Uruguay lanzó en 2014 un ambicioso programa de inclusión financiera. Con ello se sumaba a otros países de la región que han tratado de dar a los ciudadanos un mayor acceso a los servicios bancarios y financieros, así como fomentar el uso de instrumentos de pago electrónicos que eviten la necesidad de dinero en efectivo. Las personas no bancarizadas en Uruguay, al igual que en otros países de la región, han carecido de medios para canalizar sus ahorros de forma segura y rentable. Además, el país se había quedado rezagado en la adopción de sistemas de pago electrónico, que, entre otras cosas, pueden utilizarse para rastrear las transacciones e impulsar la recaudación de impuestos.
La reforma uruguaya iniciada en 2014 tenía el potencial de abordar estos temas. La Ley de Inclusión Financiera obligó a los empresarios, con unas pocas excepciones, a pagar los salarios y los beneficios del seguro social a través de medios electrónicos, en lugar de en efectivo. También dio a los trabajadores y a los beneficiarios del seguro social la posibilidad de elegir los bancos en los que recibir esos pagos. Además, obligó a los bancos a abrir cuentas a clientes potenciales con condiciones generosas, como la exención de tarifas, la exención de saldos mínimos y la emisión de tarjetas de débito sin cargos por retiro de efectivo o pagos electrónicos. La ley de inclusión también ofreció incentivos financieros para animar a los ciudadanos y a las empresas a adoptar los medios electrónicos para el desarrollo de sus actividades comerciales. Entre estos incentivos figuraban, por un lado, un descuento en el impuesto sobre el valor agregado de entre 2 y 4 puntos porcentuales para las tarjetas de crédito y débito, respectivamente y, por el otro, un subsidio a aquellos comercios que instalaran dispositivos en terminales de punto de venta (TPV) para procesar transacciones con tarjetas de débito y crédito.
Uruguay es un país de altos ingresos con un PIB per cápita superior a USD $15.000. Pero también es un país en desarrollo, donde muchos ciudadanos, al igual que en otros países de América Latina y el Caribe, sufren un acceso restringido a los servicios financieros. Por estas razones, hemos querido estudiar diversos aspectos de la reforma para ver cuáles han sido los más eficaces a la hora de promover la inclusión financiera y qué sectores de la población han sido los más beneficiados.
Analizando los datos de los hogares
En un estudio publicado recientemente utilizamos datos de hogares procedentes de tres fuentes representativas a escala nacional para hacer una comparación entre los trabajadores del sector público, que en su gran mayoría tenían cuentas bancarias y acceso a mecanismos de pago electrónico antes de la reforma (nuestro grupo de control), y los trabajadores del sector privado formal, quienes en parte cobraban en efectivo (nuestro grupo de tratamiento). Queríamos ver cómo los mecanismos de la reforma uruguaya afectaban el uso de instrumentos electrónicos de pago, como las tarjetas de débito, el ahorro de los hogares y el crédito.
Por un lado, la reforma uruguaya fue un éxito: la proporción de trabajadores del sector privado formal que recibían su salario en una cuenta bancaria aumentó del 66% al 79% en los meses inmediatamente posteriores a la obligatoriedad del pago directo de los salarios en cuentas bancarias (2017). Además, entre 2013 y 2017, el número de tarjetas de débito emitidas aumentó drásticamente, ya que muchos trabajadores del sector privado las adquirían por primera vez, y las transacciones con ellas aumentaron un 2.150%, mientras que, en general, los retiros de efectivo de los cajeros automáticos disminuyeron.
El efecto de abonar los salarios directamente en entidades financieras
Sin embargo, al examinar el efecto de la exigencia de pagar los salarios mediante transferencias directas a cuentas bancarias, no pudimos encontrar evidencia sólida de que esta reforma repercutiera en el ahorro, el crédito o la elección de instrumentos de pago por parte de los consumidores. En consecuencia, concluimos, por una parte, que el aumento en el uso de las tarjetas de débito se debió principalmente a la reducción de impuestos y, por otra, que los más beneficiados fueron quienes ya poseían este tipo de tarjetas antes de la implementación de la reforma. Advertimos que nuestros resultados proceden de datos recopilados unos cinco meses antes y cinco meses después de la implementación de la reforma y que los estudios, a más largo plazo, podrían mostrar resultados diferentes. La inclusión financiera es un objetivo esencial para América Latina y el Caribe, por su lucha contra la pobreza, sus esfuerzos por aumentar la recaudación de impuestos y su búsqueda de mayores ahorros, inversiones y crecimiento económico. Es fundamental comprender los mecanismos que impulsan dicho objetivo y las circunstancias particulares que lo hacen alcanzable.
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