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Una de cada cinco viviendas urbanas en América Latina y el Caribe (ALC) se ubica en asentamientos informales, y dos tercios de las personas que migran a áreas urbanas de ALC se establecen en estos barrios (Banco Interamericano de Desarrollo, 2021). Estos residentes suelen tener ingresos bajos e inestables, siendo sobrerrepresentados los hogares liderados por mujeres, personas indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad (Banco Interamericano de Desarrollo, 2021).
La infraestructura deficiente de los barrios informales amplifica los impactos negativos de los desastres naturales y la contaminación. Las viviendas sobrepobladas e inestables y el acceso limitado a servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad aumentan la exposición de los residentes a los efectos directos e indirectos de los riesgos naturales, incluidas las enfermedades transmitidas por el agua (Kim et al., 2022). Además, el calor excesivo asociado al cambio climático puede exacerbar los efectos nocivos de la contaminación en los residentes (Satterthwaite et al., 2022).
Vivir en barrios informales hace que los residentes sean altamente vulnerables a los impactos tanto de los desastres naturales como de la contaminación ambiental. Por ejemplo, las fuertes lluvias de verano a menudo provocan desbordes de alcantarillas e ingreso de agua a las viviendas (Libertun et al., 2021). Estos barrios suelen estar ubicados en áreas de alto riesgo propensas a deslizamientos de tierra, como terrenos con grandes pendientes, partes altas de colinas o llanuras aluviales de ríos. Entre 2004 y 2013 se registraron 611 deslizamientos de tierra, causando 11,631 muertes en 25 países de ALC. Las fatalidades fueron significativamente más altas en barrios informales, con un 81 por ciento de las muertes ocurriendo en estas áreas a pesar de que solo el 41 por ciento de los eventos fatales de deslizamientos de tierra ocurrieron allí (Sepúlveda and Petley, 2015). En São Paulo, Brasil, un estudio de 2016 encontró que el 48 por ciento de los deslizamientos de tierra ocurrieron dentro de los 100 metros de los asentamientos informales, y el 82 por ciento dentro de los 300 metros (Perez y Martins, 2016).
Las vulnerabilidades de los asentamientos informales ante los desastres naturales se ven exacerbadas por su exposición a la contaminación ambiental. Un artículo en Oxford Development Studies de Ann Mitchell y Mariano Rabassa de la Universidad Católica Argentina, titulado “Inequality in environmental risk exposure and procedural justice in the Matanza-Riachuelo River Basin”, examina este problema analizando una de las cuencas fluviales más industrializadas y contaminadas de Argentina y una de las más contaminadas a nivel mundial (Blacksmith Institute & Green Cross Switzerland, 2013). La Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR), hogar de 4.7 millones de personas (10 por ciento de la población de Argentina), ha sido objeto de un plan de remediación ambiental introducido en 2010 (ACUMAR, 2010).
La literatura de justicia ambiental sugiere que los objetivos de equidad social y cuidado ambiental están interconectados. Esta conexión depende de qué sectores socioeconómicos están inicialmente más expuestos a las cargas ambientales (Mohai et al., 2009) y de la justicia procesal, es decir, en qué medida diferentes grupos pueden participar en los procesos de toma de decisiones que determinan la distribución de estas cargas (Banzhaf et al., 2019). Estos conocimientos dieron forma al doble enfoque del artículo.
El documento utiliza datos a nivel de distrito censal y un modelo de regresión espacial para analizar la correlación entre pobreza multidimensional y tres tipos de riesgos ambientales: incidencia ambiental de establecimientos productivos, vertederos a cielo abierto y proximidad a la contaminación de aguas superficiales. Los autores construyeron la medida de pobreza multidimensional utilizando el método de Alkire y Foster (2011) y datos censales a nivel de hogar (INDEC, 2010). El riesgo ambiental de los establecimientos productivos se aproxima mediante el Nivel de Incidencia Ambiental, un indicador calculado por la autoridad regulatoria basado en las declaraciones legales de los establecimientos (ACUMAR, 2018). El estudio encuentra que las áreas con menor pobreza multidimensional enfrentan una mayor exposición a la incidencia de establecimientos productivos, contrario a la percepción generalizada en el caso de la CMR y la investigación de justicia ambiental de países de ingresos altos (Mohai et al., 2009). Sin embargo, este hallazgo concuerda con la investigación de otros países de América Latina (véase Grineski & Collins, 2010; Lara-Valencia et al., 2009; y Habermann et al., 2014). Este patrón parece ser porque en América Latina, los hogares y negocios más prósperos tienden a ubicarse en los centros urbanos con mejor infraestructura urbana y de transporte, mientras que los hogares desfavorecidos ocupan áreas periféricas menos desarrolladas. Por el contrario, el estudio encuentra una correlación positiva y estadísticamente significativa entre pobreza multidimensional y exposición a vertederos a cielo abierto, sugiriendo que la limpieza de vertederos genera sinergias positivas entre equidad social y restauración ambiental. Además, el éxito de los planes de remediación ambiental depende de integrar efectivamente a los residentes locales en el proceso.
Finalmente, te invitamos a seguir explorando cómo el BID promueve barrios mejorados y sostenibles con estas publicaciones. Descubre el impacto de los programas de mejoramiento de vivienda y autoconstrucción en Impacto de los Programas de Mejoramiento de Vivienda por Autoconstrucción: Evidencia para Barrios, donde se presenta evidencia concreta sobre cómo estos programas mejoran la calidad de vida de los residentes. Conoce la evolución de los proyectos de desarrollo urbano en Bairro Diez Años Después, un análisis detallado que destaca los cambios y mejoras logrados a lo largo de una década.
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