¿Cómo puede la política comercial ayudar a evitar una crisis de seguridad alimentaria?

La pandemia de COVID-19 está despertando inquietudes sobre una nueva crisis de seguridad alimentaria, similar a la que arrasó el mundo hace más de una década. Una preocupación es que el proteccionismo magnifique los efectos económicos negativos de las medidas de confinamiento implementadas para contener el coronavirus. Aunque estas preocupaciones parecen exageradas, el sector agrícola en América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta graves riesgos de disrupción, tal como se discute en una publicación reciente. Por lo tanto, los formuladores de políticas deben permanecer atentos a que las políticas comerciales sean parte de la solución y no del problema.

Esta crisis es distinta

Esta emergencia contrasta de muchas maneras con la crisis de los precios de los alimentos de 2007-2008. Por una parte, las existencias mundiales de cereales son sustancialmente mayores y se esperan buenas cosechas de alimentos básicos, especialmente en Estados Unidos. Por otra, el precio del petróleo registra mínimos históricos, a diferencia de la tendencia alcista que en la crisis pasada presionó los costos de los fertilizantes y de los alimentos al alza, indujo la sustitución de los cultivos intensivos en energía y fomentó la especulación en los mercados de productos básicos.

En el frente de la política comercial, en la crisis anterior más de 30 países adoptaron diferentes medidas para limitar las exportaciones, que afectaron al 28% del comercio mundial. Hoy, apenas una docena ha implementado medidas proteccionistas y su impacto estimado en el comercio es del 6%. Incluso, algunas restricciones cuantitativas se han suavizado, como la prohibición a las exportaciones de arroz por parte de Vietnam.

Sin embargo, del lado de la oferta, la propia naturaleza de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19 mitiga ciertos riesgos a los que está expuesto el sector agrícola y al mismo tiempo amplifica otros. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social probablemente tengan menor impacto en la producción de cultivos extensivos mecanizados, como el trigo o la soja, que son intensivos en capital y se desarrollan en áreas rurales. Además, el manejo de estos productos básicos a granel requiere una intervención humana mínima y, a pesar de algunas interrupciones, la mayoría de los puertos siguen funcionando. Asimismo, a diferencia del SARS, el MERS o la gripe aviar, el COVID-19 no se ha extendido a los animales de cría.

Debido al riesgo de contacto de persona a persona, los segmentos intermedios y finales de las cadenas de valor de los alimentos son los que podrían verse más afectados por las medidas de distanciamiento social. Los productos alimenticios más expuestos son los de mayor valor agregado, intensivos en mano de obra y perecederos.

Por ejemplo, el contagio producido en las plantas empacadoras de carne de Estados Unidos es un presagio de las disrupciones potenciales a los flujos de comercio intrarregional de ALC de productos como carnes, aves y lácteos. Del mismo modo, bienes perecederos como ciertas frutas, hortalizas, flores y mariscos, se han visto afectados por la disminución del tráfico aéreo de pasajeros, dado que los aviones comerciales se utilizan con frecuencia para transportar dichos productos.

No obstante, la amenaza más significativa para la seguridad alimentaria en la región probablemente provenga de un shock del lado de la demanda. Se prevé que la recesión, que ya comenzó en China, Estados Unidos y Europa —los principales socios comerciales externos de ALC—  se profundice a niveles no vistos en décadas. En los países donde las exportaciones netas de alimentos representan una parte significativa del PIB, una caída de la demanda y de los precios de los productos básicos se traduciría en pérdidas de ingresos, sustituciones en el consumo por alimentos de menor calidad y, en última instancia, más pobreza e inseguridad alimentaria.

Seguridad alimentaria: tres ejemplos de exposición al riesgo

Haití es el ejemplo más claro de un país expuesto a riesgos por el lado de la oferta. Las importaciones netas de alimentos representan el 11,2% el PIB, y cerca de una cuarta parte de estas corresponden al arroz, un producto de primera necesidad para la población más pobre. Un aumento de los precios mundiales o la escasez en los mercados internacionales podrían poner al país en riesgo de una crisis de seguridad alimentaria. Otras islas del Caribe se encuentran en una situación similar, aunque menos crítica.

