Las economías crecieron, millones de personas escaparon de la pobreza y las redes de protección social se ampliaron para amparar a una proporción cada vez mayor de los sectores vulnerables de la población. Cuando Estados Unidos y Europa sufrieron desaceleraciones bruscas y pronunciadas de la actividad económica durante la crisis internacional de 2008 y 2009, algunos gobiernos de la región consiguieron aumentar el gasto e impedir que sus economías cayeran en la recesión.
Luego, el período de auge en los productos básicos a nivel mundial llegó a su fin. El crecimiento en China comenzó a desacelerarse y la demanda de cobre y petróleo, entre otros productos, se redujo. Los países industrializados habían salido de la Gran Recesión, pero su recuperación, lenta y decepcionantemente leve, brindó relativamente escasos beneficios al resto del mundo.
Esta secuencia de acontecimientos creó las condiciones que se abordan en el Informe Macroeconómico de 2016 “Tiempo de decisiones: América Latina y el Caribe ante sus desafíos”, presentado por Andrew Powell en la sede del BID el 14 de abril. Estas condiciones incluyen bajos niveles de crecimiento económico en la región en su conjunto y hasta un crecimiento negativo en un puñado de países. Además, a medida que los exportadores de productos básicos han visto decaer sus ingresos, los países importadores de petróleo han obtenido menos beneficios de lo anticipado con la caída de los precios petroleros.
La baja de las aguas del crecimiento ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de los países, así como las limitadas opciones que tienen los responsables de la formulación de políticas para atenderlas. La mayoría de los gobiernos ya no se pueden dar el lujo de poner en práctica políticas de estímulo fiscal, y muchos de ellos han regresado al esquema de ajustes cíclicos que ha imperado históricamente en la región. Desafortunadamente, últimamente algunos países han vuelto a recurrir a recortes de los gastos de capital que se sabe que hacen aumentar el crecimiento. Además, muchos bancos centrales se ven limitados por sus respectivos mandatos a contener la inflación en niveles bajos o mantener tipos de cambio estables, lo que significa que no se puede aplicar una política monetaria para contrarrestar la desaceleración.
En semejante entorno, el sector privado inevitablemente ha salido mal parado. Los estados generales de las empresas de la región se han venido deteriorando en los últimos años y el apalancamiento ha ido aumentando incluso aunque la rentabilidad ha disminuido, mientras que la depreciación de las monedas nacionales ha perjudicado la inversión. A su vez, las medidas de solvencia empresarial también han decaído. Dado que la deuda empresarial en América Latina y el Caribe consta principalmente de préstamos bancarios en vez de acciones negociadas en bolsa, los niveles de riesgo en el sector empresarial también representan un riesgo para los sistemas económicos.
Como si no bastara con todas estas dificultades, las perspectivas de la región se ven aún más complicadas por las tendencias a largo plazo en los mercados laborales. En los últimos decenios, la proporción de adultos en edad productiva de la población se ha hecho desusadamente grande en comparación con la de niños y ancianos, y el BID calcula que en los últimos diez años esta alta proporción de la mano de obra ha hecho aumentar el crecimiento en 2%. El envejecimiento de la población, sin embargo, ya está erosionando este “bono demográfico”, y se prevé que durante esta década la proporción de la mano de obra va a hacer aumentar el crecimiento en apenas 0,6%.
Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar el crecimiento y mantener los recientes y quizá frágiles beneficios en términos de prosperidad y protección social? No hay respuestas fáciles ni “soluciones rápidas”. Los responsables de la formulación de políticas deben ‒lo más pronto posible‒ hacer lo que puedan para limitar la vulnerabilidad de sus respectivos países a los acontecimientos externos y los cambios demográficos.
Para asegurar el crecimiento futuro y alcanzar otras metas como contener la deuda en niveles manejables, los países tendrán que tomar toda una serie de medidas distintas. Aunque los detalles variarán de un país a otro, las políticas deben tratar de lograr los siguientes objetivos generales:
- Aumentar la inversión y la productividad
- Promover reformas que mejoren la eficiencia del sector público, fortalezcan sus marcos fiscales y mejoren las estructuras tributarias y su administración, y
- Manejar la incertidumbre tomando en cuenta tanto los efectos directos como los efectos indirectos de las fluctuaciones de los precios de los productos básicos.
Pero aún estas medidas se pueden mejorar. En última instancia, la región de América Latina y el Caribe debe replantearse el programa de comercio exterior e ir más allá del conjunto de retazos actual de acuerdos para integrarse más plenamente y lograr la eficiencia que la región necesita para competir a nivel mundial.
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