Al 2020, las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe representaban cerca del 15% de su población o unos 88 millones de personas, y se prevé que esta cifra aumente hasta los 150 millones a mediados de siglo. Sin embargo, hay varios ámbitos de la vida en los que este amplio grupo de personas no ha sido suficientemente incluido y, en consecuencia, no puede maximizar su potencial ni contribuir plenamente a la sociedad y la economía.
Por ejemplo, muchos niños con discapacidad siguen estudiando en escuelas segregadas y, especialmente en los niveles educativos superiores a la primaria, tienen menos probabilidades de matricularse que otros niños y jóvenes. Las personas con discapacidad siguen afrontando barreras de acceso a los servicios de salud que necesitan. Además, tienen tasas de empleo más bajas, así como menos probabilidades de tener un empleo formal y solo ganan 88 centavos por cada dólar que ganan sus homólogos sin discapacidad, con la misma experiencia y formación. No es sorprendente entonces que también tengan más probabilidades de ser pobres, sufrir inseguridad alimentaria y carecer de conexión a Internet.
Se necesita evidencia
Aunque muchos gobiernos de la región han entendido que estas diferencias son un problema desde el punto de vista ético y económico, el camino a seguir no siempre está claro. Todos los países de América Latina y el Caribe han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), y muchos de ellos han promulgado leyes y políticas orientadas a reducir las diferencias y asegurar la inclusión. Pero aún falta evidencia sobre lo que funciona y lo que no funciona en ámbitos críticos, dificultando aún más la labor de los formuladores de políticas públicas en su esfuerzo por garantizar la igualdad de derechos y oportunidades.
El reciente Informe microeconómico de América Latina y el Caribe de este año procura abordar este problema revisando la efectividad de las políticas de inclusión de la discapacidad en la educación, la salud, los mercados laborales y la protección social. En él se describe la situación de las personas con discapacidad en la región y se detalla el panorama de políticas relacionado. Asimismo, se destacan los programas basados en evidencia que se están implementando en la región, así como programas respaldados por evidencia rigurosa que se están implementando en otros lugares y que, por tanto, representan importantes oportunidades para llevarlos a la práctica en la región. El informe analiza numerosas intervenciones de amplia implementación a pesar de la falta de evidencia causal y, lo que es crítico, siguiendo con la filosofía de “nada sobre nosotros sin nosotros”, incluye una encuesta online en las que las personas con discapacidad y sus familias opinan sobre qué áreas de investigación consideran prioritarias.
Política educativa para las personas con discapacidad
Consideremos el caso de la educación, un área que la mayoría de las personas con discapacidad encuestadas señalaron como prioritaria de investigación. Aunque los niños y jóvenes con discapacidad de la región suelen poder asistir a la escuela primaria, su inclusión en escuelas regulares accesibles sigue siendo un desafío, y un gran número de ellos sigue estudiando en escuelas especiales segregadas. Esto es desafortunado. Países como Chile y Brasil han implementado programas de inclusión educativa con gran éxito. Además, existe evidencia de cómo lograr la inclusión, por ejemplo, dotando las aulas de recursos con materiales de apoyo o proporcionando auxiliares docentes en el aula. Otros enfoques, como las becas y la educación individualizada, también se consideran prometedores, basados en sólidas “teorías del cambio” que hasta la fecha carecen de evidencia causal.
Las políticas en el mercado laboral ofrecen otro ejemplo. Las personas con discapacidad tienen tasas de participación en el mercado laboral e ingresos mensuales más bajos que sus homólogos sin discapacidad, en parte porque carecen de igualdad de oportunidades educativas y por factores como discriminación, ajustes inadecuados en el lugar de trabajo e inaccesibilidad de los sistemas de transporte. Algunos países de la región han respondido con leyes y regulaciones, incluidas las cuotas de empleo. Pero la evidencia sobre la efectividad de dichas medidas, aunque algo positiva en la región, es dispar en otras. No existen estudios rigurosos sobre las leyes que dificultan el despido de personas con discapacidad. Y otra evidencia en políticas para fomentar su contratación, como los subsidios salariales, es limitada y poco concluyente, lo que ilustra la necesidad fundamental de investigar más, supervisar de cerca las intervenciones y adaptarlas a las necesidades de la región. Lo mismo puede decirse de las demás áreas —salud y protección social— donde la evidencia del informe sobre los efectos positivos, neutrales, mixtos, limitados o negativos de las intervenciones se documenta en detalle.
Obligaciones éticas y económicas
América Latina y el Caribe sigue incumpliendo sus obligaciones morales y éticas con las personas con discapacidad y privándose, de paso, del 2%-3% de aumento del PIB que su verdadera inclusión en el mercado laboral podría aportar a sus economías. La región, dependiendo del país, gasta solo entre el 0,01% y el 1,5% del PIB en programas de discapacidad, muy por debajo del promedio del 2,6% de los países europeos. Aunque un mayor financiamiento y unos programas más ambiciosos serían bien recibidos, resulta fundamental realizar una investigación rigurosa y basada en evidencia para garantizar que se dé prioridad a los programas más eficaces, tarea a la que se dedica este informe.
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