La crítica situación de los sistemas penitenciarios de adultos se replica para menores en América Latina y el Caribe (ALC). En Centroamérica, la tasa de menores de edad privados de libertad es cuatro veces mayor a la tasa promedio europea.
En otros países de la región, el marco legal para la rehabilitación de menores data de los ochenta. En otros casos, se implementó una baja en la edad de punibilidad, lo que podría ser una medida regresiva de acuerdo con UNICEF para la rehabilitación y reinserción social de los menores.
El desafío es mayor cuando los menores tienen contacto con el sistema penal y su situación futura puede deteriorarse por la aplicación de políticas punitivas. ¿Existe algún país donde el Estado asuma su papel de garante de los derechos que tienen los menores?
La experiencia de Italia: modelo de reinserción social
Italia es un modelo en la reinserción social para menores y a partir de los años ochenta pasó de un sistema punitivo a uno reeducativo con un proceso diferenciado de rehabilitación para los menores.
La clave para su evolución fue el reconocimiento de las diferentes causas que originan el comportamiento delincuencial juvenil versus el de adultos; así como la necesidad de actuar de manera preventiva por parte del Estado y su responsabilidad para reemplazar a la familia, cuando ésta no es adecuada para el cuidado y educación de los menores.
Por ello, el sistema de justicia replanteó la finalidad de los programas de tratamiento para menores en conflicto con la Ley Penal, el cual debería lograr su reinserción en la sociedad.
En 1984, la Corte Constitucional enunció la utilización de la detención como la última medida para los menores que cometen un delito, previendo una lista de nuevos instrumentos legales como el perdón judicial, en caso de ser posible, sanciones sustitutivas, la detención domiciliaria en lugar de la cárcel, entre otros.
Asimismo, el actual sistema de justicia para menores está suscrito a las “Reglas de Beijing” de las Naciones Unidas para la administración de la justicia a menores de 1988. A partir de éstas, Italia promulgó un Decreto Presidencial definiendo la opción de reclusión de un menor como medida extrema.
¿Cómo logró Italia implementar el modelo?
El modelo italiano promovió una amplia sensibilización a los jueces para poner a prueba al menor, antes de optar por la privación de su libertad. Esto consistía en ponerlo a prueba bajo un régimen estricto de supervisión con un plan individualizado para cada caso. Esta libertad a prueba, que se analiza caso por caso, consiste en una renuncia provisional del Estado al juicio para darle una oportunidad de prueba al menor para lograr un comportamiento positivo.
La rehabilitación y reinserción social de menores implementado por Italia implica un trabajo coordinado e individualizado de jueces, trabajadores sociales, personal de seguridad, psicólogos, personal del sistema educativo local y de comunicación de la mano con las familias de los menores.
También en el modelo está involucrado el sector privado con alianzas público-privadas y quienes aportan capital semilla para desarrollar iniciativas productivas a través de talleres que sirvan para la sostenibilidad financiera del programa. Por ejemplo, el centro de Palermo tienen una empresa conocida como “Atrapado con las manos en la masa: Si no lo prueba, no lo juzgue”, con resultados positivos.
Video: Una mirada al sistema penitenciario para menores en Italia
El modelo italiano se apoya en las siguientes modalidades para la rehabilitación de menores en conflicto con la Ley Penal:
- Centros de Primera Acogida. Se proporciona hospedaje provisional al menor en espera de la audiencia de convalidación, para evitar su entrada en la cárcel. Cuando el menor recibe su programa individualizado de prueba pasa al siguiente tipo de instalación (las “Comunidades”).
- Comunidades ministeriales. El menor reside en instalaciones durante la ejecución de su plan alternativo a la prisión. En estas comunidades los menores reciben un programa educativo que tiene en cuenta sus necesidades particulares y su contexto familiar y social. Asimismo, colaboran diferentes profesionales, como trabajadores sociales y mediadores culturales.
- Comunidades privadas no gubernamentales. Son asociaciones privadas generalmente conformadas por trabajadores sociales y psicólogos, financiadas por el Ministerio de Justicia. Generalmente se asignan entre 10 a 12 menores por comunidad. El Ministerio de Justicia establece las condiciones que deben cumplir estas organizaciones y supervisa su gestión y resultados desde la Oficina de Servicios Sociales Juveniles.
