¿Pueden los ciudadanos actuar como auditores?

Gobiernos y donantes internacionales se han venido esforzando desde hace mucho tiempo para asegurar la rendición de cuentas en proyectos de gran envergadura, en los que el clientelismo, la ineficiencia o la corrupción descarada pueden llevar a la asignación desacertada de recursos y fondos. Una innovación a este respecto es la creación de iniciativas comunitarias de seguimiento y vigilancia que permiten que los ciudadanos aporten sus impresiones a los proyectos. Los proponentes piensan que tales auditorías por parte de la sociedad no solo ayudan a mejorar el rendimiento de los proyectos, sino que también facilitan la comunicación entre las comunidades, las entidades encargadas de la ejecución de los proyectos y los políticos, a la vez que mejoran la transparencia y la rendición de cuentas a largo plazo.

Sin embargo, a la fecha no se ha comprobado plenamente la eficacia de tales iniciativas. Las entidades internacionales de asistencia y las organizaciones no gubernamentales subrayan la importancia de la participación ciudadana en los proyectos de desarrollo. Más de 60 gobiernos, entre ellos 15 de América Latina, se han comprometido en hacer aumentar la participación ciudadana a través de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), entidad que cuenta con el respaldo del BID. No obstante, la medida en que la supervisión comunitaria puede mejorar realmente los servicios a la vez que reduce la corrupción y el dispendio sigue estando por resolver.

Un caso reciente ofrece un motivo de esperanza. En 2008, el gobierno de Colombia puso en marcha el programa Auditorías Visibles (AV), para dar cabida a la participación de las comunidades en la lucha contra la corrupción en proyectos de educación, salud, vivienda, saneamiento, agua potable y energía. En una AV característica se aplica una serie de pasos. Los diarios, radioemisoras y televisoras anuncian foros en los que se explican los derechos de las comunidades y las responsabilidades de las empresas encargadas de la ejecución. Representantes de las empresas, supervisores y autoridades locales se reúnen con la comunidad y se comprometen a resolver problemas. La comunidad vigila el proyecto y hay facilitadores que actúan como enlace con las autoridades superiores, tanto a nivel local como nacional, y las ponen al tanto en caso de que persistan los problemas.

Para el momento en que se puso en marcha el programa, en 2008, Colombia ya había tratado de luchar contra la corrupción en muchos frentes. Esta nueva iniciativa lucía impresionante en el papel. Pero, ¿iba a funcionar? ¿Los ciudadanos iban a recibir información suficiente sobre los proyectos como para efectuar una vigilancia eficaz? ¿Iban a disponer de tiempo para participar? ¿Los políticos iban a responder positivamente?

Mi investigación ofrece respuestas alentadoras en todos estos aspectos. El programa AV ciertamente hizo aumentar la cantidad de información, los ciudadanos efectivamente se interesaron y se mostraron dispuestos a sacrificar otras actividades para participar en diligencias de vigilancia. De hecho, el seguimiento o la vigilancia de proyectos aumentó 51% entre los participantes, en comparación con quienes no tomaron parte en el programa.

Pero quizás lo más importante es que la vigilancia surtió efecto. El programa AV produjo un incremento de 21% del número de ciudadanos que reportaron que los proyectos tenían un uso adecuado de recursos y un aumento de casi 23% del nivel de satisfacción general con los proyectos. Hubo además una mayor probabilidad de que las comunidades participantes en el AV evaluaran a sus políticos como buenos o muy buenos, premiando a sus representantes con un aumento de desempeño de 15%, como resultado del programa de vigilancia.

En general, los resultados positivos ocultan el hecho de que algunos proyectos mejoraron sustancialmente como resultado del programa y otros han fallado miserablemente. ¿Por qué ocurrió esto? Descubrí que en lugares donde ciudadanos creen en su capacidad de pedirles cuentas a los políticos, estos eran menos propensos a participar en la supervisión del proyecto. Como resultado, el proyecto recibió más visibilidad, y, a su vez, los políticos tenían más incentivos para proporcionar mejores servicios públicos, que se tradujeron en proyectos más eficientes. Por otro lado, en aquellos lugares cuyos ciudadanos tenían poca fe en su capacidad de hacer rendir cuentas a los políticos, hubo una menor probabilidad de participación en la vigilancia, haciendo que el proyecto recibiera menor difusión por la comunidad. Esto resultó en políticos priorizando otros asuntos y, como resultado, la corrupción y la ineficiencia amentaron.

En gran medida, los resultados son alentadores: la participación y la vigilancia ciudadana pueden mejorar considerablemente el uso de escasos recursos, ayudar a elevar la calidad de la representación política y ofrecer mejores servicios públicos a los ciudadanos. La lucha contra  la corrupción y la ineficiencia en la prestación de servicios es difícil y no hay recetas fáciles para superarla. Sin embargo, cuando los ciudadanos y los políticos tienen incentivos para trabajar juntos, es posible que esto ocurra.

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