El Ministerio de Trabajo en Brasil no se toma a la ligera la informalidad laboral, ya que realiza inspecciones y toma medidas enérgicas contra las numerosas empresas que contratan trabajadores “en negro”. Aunque estas inspecciones suelen tener éxito a la hora de atrapar y sancionar a las empresas que eluden las costosas regulaciones requeridas para la contratación de trabajadores formales, también conllevan efectos colaterales inesperados, no siempre positivos, tanto para las empresas como para la economía.
En un estudio reciente, examinamos lo que ocurre cuando se obliga a las empresas a formalizar a sus trabajadores y se las castiga con altas multas tras ser sorprendidas infringiendo las normas. Descubrimos que las inspecciones y sanciones asociadas pueden tener efectos negativos tanto para el crecimiento como para la innovación de las empresas, lo que sugiere que tal vez sería necesario hacer reformas que reduzcan los costos que supone para las empresas tener una fuerza laboral formal.
América Latina, al igual que muchas regiones del mundo en vías de desarrollo, lleva mucho tiempo luchando contra el problema de la informalidad, ya que aproximadamente la mitad de su fuerza laboral no está registrada ante las autoridades y, por tanto, carece de protección social, como beneficios de salud, seguro de desempleo y pensiones, además de percibir salarios más bajos.
Incentivos para las empresas en la informalidad
Contratar trabajadores informales significa, para las empresas, evitarse impuestos, indemnizaciones por despido y otros costos, aliviando la presión sobre aquellas empresas que se encuentran en dificultades. Pero la informalidad también exacerba la desigualdad y dificulta a los gobiernos recaudar impuestos y orientar las transferencias sociales, agravando de paso los problemas tributarios.
Además, la informalidad no es solo un problema de las pequeñas empresas. Aunque las empresas más pequeñas tienen una mayor proporción de trabajadores informales, las empresas más grandes también contratan “en negro”. En Brasil, incluso las empresas con más de 500 trabajadores emplean a cerca del 10% de su plantilla de manera informal. Este uso generalizado de la informalidad, sin relación con la cualificación o el nivel educativo de los trabajadores, es una estrategia calculada de ahorro de costos.
Las inspecciones laborales son una de las herramientas que utilizan los gobiernos para, por una parte, combatir este problema y, por la otra, intentar que tanto las empresas como los trabajadores entren en un régimen legal en el que estos últimos estén protegidos y las empresas cumplan sus obligaciones, incluido el pago de impuestos. En Brasil, los inspectores visitan a las empresas a fin de comprobar el cumplimiento de la legislación laboral, obligando a aquellas que descubran empleando a trabajadores informales a pagar altas multas y formalizar a toda su plantilla. Esto parece sencillo, pero los efectos dominó en las empresas cuentan una historia más compleja.
¿Qué ocurre cuando las empresas son descubiertas?
Aunque las sanciones provocan un aumento inmediato de empleados formales, tienden a inhibir el crecimiento. De hecho, varios años después de una inspección, las empresas de todos los tamaños se ven en dificultades para ampliarse. Las inspecciones también afectan el funcionamiento de las empresas. Aquellas que son sorprendidas infringiendo las normas tienen menos probabilidades de innovar, registran menos patentes y marcas, y simplifican sus estructuras organizativas, volviéndose menos dinámicas.
Estas contrapartidas de las inspecciones —crecimiento más lento y menor innovación— plantean a los formuladores de políticas públicas el desafío de hacer cumplir la legislación laboral y obtener beneficios para la sociedad al hacerlo, sin ahogar el crecimiento y la creatividad de las empresas. Un elemento importante del problema es el costo del cumplimiento. Formalizar a los trabajadores resulta costoso en Brasil, donde los impuestos sobre la nómina pueden oscilar entre el 68% y el 97% de los salarios. Para las empresas que ya tienen dificultades, estos costos constituyen un importante factor disuasorio. La reducción de estos obstáculos, como por ejemplo mediante la reducción de impuestos sobre la nómina o la simplificación de costos de despido, podría animar a las empresas a cumplir la norma sin necesidad de aplicar medidas coercitivas.
El camino hacia la reforma
La experiencia de Brasil ofrece valiosas lecciones para otros países en vías de desarrollo que se enfrentan a dificultades similares. Las inspecciones laborales son una herramienta poderosa, pero no son una solución universal. A fin de reducir la informalidad de manera sostenible, los gobiernos deben encontrar un equilibrio entre la aplicación de la ley y la creación de un entorno en el que el cumplimiento sea factible. Las reformas que combinan las inspecciones con políticas favorables a las empresas podrían suponer una posible vía para avanzar, entre otras cosas reduciendo los costos de contratación de trabajadores formales. La lucha contra la informalidad seguirá siendo una prioridad para los gobiernos a medida que evolucione la economía mundial. El caso de Brasil nos recuerda que los formuladores de políticas públicas deben estar atentos a los posibles efectos colaterales en su intento por construir un mercado laboral más justo e integrador en el que se protejan los derechos de los trabajadores.
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