- Centros diurnos. Son espacios no residenciales que ofrecen actividades dirigidas a los menores en cumplimiento de medidas alternativas a la detención. Incluyen servicios educativos y de formación para el trabajo, pasantías laborales supervisadas, así como un catálogo de actividades recreativas y de uso del tiempo libre.
- Institutos Penales para Menores. Cuando los menores tienen una suspensión del proceso a prueba o es requerido que su medida sea cumplida en privación de libertad, los acogen en los Institutos Penales para Menores. En estos centros el personal está capacitado para atenderlos, incluyendo una formación especializada para los custodios. Un rasgo diferenciador respecto a los sistemas de menores en ALC, es que en Italia el personal involucrado con el proceso rehabilitador no porta uniforme, lo que facilita el acercamiento con los menores y la mediación en conflictos.
La rehabilitación de menores en América Latina y el Caribe
En los últimos años, los países de la región y las autoridades penitenciarias han realizado un esfuerzo para modernizar los modelos de rehabilitación para menores. El BID está trabajando con los países en programas para ofrecer una segunda oportunidad a los menores como es el caso del modelo implementado en el Centro de Cumplimiento de Pacora, o los modelos de rehabilitación para menores en Paraná, Espíritu Santo y Rio Grande Do Sul en Brasil. En el caso de los modelos de rehabilitación para adultos, se destaca el caso de Costa Rica de las Unidades de Atención Integral o el programa Yo Cambio en El Salvador.
Siguiendo el modelo de rehabilitación para menores de Italia, la Cooperación Italiana y el BID trabajaron en un piloto en El Salvador para menores incluyendo el fortalecimiento del personal, planes psicosociales; el involucramiento de la familia y alianzas con el sector privado para la rehabilitación del menor.
Es urgente reconocer el gran desafío que impone para la región promover modelos de rehabilitación que incluyan tratamientos diferenciados e individualizados para personas en conflicto con la Ley Penal, especialmente menores. El modelo italiano es una experiencia valiosa para la región ya que ha demostrado los beneficios para el menor al recibir un tratamiento reeducativo en lugar de uno punitivo. Asimismo, se ha demostrado el valor que conlleva la participación del sector privado, donantes, sociedad civil y en especial los familiares, para ofrecerles una segunda oportunidad.
excelente articulo
Estimada Karelia Villa y Andrés Restrepo, por este medio quiero destacar la contribución que realizan desde este portal del BID, al conocimiento y difusión de las buenas prácticas en políticas penales generales.
Estos contenidos contribuyen a la comunidad judicial y penitenciaria de la región, estableciendo una visión superadora de las políticas y los establecimientos para la detención de las personas privadas de su libertad.
Gracias
Hola Karelia y Andrés, me gustaría contarles una experiencia muy valiosa en formación de Emprendedores Sociales desde la temprana edad, lo experimente en una institución educativa de bajos recursos, durante tres años con estudiantes de 1º al 3er año de educación secundaria (hombres y mujeres), que dio buenos resultados y la mayoría de estudiantes, ahora apoyan a sus padres. Creamos un proyecto de emprendimiento, con 20 socios, nuestra meta es un proyecto que beneficie a la IE, desarrollamos un programa de sensibilización, luego desarrollamos un plan de capacitación en temas de negocios y procesos productivos o de servicios, luego ya ellos trabajan en multiples actividades bajo la supervisión de un(a) docente, durante 9 meses. Este actividad,. tuvo buenos resultados y podría servir como modelo en prevenir y reducir la delincuencia juvenil, el pandillaje entre nuestros jóvenes. El 2020 volvere a reiniciar este proyecto, que por motivos de estudios lo deje, un gran abrazo. Soy Administrador de profesión, profesor universitario, con estudios de posgrado en agronegocios, estudios de GPRyD de gobiernos subnacionales, estudios en desarrollo económico y social en Corea del Sur. Tengo mucha experiencia en el sector minero metalúrgico, energía, zona franca y finanzas.
