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Las otras elecciones de los Estados Unidos: más o menos mano dura

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Una traducción al inglés está disponible aquí

Si está esperando otra nota más sobre el resultado de las elecciones y el nuevo presidente de los Estados Unidos, o las implicancias para América Latina, vuelva a CNN porque se va a decepcionar con este post.

En las elecciones del martes pasado de los Estados Unidos también se votó sobre justicia penal. Al margen del resultado sobre la presidencia y la composición de las cámaras, en esta encendida elección también se votaron 154 consultar populares en 35 estados: desde el  uso de la marihuana hasta la pena de muerte.

Muchas de las consultas están relacionadas con temas de seguridad ciudadana, que comentaremos en dos entradas. En esta entrada discutiremos las elecciones en materia de justicia criminal que, para sorpresa de muchos, ganaron propuestas que tienden a disminuir la tasa de encarcelamiento por delitos menores, con el fin de descongestionar el sistema penitenciario. En la siguiente entrada discutiremos sobre los resultados en torno de la pena de muerte, control de armas, uso de la marihuana y asistencia a las víctimas.

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Medidas para reducir el costo del encarcelamiento

Como comentamos en este post anterior, Estados Unidos tiene la mayor tasa de encarcelamiento del mundo: 612 por 100,000 habitantes en 2014 (Bureau of Justice Statistics, BJS) y en consecuencia los costos del encarcelamiento son cuantiosos. Si estimamos los costos directos del encarcelamiento debemos considerar por un lado el gasto público en la administración de las prisiones y por el otro, el costo social de tener un gran número de personas privadas de libertad que en su gran mayoría no realizan actividades productivas para la economía del país. En un estudio sobre innovaciones en los costos del crimen en América Latina y el Caribe que publicaremos muy pronto, estudiamos también los costos del crimen en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Según nuestras estimaciones, el costo del sistema penitenciario es en torno de 1% del PBI del país (la mitad corresponde a gasto público en administración de prisiones y la otra mitad al costo social por el ingreso no generado de los privados de libertad).

Frente a este desafío, algunos estados han votado por algunas alternativas que buscan aliviar el problema del alto costo del encarcelamiento en el país.

California: Proposición 57 expande las oportunidades de libertad condicional, con 65% a favor. El estado de California es el que tiene una de las mayores poblaciones penitenciarias: con 136,088 privados de libertad se ubicaba solo después de Texas (166,043 presos) en 2014 (BJS). La Proposición 57 establece que los delincuentes que han cometido delitos no violentos y tienen buen comportamiento (considerados de bajo riesgo) pueden tener el beneficio de la libertad condicional. Asimismo pueden acceder al beneficio de sumar créditos que les permitan una salida anticipada de la prisión si participan de programas de rehabilitación y educación durante su sentencia. Además se estableció que sean los jueces, y no los fiscales, quienes decidan cuándo un adolescente mayor de 14 años debe ser juzgado en la corte para adultos.

Oklahoma: Enmienda estatal 780 y 781 reduce penas a delitos menores (a favor: 58.23%). Oklahoma tiene el segundo lugar en el país en tasa de encarcelamiento y la tasa de encarcelamiento más alta para las mujeres. Las prisiones tienen cerca de un 110% de ocupación. La enmienda estatal 780 cambia la clasificación de delito grave a delito menor a la posesión simple de drogas. También cambia la clasificación de los delitos contra la propiedad para determinar su gravedad: ahora se eleva el límite por el cual se considera un delito mayor de $500 a $1.000.

Con estas dos modificaciones se anticipa que se reducirá el ingreso a la prisión por posesión de drogas y por delitos contra la propiedad, y por ello la enmienda estatal 781 dirige el ahorro en costos penitenciarios de la enmienda 780,  a un fondo especial que se distribuirá a los condados para proporcionar servicios de salud mental y por abuso de sustancias. Vale mencionar que el estado de Oklahoma tiene la segunda tasa más alta de adultos con enfermedades mentales graves, pero ocupa el número 44 en los Estados Unidos en el financiamiento del tratamiento de dichas enfermedades.

Nuevo México: Enmienda 1 expande la concesión de libertad bajo fianza a personas de bajos recursos y quita esa concesión para delincuentes peligrosos. Esta enmienda cambiará la constitución del estado de Nuevo México. La nueva disposición concede la libertad bajo fianza a las personas de bajos recursos que en la actualidad podrían tener ese beneficio pero no pueden solventarlo. Este es un gran paso en reforma judicial e igualdad de acceso a la justicia. La enmienda también le otorga  a los jueces estatales la posibilidad de no otorgarle el beneficio de libertad bajo fianza a aquellos criminales en detención previsional a la espera de juicio si ellos consideren que son demasiado peligrosos (en el pasado los defendidos tenían el derecho a la fianza en este y en la mayoría de los estados). Se conserva de todos modos la posibilidad de libertad condicional a los detenidos sin condena que se consideran de bajo riesgo.

Lo interesante es que las tres consultas populares van en el sentido de una reforma judicial para realizar un mejor uso de los recursos públicos y tener una política penitenciaria más racional, sin independiente del resultado a nivel presidencial, poniendo en evidencia que las iniciativas cuentan con el apoyo de conservadores y demócratas. En la próxima entrada les contaremos los resultados de las consultas sobre otros temas clave de seguridad ciudadana, que no siempre van en esta misma dirección, como el rechazo a la abolición de la pena de muerte.

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Foto: Flickr CC bishib70

Laura Jaitman
Sobre el autor
Laura Jaitman is an economist in the Research Department of the Inter-American Development Bank. She previously coordinated research for Citizen Security and Justice at the IDB. Her principal areas of research are the economics of crime, the evaluation of policies to prevent and reduce crime, and political economy. Before joining the IDB, she worked for a decade as a consultant to the World Bank, the IDB, and J-PAL in the evaluation of the impact of public policies in different countries of Latin America. Jaitman holds a Ph.D. in Economics from University College London; a Master's in Economics from the University of San Andrés, Argentina, and a Bachelor's in Economics from the University of Buenos Aires.
  1. julio becerra Reply

    hola, seria interesante sera monitorear los cambios de personas adictas a drogar. es decir si aumenta o disminuye, observar la dinamica de delitos patrimoniales, mi pronostico es que aumentaran las adicciones y en cadena tambien los delitos patrimoniales, el robo en gran medida es ocasionado por adictos para comprar dosis.

    excelente articulo, felicidades¡¡¡

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