¿Cómo establecer políticas de cuidado para las personas en situación de dependencia?

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Por Rita Sorio y Patricia Jara.

En su gran mayoría, los países de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran atravesando por un rápido proceso de envejecimiento poblacional. Una buena proporción lo hace en condiciones poco saludables y con bajos niveles de ingreso. Asimismo, cambios en la conformación familiar y la creciente participación laboral de las mujeres han conducido a una menor disponibilidad por parte de las familias para la provisión informal de cuidados. En estas circunstancias, es clara la necesidad de planificar e implementar políticas públicas para organizar recursos y promover el acceso a servicios de cuidado de calidad. Te invitamos a seguir leyendo y a inscribirte a un simposio sobre sistemas de cuidados con expertos internacionales.

De acuerdo a las tendencias demográficas y epidemiológicas, en las próximas décadas aumentará de manera sustancial el número de personas mayores que no podrán realizar actividades de la vida cotidiana por sí mismas. De hecho, conforme envejecen las poblaciones, aumenta la carga de enfermedades no transmisibles y los niveles de discapacidad asociados.

En 2013, el 69% de la carga de enfermedad medida en Años de Vida Ajustados por Discapacidad (años de vida sana perdidos por causa de una discapacidad) fueron atribuidos a condiciones crónicas en ALC. Estudios recientes, muestran que la población de la región alcanzará edades más avanzadas con más problemas de salud como obesidad, niveles elevados de colesterol e hipertensión los cuales aumentan el riesgo de una vejez precaria y la demanda de servicios de cuidado. Se estima que para 2030, la población de personas mayores, se habrá duplicado, y llegará a ser de 120 millones.

A más demanda, menos posibilidades de proveer cuidados.

Los cambios en las pautas de convivencia y nuevas tendencias socioculturales han reducido la disponibilidad de redes familiares para satisfacer las necesidades de cuidado. Por un lado, las estructuras familiares han cambiado y entre 1990 y 2010, la proporción de hogares biparentales ha pasado del 50,5% al 40,3% y ha aumentado la participación de los hogares no familiares (unipersonal o sin vínculo familiar) del 11,3% al 16%.

Del mismo modo, ha aumentado la tasa de actividad y ocupación de las mujeres que, históricamente, han sido las principales cuidadoras. Actualmente se estima que más de 100 millones de mujeres en la región son parte de la fuerza laboral, y que más de un quinto de ellas se incorporó en los últimos diez años. Estos fenómenos hacen más complejo el escenario y crean presión sobre la necesidad de poner en marcha políticas que integren alternativas de cuidado adecuadas y acordes a las distintas necesidades de la población.

No solo vivir más, sino pensar en la calidad de vida con la que se transita la vejez.

Tomando en cuenta la experiencia de países europeos que ya pasaron por la transición demográfica, existen algunas lecciones que se pueden tener en cuenta a la hora de implementar políticas públicas que respondan adecuadamente a las condiciones de dependencia:

• Las modalidades de servicios y prestaciones deben prever diversidad de oferta en atención a distintas necesidades y elecciones de los individuos y las familias.

• Se debe enfatizar la promoción de la autonomía de quien recibe los cuidados y el aumento progresivo de su participación en el autocuidado. Esto reduce la dependencia severa a largo plazo, y a corto plazo, mejora la satisfacción.

• La articulación entre servicios sociales y sanitarios, en términos organizacionales, puede resultar más adecuada y eficiente, y cuando la atención es oportuna y temprana, puede contribuir a cohibir costos en el futuro.

Asimismo, existe una clara demanda para fortalecer la red de cuidados para niños menores de 3 años, favoreciendo la integración de la mujer en la actividad económica, proporcionando mayores opciones de servicios de cuidado y promoviendo la corresponsabilidad de la atención en el hogar, al promover prácticas como las licencias parentales que dividan el trabajo entre los hombres y las mujeres.

Los casos de Uruguay, Chile y Costa Rica

En algunos países ya se ha comenzado a incluir en las agendas de protección social, el desarrollo de sistemas nacionales o de redes de cuidado. Es el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica que, además de ampliar la cobertura de servicios, avanzan hacia la organización de sistemas nacionales de cuidado. En otros casos, existen iniciativas que buscan defender el derecho a cuidar, desarrollando políticas de conciliación entre la vida familiar y el trabajo. Consolidar una agenda de cuidados dentro de una política pública, representa un gran reto.

¿Qué condiciones institucionales, económicas, fiscales y de política pública se necesitan para atender una agenda de cuidados que impacte en la calidad de vida de las personas? ¿Cuál puede ser la ruta para la construcción progresiva de un sistema de cuidados, por dónde comenzar y qué prioridades atender primero?

Sabemos que las preguntas al respecto son muchas ya que la agenda de cuidados es un tema relativamente nuevo en la región y las opciones de políticas son múltiples. Para seguir profundizando en estos temas, los invitamos al simposio “Sistema de cuidados de Uruguay: innovación y desafíos para las políticas de protección social”, que se realizará en Washington, DC el Jueves 27 de octubre de 2016 de 11:00-1:30pm EST, y será transmitido en vivo por internet.

Esperamos contar con tu asistencia, si estas en Washington, DC o en vivo a través de internet. ¡Regístrate!

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Rita Sorio es especialista líder en protección social y salud en el Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay.

Patricia Jara es especialista líder en protección social en el Banco Interamericano de Desarrollo en Chile.