Quienes trabajamos en el sector movilidad, al igual que las autoridades y políticos encargados de la toma de decisiones, queremos tener los mejores sistemas de transporte en nuestras ciudades, con flota limpia, comodidad en el viaje, tecnología de punta para mejorar la experiencia de los usuarios, subsidios para los sectores de población que más lo necesitan, y muchas herramientas y condiciones de servicio que faciliten la movilidad de los ciudadanos y nos inviten a todos al uso del transporte público, minimizando, entre otras externalidades, los impactos del transporte en el medio ambiente.
Como todos sabemos, para volver estos sueños una realidad se requieren recursos, generalmente escasos y cuya necesidad se ha incrementado en tiempos de COVID-19, por el impacto drástico que la pandemia generó en la forma como se desarrolla la movilidad urbana, tanto desde el punto de vista del comportamiento de los usuarios, como desde la perspectiva financiera y operacional de los sistemas de transporte. En nuestra edición anterior de El Viaje debe Continuar,evidenciamos cómola capacidad de los sistemas de transporte público se ve reducida por la necesidad del distanciamiento social, condición que ha impulsado cambios importantes. Uno de ellos, es el escalonamiento de horarios para reducir la presión en las horas pico, permitiendo así la reactivación gradual de sectores económicos y por lo tanto la recuperación de usuarios e ingresos por tarifa en los sistemas.
Este distanciamiento social y la sostenibilidad financiera de los sistemas son los dos objetivos esenciales que deben garantizar los equipos técnicos y económicos de todos los entes gestores y autoridades de transporte para hacer viable la movilidad de las ciudades, con más énfasis ahora en tiempos de COVID-19.
Por otro lado, el requerimiento adicional de recursos es el pilar fundamental para lograr estos dos objetivos, pues sin los recursos no se podrá contar con sistemas que respondan al distanciamiento social, ni se logrará la sostenibilidad financiera que es fundamental para garantizar la calidad en la prestación del servicio:
Un camino contrario a esta dinámica de tres dimensiones estaría fomentando los sistemas desorganizados que no ofrecen ninguna garantía de calidad, seguridad ni condiciones sanitarias para los usuarios. Es decir, que, si entendemos la importancia del transporte público en el desarrollo y movilidad de nuestras ciudades, debemos entender la importancia de gestionar los recursos adicionales que se requieren, distintos a los ingresos que llegan por el pago de la tarifa por parte de los usuarios.
En el caso del sistema Transmilenio en Bogotá, la necesidad de recursos adicionales por el efecto del COVID-19 ha pasado de COP1.1 billón de pesos a COP2.1 billones de pesos al año, cifra que depende directamente de la ocupación permitida a bordo de los vehículos y para la cual TRANSMILENIO S.A. ha generado distintos escenarios dada la incertidumbre que aun rodea los protocolos de distanciamiento a bordo de los vehículos.
FET: Fondo de Estabilización Tarifaria
En los últimos años en Colombia hemos sido conscientes de la necesidad de recursos distintos a los ingresos por tarifa, y en términos de política pública hay avances importantes al respecto, como eliminación en el año 2015 del criterio de autosostenibilidad establecido en la Ley 86 de 1989, la incorporación de los fondos de estabilización tarifaria en la Ley 1753 de 2015 como mecanismo para la cobertura de la tarifa técnica con recursos propios de cada municipio o generados por las fuentes alternativas de financiación a implementar por cada municipio las cuales se incluyeron en la misma Ley 1753 de 2015 y en la Ley 1955 de 2019:
| – Contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público – Cobros por congestión o contaminación – Las multas de Tránsito – (hasta el 60%) – Factores tarifarios al Transporte Complementario |
La Ley 1955 de 2019 incluyó la posibilidad de cofinanciar, por parte de la Nación, vehículos limpios e infraestructura tecnológica para los sistemas de transporte del País, buscando así alivianar la tarifa técnica de los sistemas de transporte.
La implementación de estas herramientas aún es muy incipiente en la realidad de las ciudades y los recursos adicionales requeridos. Incluso antes de la pandemia, tenían fuente en el presupuesto propio local, es decir que para poder garantizar un adecuado servicio de transporte público se afecta la disponibilidad de recursos para otras necesidades muy importantes de nuestras ciudades como son la educación, la salud, la cultura y la vivienda.
Las ciudades colombianas que más han avanzado en la implementación de estas fuentes son Bogotá y Cali:
- Bogotá. Desde 2020 se implementó la posibilidad de pago para poder circular en los horarios de restricción de Pico y Placa y recientemente se aprobó la implementación del cobro del parqueo en vía pública que se tiene previsto iniciar en el segundo semestre de 2021.
- Cali. Se usan para el fondo de estabilización del sistema de transporte masivo, desde el año 2016, el recaudo de las multas de tránsito y el cobro por congestión (pago para evitar el pico y placa). En el año 2018 se aprobaron otras rentas, como el parqueo en vía pública, pero aún no se implementan.
Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la importancia de poner en marcha los planes y proyectos para implementar las fuentes alternativas de financiación, considerando, entre otros, el principio de lograr balance dentro del mismo sector de la movilidad a través de la gestión de la demanda que motive mayores beneficios para los modos que se basan en un uso equitativo del espacio público y que mitigan la huella de carbono asociada a la movilidad, motivando así el uso del transporte público.
En esta edición de El Viaje debe Continuar, hacemos la invitación a centrar esfuerzos en la implementación de las fuentes de financiación que la política pública considera y en otras que podamos vincular al sector, como el Impuesto Nacional al Carbono, que grava el uso de combustibles fósiles[1]. Los impactos generados por el COVID-19 pueden tomarse también como una oportunidad para evidenciar la importancia de estas fuentes y de continuar con el mejoramiento del transporte público en Colombia. Dados los efectos positivos que tiene su uso en salud pública, por el claro impacto en la calidad del aire de reducir el uso de vehículos privados y los niveles de congestión, y la dinámica económica de las ciudades, por la accesibilidad equitativa que pretende para todos los ciudadanos. Estos son efectos que hoy se requieren con mayor urgencia y que el transporte público organizado nos ofrece.
[1] Ley 1819 de 2016
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