por Ciro Avitabile
No hay manera de evitarlo: cuando no se motiva a la gente a hacer su trabajo (con incentivos monetarios o no monetarios) la calidad del mismo disminuye. Este resulta ser el caso de maestros y médicos en muchos países en desarrollo. La falta de incentivos apropiados se traduce en más ausentismo y menos dedicación al trabajo. Por mucho tiempo, los economistas han tratado de explicarse cómo mejorar la calidad de los servicios en ámbitos donde los profesionales reciben salarios bajos y la calidad de la supervisión institucional es deficiente.
Tanto los académicos como quienes formulan políticas han defendido la idea de que las comunidades locales pueden contribuir a mejorar la calidad de los servicios sociales al supervisar las acciones de los profesionales de la educación y la salud. Esto podría hacerse con la ayuda de grupos organizados de padres y pacientes que constantemente supervisen y den retroalimentación a dichos profesionales. Como resultado de esto, recientemente se han implementado muchos proyectos diseñados para inducir a las comunidades locales a levantar su voz. ¿Funciona este tipo de supervisión comunitaria? Fijémonos en las evidencias.
La mayoría de lugares en los que han fallado los programas de supervisión comunitaria se caracterizan ya sea porque existen grandes disparidades socioeconómicas o por un profundo fraccionamiento étnico. Las élites étnicas y socioeconómicas tienden a dificultar la eficiencia de las acciones de los grupos comunitarios. Pero este no es el caso de Nicaragua, país con una sólida tradición de participación comunitaria.
Actualmente el BID está desarrollando una evaluación para comprender mejor los resultados de un proyecto sobre Desarrollo Infantil Temprano llevado a cabo por el gobierno de Nicaragua. El objetivo del programa es proporcionar a todos los niños de 0 a 6 años de edad una visita de estimulación para mejorar los indicadores de su desarrollo cognitivo y no cognitivo. La evaluación fue diseñada para ayudarnos a entender no sólo si las visitas domiciliarias son una herramienta eficaz para los niños nicaragüenses, sino también si la supervisión de la comunidad puede aumentar la eficacia de las visitas domiciliarias.
Como parte de la evaluación de impacto, 200 comunidades se dividirán en grupos de forma aleatoria. Tres de estos grupos recibirán visitas domiciliarias y el cuarto va a recibir las visitas en una segunda etapa para actuar de grupo de control. Entre las comunidades que recibirán las visitas domiciliarias, se van a probar 3 estrategias de monitoreo: (a) ningún monitoreo, (b) retroalimentación por parte de las familias mediante la asistencia a reuniones bimensuales y un buzón de sugerencias de uso permanente, y (c) controles aleatorios a cargo de una entidad externa.
Las visitas se llevarán a cabo por profesionales de tres ministerios (Salud, Educación y Familia) de forma voluntaria y fuera de sus horas normales de trabajo. Los padres, visitadores y las organizaciones comunitarias se reunirán para discutir los aspectos positivos y negativos de las visitas y establecerán un plan de acción. El contenido de estas reuniones será monitoreado y los temas a discutir se basarán en las sugerencias de los padres.
Aunque muchos programas basados en la supervisión comunitaria han fallado, tenemos razones para creer que en Nicaragua los grupos locales organizados realmente pueden ayudar a mejorar la eficacia de los programas de atención a la primera infancia. Como los visitadores prestan el servicio voluntariamente, no pueden ser despedidos si obtienen una baja calificación en su desempeño, así como tampoco se les puede pagar más si la calificación es buena. Sin embargo, el deseo de ser reconocidos como buenos educadores en su comunidad podría ser un incentivo suficientemente grande para motivar a los voluntarios a hacer un buen trabajo y seguir las pautas del programa.
Este estudio revelará si en Nicaragua la retroalimentación de parte de la comunidad puede mejorar la calidad de los servicios prestados por los profesionales. Es necesario ampliar la cobertura de los programas infantiles, pero el costo resulta alto para los países con bajos ingresos. La respuesta a la pregunta de cómo hacer para que estos programas sean más costo-efectivos podría estar pronto disponible.
Ciro Avitabile es consultor en la División de Protección Social y Salud del BID en Washington. Los intereses de Ciro incluyen el diseño de evaluaciones de impacto y el análisis de los determinantes socio-económicos de las decisiones de salud.
Si dentro de “élites socioeconómicas” van incluidas las organizaciones gremiales (sindicatos) sí, son un factor del fracaso de la participación comunitaria en la supervisión de servicios públicos Este es el caso en Guatemala y en lo que al programa PRONADE del Ministerio de Educación se refiere. No todas las críticas de los sindicatos contra el programa eran infundadas pero, en lo fundamental, fue tener que “sobrevivir” a una supervisión menos susceptible de presión política (la supervisión del ministerio) lo que llevó a los sindicatos a oponerse “a muerte” a la existencia de los Comités de Padres. Luego, su capacidad de movilización traducida en potenciales votos y la precaria capacidad política de las autoridades de turno (las que enfrentaron las críticas entre 2004-2008 durante el gobierno de Berger) llevó a un “pacto” entre el gobierno 2008-2012 (de Colom) que prácticamente hizo desaparecer el PRONADE. Todo lo anterior para decir que también hay (y a veces pesan más) condiciones “macro” que inciden en la ineficacia de la “supervisión local” vía los usuarios (o comunidades). Saludos.