Dar la oportunidad de rehabilitación a los y las jóvenes que han tenido faltas con la comunidad, es dar una oportunidad a la sociedad de tener progreso humano,. Sólo eso es ya, una ganancia increíble.
Esperemos que estas experiencias tan valiosas puedan ser emuladas en nuestros países latinoamericanos, especialmente en mi país Costa Rica.
Todo por nuestra juventud en riesgo
Excelente
Hola, trabajo en el Sistema Nacional de inversión Pública de Uruguay. Ayude al http://www.inisa..gub.uy en Uruguay a Formular y Evaluar su proyecto de inversión para la construcción de un nuevo Campus SocioEducativo en Uruguay. Quisiera poder contactarme con los autores de este trabajo para compartir la experiencia y a su vez conversar sobre algunas inquietudes y aportes que tengo.
Un articulo sumamente interesante, personalmente apoyo iniciativas de este tipo y ojala en nuestro pais pueda implementarse este modelo de rehabilitacion de menores., lo cual es la mejor plataforma para la disminucion de la delicuencia y re insercion de jvenes productivos a la sociendad, devolviendo a las familias mas deblies la esperanza y fé en la verdadera justicia .social.
Agradecemos la información y nos place saber que en Uruguay el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) coincide con la visión de trabajo de Italia, De ello da cuenta la creación de un modelo de trabajo para los medidas no privativas de libertad que ha permitido acortar la brecha con el otrora uso excesivo de las medidas privativas de libertas. Del mismo modo el trabajo con las familias y el desarrollo de políticas transversales de intervención de carácter público e involucrando a la sociedad civil , y a las empresas ha dado sus frutos. Uruguay no sólo bajo el número de adolescentes judicializados sino también que ha concretado un cambio cultural desarrollando programas en estricta consonancia con toda la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos y respeto por la dignidad de los adolescentes. Para la hoja de ruta 2020- 2025 establece la necesidad de aumentar la edad de imputabilidad a 14 años dentro de una serie de valiosas recomendaciones.
La población penal juvenil, al igual que la población penal femenina, representan un porcentaje muy bajo del total de la población penitenciaria de aquellos países que tienen en un solo sistema a los menores. Esa causa, genera que las necesidades de estos se vean en un segundo momento, o , las mismas se observen sin la urgencia necesaria.
Lo cierto es, que el trabajo con la población menor criminalizada es complejo, dado que sus delincuencias derivan de factores enraizados en la cultura y en la falta de oportunidades orientadas a superar las circunstancias estructurales y de coyuntura que afectan su desarrollo social . En estos casos las alianzas con actores externos ( empresa privada y organismos no gubernamentales), adquieren una dimensión estratégica, sin embargo, en nuestros países la intervención de lo privado en lo público no se ve con buenos ojos. La mayoría de nuestros países latinoamericanos, poseen instituciones de detención para menores, la mayoría en internamiento y ,uy pocos en programas alternativos a la prisión.
El caso de Costa Rica es especial en este sentido, la mayoría de población penal juvenil se encuentra en programas abiertos administrados por el Ministerio de Justicia y Paz y un número superior a la centena en programas cerrados o socio educativos. Este último programa ha tenido que lidiar con las características de las instalaciones y con la adecuación de estas a las necesidades de los menores, sin embargo, los niveles de éxito han estado marcados por una escolarización de la población positiva, por un reconocimiento de este esfuerzo por parte de autoridades gubernamentales a través de premios y facilitación de recursos educativos.
Es evidente que aún faltan acciones, para involucrar a la comunidad organizada, en los procesos de tratamiento y de gestión institucional, así como una mayor diversidad de programas de tratamiento extramuros.
