áreas protegidas, y el turismo de naturaleza es una actividad económica que utiliza los recursos naturales, pero, a diferencia de los demás procesos productivos, los “consume” en su propio lugar de origen, sin que exista en principio agotamiento sino la permanencia de los recursos como bienes de mercado.
La viabilidad del ecoturismo no sólo depende directamente del ambiente y los ecosistemas, si no de la conservación de estos para crear “valor” al “atractivo turístico”.
Para que el turismo de naturaleza sea sostenible en el tiempo y contribuya a la conservación de las áreas protegidas tiene que repartir sus beneficios a las comunidades locales, que tradicionalmente han vivido de la extracción de los recursos naturales. Un pescador artesanal o un campesino rural pueden ganar más dinero cuidando las zonas de anidamiento de las tortugas marinas, que vendiendo sus huevos. De allí, la importancia de incorporar a las comunidades locales a la cadena de valor, que genera la actividad del ecoturismo.
Un informe reportó que una asociación de pescadores artesanales del Golfo de Montijo, en Panamá, que antes del 2011 se dedicaba a la pesca artesanal, se transformó en operadores de botes para el avistamiento de ballenas en el Parque Nacional Coiba, y sus utilidades mensuales subieron de US$494 en el 2011 a US$875 en el 2014.
Micro empresarios locales, grupos de mujeres, comunidades indígenas, negras y campesinas son las que prestan los servicios de transporte interno de turistas, brindan alojamiento y alimentación, generan artesanías, y son los que conocen mejor las áreas protegidas.
Generalmente, las leyes de incentivos fiscales que promueven la inversión en el sector del turismo, sin embargo, no logran beneficiar a estos pequeños y micro empresarios. De acuerdo con el informe Análisis Diagnóstico General del Turismo en Panamá, la Ley de Incentivos Fiscales que desarrolló el país a partir del año 1994 no fomentó el desarrollo de la actividad turística en la mayoría del país y concluye que la falta de facilitación de financiación para incentivar la creación de micro y pequeños proyectos de alojamiento y restaurantes ha sido un obstáculo para su desarrollo.
La valorización de uno o varios atractivos de ecoturismo en un destino requiere del apoyo financiero que contribuya a poner en valor el bien público y apoye, además, el desarrollo de los servicios turísticos que transforman el atractivo en un Producto Turístico de jerarquía. Proyectos innovadores, como la Iniciativa para el Desarrollo del Ecoturismo en las Áreas Protegidas de Panamá ejecutada con fondos BID y GEF, que las incorporan al desarrollo sostenible, son ejemplos que contribuyen al autofinanciamiento de la conservación.
Por otro lado, es indispensable el establecimiento de fondos financieros, dirigidos a recompensar iniciativas de ecoturismo que pongan en valor los atractivos basados en la naturaleza para lograr el desarrollo sostenible de esta actividad. Ejemplos como los fondos concursables de apoyo a Iniciativas Asociativas de Desarrollo Territorial, que ofrece el Servicio Nacional de Turismo en Chile, y que promueven beneficios colectivos apropiables tanto para los beneficiarios directos del proyecto como para su entorno, son un ejemplo de instrumentos que pueden replicarse en la región. Historias de éxito, como el modelo de turismo sustentable de los Islotes de Puñihuil, en el sur de Chile, donde un grupo de cuatro microempresarios turísticos se asociaron con la Municipalidad y las autoridades del Parque Nacional de Chiloé y presentaron una postulación colectiva para el desarrollo de una plataforma de promoción del destino y, además, la adquisición de infraestructura para el avistamiento de fauna marina los ha ayudado a posicionarse como uno de los destinos más sustentables del sur de Chile.
Los fondos financieros concursables dirigidos específicamente a mujeres, que apoyan a emprendedoras turísticas o a iniciativas de Desarrollo de Mercados destinados a micro y pequeños empresarios, son también ejemplos de instrumentos que pueden apoyar la generación de proyectos ecoturísticos en las áreas protegidas.
El turismo de naturaleza, desarrollado en conjunto con las comunidades locales, puede traer beneficios económicos directos a sus pobladores, contribuir a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y a un mejor reparto de los beneficios recreativos que generan estos ecosistemas.
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