Aunque en El Salvador la dependencia del comercio de alimentos es menor (3,3% del PIB), una gran parte de las importaciones de alimentos provienen de ALC, especialmente productos perecederos e intensivos en mano de obra, como lácteos y carnes. Las disrupciones inducidas por el COVID-19 y que afectan a la producción regional, la logística y las cadenas de frío representan una grave amenaza para la seguridad alimentaria. Otros países centroamericanos enfrentan el mismo desafío.

Por otra parte, Paraguay es un ejemplo de una economía vulnerable por el lado del ingreso, ya que las exportaciones netas de alimentos representan el 12,1% del PIB. Para los exportadores netos altamente dependientes de los productos agrícolas, como Nicaragua, Costa Rica o Uruguay, los principales riesgos radican en una reducción generalizada de la demanda mundial. Asimismo, los exportadores de productos perecederos, como los países andinos especializados en productos frescos de alto valor agregado —frutas, vegetales, flores o mariscos—, están particularmente expuestos a las disrupciones de los sistemas de logística internacional.

Las políticas comerciales pueden hacer mucho más que no hacer daño

Afortunadamente, los gobiernos de ALC han condenado las restricciones al comercio en varios foros mundiales y regionales y deberían garantizar que la práctica corresponda a estos compromisos. Pero las políticas comerciales pueden hacer mucho más que simplemente evitar un daño. Mantener en funcionamiento los engranajes de las cadenas de valor de los alimentos por medio de iniciativas de facilitación del comercio es una oportunidad para mitigar los efectos de la crisis a corto plazo y sentar las bases de una recuperación resiliente en la poscrisis.

En los países que son importadores netos de alimentos, la pronta implementación de las siguientes medidas prioritarias de política comercial contribuiría en gran medida a facilitar el comercio y prevenir la disrupción de las cadenas logísticas de los alimentos:

• Promover la cooperación entre las aduanas y las autoridades de control fronterizo para implementar un procedimiento de emergencia simplificado y expedito para el despacho de las mercancías críticas, prestando especial atención a los alimentos.
• Considerar una suspensión del pago de aranceles, al menos temporalmente, para aquellos bienes críticos para la seguridad alimentaria como los alimentos básicos, los forrajes y los fertilizantes.
• Implementar un proceso expedito de otorgamiento de licencias y tramitación de certificados relacionados con las normas sanitarias y fitosanitarias, a fin de evitar que reglamentaciones legítimas en materia de salud y seguridad obstaculicen el comercio de manera innecesaria.
• Utilizar mecanismos de control no invasivos para acelerar el despacho de las mercancías, con canales de circulación específicos para los productos perecederos y que requieran cadena de frío.
• Colaborar con importadores confiables y certificados, como los Operadores Económicos Autorizados, y con las empresas que comercializan habitualmente alimentos esenciales para facilitar los procesos de importación y exportación.
• Mantener líneas de comunicación con los actores públicos y privados de la cadena logística para comunicar los nuevos procesos y ajustarlos de manera coordinada en función de la evolución de la emergencia.
• Sentar las bases de sistemas de gestión coordinada de fronteras en la región, para salir de la crisis con una infraestructura comercial más eficiente.

Los responsables de políticas de los países exportadores netos de alimentos también pueden aprovechar las políticas públicas y el potencial exportador del sector agrícola para mejorar vidas. La facilitación del comercio reduciría los costos de transacción a lo largo de las cadenas de valor e impulsaría la competitividad exportadora en los mercados mundiales. La transformación digital es el núcleo de estas intervenciones. Los procesos sin papel, la gestión de riesgos, la trazabilidad de la carga, las tecnologías de inspección no intrusivas y la interoperabilidad de sistemas son algunos de los ejemplos de actividades que el BID está ayudando a financiar e implementar en los países de ALC.

De cara al futuro, una estrategia comercial integral, desarrollada sobre la base del progreso técnico, la competitividad, el respeto por el medio ambiente, la diversificación de los mercados, la diferenciación de los productos y la mejora de la calidad contribuiría enormemente al desarrollo económico de la región y a la seguridad alimentaria mundial.