Laura es una estudiante de 20 años. Viaja todas las mañanas desde el municipio de Tlajomulco de Zúñiga hacia Guadalajara. De su casa a la parada del primer camión camina quince minutos. Toma un camión más y tarda dos horas hasta la universidad. De regreso en la noche, recoge a su hermano José en el colegio, y tardan más de dos horas hasta su casa.
Laura, al igual que más de 1.400.000 de mujeres, se mueven en transporte público dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la segunda metrópoli de México, en la que habitan más de cinco millones de personas (IIEG, 2017). Desde 2017, Jalisco forma parte del Transport Gender Lab del Banco Interamericano de Desarrollo, una red de ciudades de América Latina y el Caribe comprometidas con la igualdad de género en el transporte. Bajo esta iniciativa regional y con el liderazgo de diversas Secretarías y el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Metropolitano (IMEPLAN), se elaboró el estudio: “Patrones de movilidad de las mujeres en el corredor intermodal del Área Metropolitana de Guadalajara”.
Su objetivo fue conocer las necesidades de movilidad de las mujeres, entender cómo usan del transporte público y la percepción de inseguridad vinculada a la infraestructura. Se estudió un corredor metropolitano intermodal y troncal con la afluencia de la población de cinco municipios metropolitanos.
Dentro de los hallazgos se confirmó que:
- las mujeres son las principales usuarias del transporte público,
- el 50% de usuarias han sido víctimas de alguna agresión,
- las usuarias son diversas, incluyendo mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero, queer, en estado de embarazo, adultas mayores, niñas, adolescentes y con discapacidad.
Ellas usan el transporte para realizar trabajo productivo y de cuidado. La mitad de las usuarias totales realizan dos o tres viajes en cadena, y algunas viajan con personas a su cuidado. Esto implica más tiempo en traslados.

La asequibilidad es otro factor a analizar con lentes de género. El pasaje cuesta 9,50 pesos (USD$0,45). Mujeres como Laura pueden hacer tres o más viajes diarios encadenados, incrementando el costo hasta 38 pesos (USD$1.78) diarios. Cuando ellas viajan con una persona más a su cargo, el costo puede incrementar hasta 76 pesos (USD$3,56).

Muchas son jefas de familia, y tienen restricciones financieras para cubrir los gastos asociados a su movilidad y la de sus dependientes.

Estudiantes -como Laura-, trabajadoras remuneradas y cuidadoras no remuneradas sufren el mayor número de agresiones en su movilidad. Las usuarias sufren más agresiones al interior de las unidades, seguido de los trayectos desde que bajan del transporte hasta sus destinos. El riesgo de violencia en el transporte y en los trayectos crece dada la iluminación inadecuada, calles y andenes destruidos o de difícil acceso. El 31,2% de usuarias modificaron sus traslados y rutinas por seguridad.

Específicamente, existen obstáculos en los paraderos que limitan el acceso de las mujeres a un transporte público seguro, accesible y eficiente. Son percibidos como puntos de riesgo, al estar solos, mal ubicados y oscuros. Además, la falta de certeza a los tiempos de espera, las hace sentir más expuestas. La mayoría considera que las paradas deberían ubicarse en las esquinas de las calles (66,3%), seguidas por un 31,6% que prefiere que se ubiquen a media cuadra.
Las principales recomendaciones para planear y gestionar el sistema de transporte en el AMG son:
- Infraestructura urbana:
- mejorar las condiciones del entorno – iluminación pública-, y retirar obstáculos a la visibilidad generados por vegetación; y
- rehabilitar o construir paradas seguras.
- Operación del transporte:
- aumentar la frecuencia de paso del transporte público;
- mejorar la atención en horas pico;
- revisar y mejorar procesos de contratación y entrenamiento de conductoras/es.
- Coordinación institucional:
- diseñar e implementar políticas con perspectiva de género y programas que promuevan la participación femenina;
- promover mecanismos de cooperación y coordinación entre los niveles de gobierno (local, metropolitano y estatal), con la sociedad civil y la academia.
- Inversión y presupuestos: destinar recursos financieros, económicos y humanos para implementar y reforzar iniciativas contra la violencia basada en género en el espacio y el transporte público.
Con base en estas recomendaciones, el Estado de Jalisco está trabajando con la Embajada Británica para crear paraderos incluyentes que respondan al contexto y a las necesidades de los y las usuarias. Esta iniciativa incluye un componente de generación de información y datos, entre otros, sobre las frecuencias de paso del transporte. Además, el IMEPLAN está construyendo una norma técnica de paraderos para que los municipios sigan parámetros con perspectiva de género en sus diseños. Igualmente, la encuesta origen-destino incluyó variables que incorporan la perspectiva de género para replantear estrategias de movilidad. Considerando los problemas de asequibilidad financiera, Jalisco lanzó un programa de tarifa social para mujeres y niñas. Es así cómo el estudio ha servido para implementar de manera amplia la perspectiva de género en variados aspectos de la movilidad.
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