En las últimas décadas, la infraestructura de agua y saneamiento en América Latina se ha expandido hasta el punto de que aproximadamente el 90% de la población urbana tiene acceso a servicios de agua mejorados. Por consiguiente, la región parece estar avanzando hacia la consecución de dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y la reducción de la desigualdad.
Pero si se examina más de cerca, no solo persisten las disparidades, que afectan a los hogares de más bajos ingresos, que tienen un acceso más limitado al agua y una calidad de servicio inferior. Esos hogares también pagan una mayor parte de sus ingresos en agua.
Los impuestos sobre la renta deberían poder alcanzar objetivos redistributivos cuando los gobiernos pueden medir con precisión los ingresos. Pero el desafío es mayor para los países en desarrollo, como aquellos en América Latina y el Caribe, donde los mercados laborales informales y la falta de control dificultan ese tipo de mediciones. En este contexto, el sector de agua y saneamiento podría desempeñar un papel crucial en el fomento de la igualdad. No obstante, las estructuras tarifarias, la inadecuada orientación de los subsidios y los problemas en la calidad del servicio del agua pueden, de hecho, exacerbar las desigualdades existentes.
La desigual carga de los gastos en agua
En un estudio reciente, demostramos cómo la carga desproporcionada que soportan los hogares con ingresos más bajos en lo que respecta a los gastos en agua corre el riesgo de agravar las desigualdades económicas.
Utilizando datos del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública (LAPOP), nuestro estudio compara y analiza las mediciones de desigualdad tanto del gasto en agua como de los ingresos en Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Observamos que el gasto en agua se distribuye de forma más equitativa que los ingresos en los cuatro países. Esto genera un “efecto de desigualdad”, ya que los hogares de todos los niveles de ingresos tienden a gastar cantidades similares en agua. En otras palabras, los costos del agua suponen una carga desproporcionada para los hogares con ingresos más bajos.
Curva de Lorenz vs. concentración de agua
Para cuantificar este patrón regresivo, comparamos las curvas de concentración del gasto en agua con las curvas de Lorenz de la distribución de ingresos en cada país. La curva de Lorenz ilustra la desigualdad de ingresos trazando el porcentaje acumulado de ingresos frente al porcentaje acumulado de la población, con una línea de 45 grados que representa la igualdad perfecta. En cambio, la curva de concentración del gasto en agua refleja la proporción acumulada del gasto en agua entre los hogares clasificados por ingresos. Consideramos el gasto en agua de la llave o gasto total en agua, que también incluye otras fuentes como el agua embotellada y los camiones de reparto.
En los cuatro países, las curvas de concentración del gasto en agua se sitúan más cerca de la línea de igualdad que la curva de Lorenz de ingresos, lo que indica que el gasto en agua se reparte más equitativamente entre los hogares que los ingresos. Este patrón sugiere que el costo del agua es relativamente uniforme entre los distintos niveles de ingresos, en lugar de ajustarse a ellos.
Si se tienen en cuenta las distintas fuentes de agua, también se observa que el gasto total en agua, incluido el agua de la llave, el agua embotellada y el agua suministrada por camiones, se distribuye de forma más similar a los ingresos de solo el agua de la llave en Brasil, Costa Rica y Uruguay. En cambio, encontramos lo contrario en Colombia. Este resultado, aparentemente más equitativo, puede ocultar desigualdades subyacentes a la hora de hacer frente a los problemas de la calidad del agua. Demostramos que los hogares más ricos tienden a consumir más agua embotellada debido a la preocupación por la calidad del agua de la llave, una opción que los hogares con menos ingresos no pueden permitirse.
Implicaciones políticas
Los servicios de agua y saneamiento en América Latina reciben importantes subsidios, los cuales representan entre el 1,96% y el 2,4% del PIB de la región. Pero las tarifas del agua con fines redistributivos excluyen inadvertidamente a los hogares sin acceso a servicios de agua, excluyendo potencialmente a los más necesitados. Y unos criterios de elegibilidad incoherentes y variables pueden excluir a otros hogares económicamente desfavorecidos, incumpliendo en el proceso una función redistributiva. El camino a seguir exige políticas más específicas que incluyan una mejor orientación de los subsidios, diferentes estructuras tarifarias y una mejora de la calidad del agua y de su garantía de suministro. Al abordar estas cuestiones, los formuladores de políticas públicas pueden mitigar el efecto de desigualdad del gasto en agua, reducir su carácter regresivo y fomentar mejor la equidad económica y social.
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