Si no se adoptan las políticas adecuadas a tiempo, nuestras ciudades, aunque densas, serán vulnerables a los efectos del cambio climático. Es por ello que los gobiernos municipales están llamados a tomar las medidas oportunas para adaptar las ciudades de América Latina y el Caribe (LAC) a un futuro que ya está presente.
Además de la infraestructura urbana -tanto verde como gris-, es necesario que las municipalidades implementen regulaciones y marcos de gobernanza que permitan un crecimiento urbano organizado y sostenible. En este artículo, que cierra una serie de blogs sobre el futuro de las ciudades de LAC, explicamos la importancia de desarrollar una gobernanza verde para un futuro urbano sostenible.
Implementación de regulaciones verdes para ciudades y edificios
Las regulaciones de zonificación del uso del suelo y los códigos de construcción son herramientas fundamentales para promover una urbanización más sostenible y resistente al cambio climático. A escala urbana, las ciudades pueden desarrollar planes maestros para fomentar patrones de urbanización más compactos -para reducir emisiones- y que prohíban la construcción en áreas de riesgo, para disminuir su vulnerabilidad ante desastres naturales. Por ejemplo, Barbados implementó una norma que exige un retroceso respecto a la línea de costa, tal que no se pueden construir edificaciones dentro de 30 metros de la marca de alta marea.
Respecto a las normas de construcción, la aplicación de auditorías regulares y las normas de gestión y aprobaciones edilicias promueven la adaptación en edificaciones existentes y nuevas. Además, la adopción de normativas que exijan o incentiven el uso de materiales de construcción sostenibles, el diseño bioclimático y el cumplimiento de métricas de eficiencia energética será vital para que las ciudades puedan adaptarse mejor al cambio climático. Por ejemplo, los edificios que garantizan el confort térmico y minimizan el uso de aire acondicionado pueden reducir el aire caliente que expulsan, el cual contribuye al efecto de isla de calor urbano. Asimismo, los edificios deben adaptarse para aumentar el enfriamiento pasivo, por ejemplo, mejorando el aislamiento o permitiendo una mejor ventilación natural. Dado que un mayor uso de aire acondicionado no es una opción para muchos hogares, los centros de enfriamiento y el enfriamiento pasivo a través de la ventilación natural son soluciones potenciales durante las olas de calor. Aunque construir con estándares verdes es ideal, no siempre es una opción financieramente accesible. Para esos casos, la renovación de unidades existentes es la siguiente mejor elección.
En LAC, el uso de estas beneficiosas herramientas regulatorias se ve obstaculizado por el alto porcentaje de ocupación informal de tierras y construcción de edificaciones (más de un quinto de los hogares de la región viven en asentamientos informales). Además de exponer a los residentes a los efectos más nocivos de la contaminación y la vulnerabilidad ambiental, también es un impedimento que los gobiernos locales no tengan los recursos financieros necesarios para llevarlos a cabo.
Adopción de un marco de gobernanza que promueva la resiliencia en todas las escalas
La buena gestión de los riesgos climáticos y la promoción de modelos sostenibles de urbanización a nivel metropolitano dependen de la coordinación entre muchos actores, no solo los gobiernos municipales. Las ciudades dependen en gran medida de transferencias fiscales y a menudo carecen de la autonomía financiera para avanzar en agendas robustas de cambio climático de manera independiente. Por ejemplo, su recaudación de impuestos sobre la propiedad representa un mísero 0,3% del PIB nacional y, en promedio, los ingresos cubren solo el 30% de sus gastos.
Evaluar cómo está organizada la gobernanza en los diferentes niveles (municipal, metropolitano, internacional y regional) es la base para desarrollar estrategias climáticas que identifiquen acciones relevantes y asignen responsabilidad por su ejecución. No solo para mejorar el uso de los recursos, sino porque la geografía de los eventos climáticos y ambientales no se guía por los límites de las jurisdicciones municipales. Es por eso por lo que muchas ciudades de LAC buscan mejorar los instrumentos institucionales para coordinar -a nivel metropolitano y con el gobierno nacional- la gobernanza climática de su territorio. Esto incluye capacidad para coordinar decisiones sobre el uso del suelo, la gestión de recursos naturales y las inversiones en infraestructura en áreas metropolitanas.
En LAC, apenas la mitad de las áreas urbanas tienen organismos de gobierno unificados. Esto dificulta la implementación de políticas regionales y socava el éxito de las medidas de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, la gestión forestal necesaria para reducir los riesgos de incendios de bosques depende a menudo de jurisdicciones diferentes -tanto a nivel nacional y subnacional- que no dialogan o coordinan con las regiones urbanas más propensas a afectarse por estos incendios.
En contraste con las dificultades de coordinación metropolitana, el diálogo internacional es un área en la que las ciudades de LAC han sido pioneras. Desde tan temprano, como tras la Conferencia de Río de 1992, muchas ciudades de la región han estado a la vanguardia de la cooperación internacional en cuestiones ambientales globales. Muchos de los acuerdos más efectivos para promover prácticas sostenibles son establecidos por ciudades. Por ejemplo, las redes del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40, la Alianza de Ciudades Carbono Neutral (CNCA), el Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía y las 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller.
Construyendo ciudades para el futuro
En la región, la implementación efectiva de regulaciones ambientales en el ámbito urbano se ve obstaculizada por la ocupación informal de tierras y la falta de recursos financieros de los gobiernos locales. Es aquí donde la cooperación para el diálogo, el conocimiento técnico y el apoyo financiero del Grupo BID pueden desempeñar un papel decisivo para el futuro de nuestras ciudades. En la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID apoyamos y asesoramos a las ciudades de LAC en la implementación de políticas y estrategias climáticas, así como en la coordinación a nivel metropolitano y regional. Creemos que el desarrollo de una gobernanza regulatoria verde es fundamental para garantizar un futuro urbano sostenible en la región. Con la colaboración de diferentes actores y el compromiso de las autoridades locales, podemos construir ciudades más resilientes y habitables para las generaciones futuras.
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