HOLA, SOY ABEL CALIVA, LIC. EN CIENCIA POLITICA, SOY SUB COMISARIO DE LA POLICA Y SOY ESTUDIANTE DE MG. EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA. ACTUALMENTE ESTOY IMPULSANDO UN FUERTE CAMBIO DEN EL SISTEMA O MODELO DE SEGURIDAD “PUBLICA” EN MI PROVINCIA LA RIOJA-ARGENTINA, SI BIEN TENGO BASTANTE INFORMACIÓN SOBRE LOS NUEVOS PARADIGMAS EN SEGURIDAD CIUDADANA, ME GUSTARÍA CONTAR CON VUESTRAS EXPERIENCIAS EN DIFERENTES PARTES DE LATINOAMERICANA. CON RESPECTO AL PRESENTE ARTICULO QUISIERA APORTAR UN DATO INTERESANTE. YO EN 2003 TRABAJE CON JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL POR LO CUAL SE ABORDARON DIFERENTES POLÍTICAS PUBLICAS EN ESTAS MATERIAS, PERO LO QUE YO NOTE, ES QUE SIEMPRE SE DEJO DE LADO UN ASPECTO FUNDAMENTAL QUE ES LA PARTE AFECTIVA ESPIRITUAL, NUNCA SE COMPROMETIÓ A LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, SIEMPRE SUPE QUE SERIA FUNDAMENTAL LLEVAR A ESTOS JÓVENES A RETIROS ESPIRITUALES DONDE PUDIERAN REAFIRMAR LOS VÍNCULOS CON SUS PADRES DESDE EL ASPECTO ESPIRITUAL. LES DEJO LA INQUIETUD. MUCHAS GRACIAS
Es muy interesante como estrategia: el proceso de reeducación, creo que puede aplicarse a muchos ámbitos, para modificar conductas.
Cómo es de importante una política pública que no solo piense en la solución más rápida para los menores de edad que buscan los caminos de la delincuencia, si no por el contrario que posibilite su rehabilitación a tiempo en la sociedad; para empezar el término “Menores en conflicto con la ley penal” resulta muy acertado y dista de los utilizado en mi país.
Excelente artículo, aplicable o por lo menos a ser tomado en cuenta en el diseño de políticas públicas a nivel nacional y local, que permita salir del esquema punitivo a sancionador arrastrado desde la República en nuestros Países.
Si es verdad que este modelo funciona para evitar reincidencia, pero la reinserción social solo debe aplicarse para menores que cometen delitos leves como robo u otros, no los que cometen delitos graves e irreparables como asesinato, sicariato o violación (buena parte de las veces a otros menores), en estos casos graves si deben ser JUZGADOS COMO ADULTOS y recibir una condena proporcional al daño.
Aquí en Perú no tenemos un modelo punitivo fuerte para lo menores (no se le puede juzgar como adulto), y emos visto los resultados en los casos de menores que cometieron delitos graves.
El resocializar a criminales(menores) que cometen delitos graves e irreparables es una injusticia para las víctimas inocentes y una violación a sus derechos humanos al permitir prácticamente la impunidad de sus crímenes, un menor esta consciente de sus actos de lo bueno y lo malo y hasta la psicología lo demuestra con el efecto Flynn (incremento generacional de la inteligencia); además estos desarrollan rasgos psicopáticos (carencia de conciencia) que según los mismos psicólogos son casi imposibles de curar aumentando el peligro de que en libertad vuelvan a cometer crímenes graves.
La justicia debe ser imparcial y que un menor haya crecido en condiciones muy desfavorables (pobreza, exclusión, violencia) no justifica el que se deba dejar en impunidad sus crímenes viendo como en la realidad la mayoría de jóvenes y personas que han sufrido estas condiciones de vida jamás cometen crímenes de ese tipo.
Es un excelente trabajo. Buena información. Nos lleva a la reflexión sobre un tema candente en muchos países de latinoamérica. Considero que el modelo planteado, en nuestra provincia (La Pampa-Argentina), ha sido asumido y se encuentra en etapa experimental. No obstante, considero oportuno consignar que el nombramiento tanto de las autoridades a cargo de las Instituciones,como los profesionales y técnicos responsables de la reeducación de los niños y jóvenes, tienen que tener una rigurosa selección, no solo de índole académica, sino sobre las capacidades prácticas profesionales. El Estado, debe ser un garante y estar presente siempre, tanto en el acompañamiento como en el control de gestión. Soy de la idea que el amor por el prójimo debe ser un valor primario y adopto una opinión que virtiera anteriormente un colega: el apoyo espiritual es fundamental…sin ello es imposible la rehabilitación social…