A medida que la salud y la supervivencia económica de millones de personas en todo el mundo se veían amenazadas por la pandemia generada por el COVID-19, la industria farmacéutica, el mundo académico y el sector público se unieron para hacer inversiones rápidas y decisivas que han dado lugar a nuevas vacunas y mejores tratamientos que pronto podrían ayudar a poner fin a la lucha contra la enfermedad.
Sin embargo, si esa era la reacción que exigía la crisis sanitaria, la respuesta mundial a la profunda y grave crisis educativa desencadenada por la pandemia ha fallado. Pese a que los maestros, las escuelas y los gobiernos han hecho esfuerzos encomiables, miles de millones de niños permanecen en sus hogares debido al cierre de escuelas y siguen sin tener acceso a una educación estructurada. Muchos de estos niños, principalmente de familias pobres, sufrirán retrasos en el aprendizaje mientras que otros abandonarán la escuela por completo; lo que equivale a un fracaso significativo de los gobiernos, el mundo académico y la industria tecnológica. Se trata de un fallo producido no solo por la falta de recursos, sino por los escasos incentivos para la innovación y la aplicación de tecnologías y nuevos métodos de enseñanza. Si queremos que mejore la situación será necesario rectificar estas falencias.
Cómo proporcionar innovación en la educación para las escuelas
Cuando vamos al médico, esperamos que el profesional elija entre las mejores prácticas disponibles para curar nuestra afección. Se trata de encontrar la combinación apropiada entre la enfermedad y el remedio. No tratar de innovar, sino de adoptar las mejores prácticas creadas en otros lugares. Lo mismo ocurre con las escuelas.
Los directores y los maestros necesitan la innovación para mejorar la educación, pero no son ellos necesariamente quienes deben innovar (o al menos ese no es el trabajo de todos los directores y maestros). Los gobiernos dicen que hacen investigación y desarrollo (I+D), pero la verdad es que destinan la mayor parte de sus recursos a cubrir gastos corrientes como los salarios. Por su parte, las empresas, las universidades, y las ONG han generado nuevas prácticas con resultados positivos, aunque a menudo estas solo se han probado a pequeña escala.
Muchos argumentarían que el problema radica en que la mayor parte de la educación es pública o que está muy regulada por el Estado, y que eso es lo que reprime la innovación. No obstante, la defensa militar también es proporcionada por el Estado y aun así grandes innovaciones han salido de la industria militar. Internet, por ejemplo, surgió de un programa financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Cuatro condiciones básicas para mejorar la innovación
El problema yace en que no hemos implementado cuatro condiciones básicas necesarias para estimular la ola de innovación necesaria en nuestras escuelas.
En primer lugar, necesitamos más recursos. Las empresas más exitosas gastan entre el 2% y el 20% de su facturación en I+D. Los países más exitosos de la OCDE gastan un promedio superior al 2,5% de su PIB en I+D.
En América Latina y el Caribe, se gasta cerca del 6% del PIB en educación. De eso, un tercio va a la educación primaria. Si destináramos el 5% del gasto de la educación primaria para la innovación, la cifra ascendería a US$6.000 millones al año (tomando el PIB de 2018 como referencia). Como punto de comparación, el gobierno de Estados Unidos dedicó más de US$9.000 millones a financiar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra el COVID-19.
En segundo lugar, al igual que en la industria farmacéutica, necesitamos atraer a las mentes más brillantes. El modelo estándar consiste en crear incentivos a través de patentes que les permitan a las empresas y universidades recuperar lo que han invertido en I+D y seguir invirtiendo. El problema de este modelo es que las patentes pueden ralentizar la difusión y, en algunos casos, puede ser difícil evitar la adopción/copia sin costo. Una alternativa sería establecer un sistema generoso de premios para los innovadores exitosos.
En tercer lugar, al igual que en la industria farmacéutica, necesitamos una infraestructura que nos permita evaluar si las innovaciones son eficaces. No aceptaríamos una vacuna contra el COVID-19 que no hubiese sido evaluada y certificada adecuadamente. ¿Por qué entonces expondríamos a nuestros hijos a prácticas educativas que no estemos seguros de que vayan a funcionar?
En Estados Unidos, el Departamento de Educación financia la iniciativa What Works Clearinghouse que es una colección de prácticas y políticas educativas que han sido evaluadas rigurosamente. El material se presenta de manera que resulte útil tanto para los administradores escolares como para las autoridades educativas en su búsqueda de soluciones a los problemas que surgen a diario. La base de datos contiene actualmente más de 10.000 estudios. Por supuesto, no todos los países necesitan (o pueden permitirse) tener esa base de datos. Sin embargo, sería posible crear iniciativas regionales.
Por último, las escuelas y las autoridades educativas necesitan incentivos para adoptar prácticas eficaces. Por ejemplo, en Estados Unidos el 75% del dinero que el gobierno federal gasta en programas de visitas domiciliarias debe destinarlo a aquellos programas que han sido evaluados rigurosamente. El 25% restante se puede gastar en programas prometedores que están siendo objeto de una evaluación rigurosa.
La urgencia de una solución mundial
La crisis del COVID-19 presentó una oportunidad única para lograr soluciones a gran escala en materia de alfabetización y enseñanza de matemáticas para los niños de todo el mundo. Pero no hemos estado a la altura del desafío. No porque no quisiéramos mejorar el aprendizaje de nuestros niños, sino porque no estaban dadas las condiciones para la enorme ola de innovación requerida. Es hora de que los gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico y las organizaciones multilaterales trabajen en pos de una solución mundial a la crisis del aprendizaje estableciendo las bases para la I+D en la educación.
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