Los desafíos de las políticas en primera infancia: de la teoría a la práctica

Por Sergio Urzúa. 

No hay duda de que los eventos que se producen (o no se producen) durante la primera infancia tienen efectos de largo plazo. La ciencia nos ha informado de la existencia de períodos críticos durante el desarrollo humano; se ha reconocido ampliamente el rol fundamental de la familia, particularmente el de la madre, sobre el desarrollo del menor. Las estimaciones de costo-beneficio de programas de primera infancia bien diseñados han demostrado que es allí,  en los primeros años, en donde es socialmente rentable invertir.

La pregunta es entonces cómo traducir el conocimiento y la evidencia en modelos exitosos de intervención en primera infancia en la región. Lamentablemente aquí no existen recetas, pues las dificultades prácticas son múltiples. Esto explica mi intención de alejarme un poco de los resultados científicos y reflexionar con respecto a los desafíos que se enfrentan en el mundo real. Quiero discutir cuatro desafíos que, a mi parecer, explican el letargo en el desarrollo de políticas de primera infancia efectivas en la región.

En primer lugar, es importante reconocer que la mejor evidencia de experiencias exitosas en el ámbito de intervenciones tempranas proviene del mundo desarrollado, particularmente de los Estados Unidos. Programas tales como Perry (Michigan) o Abecederian (Carolina del Norte) son usualmente citados como ejemplos. Sus resultados positivos han sido determinantes al momento de reconocer la importancia y el potencial de intervenir tempranamente. Esta evidencia ha modificado la visión de académicos, técnicos y hacedores de política. Pero, ¿cuán informativos son estos programas con respecto a las prácticas que necesita desarrollar la región?

La respuesta a esta pregunta no es obvia. Las diferencias culturales e institucionales hacen poco recomendable el extrapolar estas experiencias directamente a los países de la región. Alguien podrá argumentar, y con razón, que también han existido avances importantes en América Latina y el Caribe, y que se ha generado evidencia asociada a experiencias exitosas en la región. Efectivamente. Incluso mucha de esta evidencia ha merecido comentarios en este mismo blog. Sin embargo, incluso en estos casos no es fácil poder extraer recomendaciones que sean robustas a las particularidades de dichos países. Entonces, un desafío de primer orden para efectos del diseño de políticas públicas en la región pasa por reconocer las características idiosincráticas de aquellas experiencias reconocidas como exitosas, y extraer lecciones y recomendaciones que sean robustas a las mismas.

Un segundo elemento que debe ser atendido guarda relación con los desafíos institucionales que supone la implementación de intervenciones tempranas. Esto es particularmente importante en aquellas intervenciones lideradas por el Estado que buscan mejorar las condiciones de los niños más vulnerables de la sociedad. Por su complejidad (los más vulnerables requieren atención en múltiples dimensiones de su desarrollo), estos programas cruzan distintas instituciones. Idealmente éstos deben, como mínimo, asegurar la nutrición del menor (elemento propio del ministerio de salud o su símil), desarrollar actividades que aseguren su motivación cognitiva y emocional (elemento propio del ministerio a cargo de la educación) y ocuparse de las dificultades que el menor puede enfrentar en su medio (elemento propio del ministerio de protección social y/o familia).  Sin la capacidad institucional de coordinar las distintas unidades del Estado, es difícil poder asegurar la efectividad de políticas de primera infancia. Este es el segundo desafío práctico y su resolución pasa por generar las instancias institucionales de coordinación necesarias para asegurar la calidad y efectividad de la intervención.

Un tercer elemento está asociado a la definición del objetivo de la política. Los programas de intervención temprana deben buscar primero el mejorar la situación del menor, pero por su naturaleza sus objetivos pueden confundirse. A modo de ejemplo, la disponibilidad de centros educativos puede “liberar” a la madre (o al adulto responsable del cuidado del menor en el hogar) de actividades que previamente limitaban sus posibilidades de empleo. En principio entonces, la disponibilidad de centros de educación temprana puede mejorar las condiciones de empleo de los adultos generando, consecuentemente, mejores niveles de ingresos dentro del hogar. ¿Buenas noticias? Por supuesto, toda vez que se asegure la calidad del programa educativo en cuestión. Los países de la región no necesitan guarderías. No necesitan instancias que “liberen” el tiempo de las madres. Se requieren programas de calidad, que mejoren la situación del menor. Si estos además mejoran los niveles de ingreso de los hogares, ¡bienvenidos! Pero las mejoras en el empleo deben ser subproductos de los programas de educación temprana y no viceversa.

Finalmente, la realidad en los países de la región obliga a imponer un sentido de urgencia en el desarrollo de programas de educación temprana. Pero los niños no marchan, no votan. Por lo mismo, es más atractivo para el mundo político ocuparse de los problemas de quienes participan del sistema de educación secundario o post-secundario. El desafío de concientizar al mundo político de los beneficios sociales de identificar e intervenir tempranamente para aliviar y remediar las desigualdades de nuestros países tiene probablemente una magnitud mayor a los desafíos técnicos/prácticos de diseñar e implementar este tipo de iniciativas.

En resumen, hemos aprendido mucho. La evidencia no ofrece dobles lecturas. Las políticas de primera infancia deben tener una posición privilegiada en el menú de acciones del Estado que aseguren la igualdad de oportunidades. Sin embargo, los desafíos prácticos son muchos y, para avanzar, éstos deben ser comprendidos y atendidos.

Sergio Urzúa es profesor asistente de la facultad de economía de la Universidad de Maryland. Es autor de varias publicaciones en temas de desarrollo infantil.