Qué conclusiones sacamos de nuestra Semana de Seguridad Ciudadana 2017 en Colombia

Nuestra experiencia nos ha mostrado la importancia de crear espacios que faciliten el intercambio de ideas, experiencias y conocimiento entre tomadores de decisiones, investigadores académicos, y activistas de la sociedad civil. Este encuentro es fundamental para buscar soluciones comunes que ayuden a prevenir la violencia y la delincuencia en la región.

Semana de la Seguridad

Iniciada hace nueve años, la “Semana de Seguridad” se ha convertido en un espacio de intercambio en el sector. Inicialmente, la Semana de Seguridad era un espacio para expertos y autoridades, llamada Clínica de Seguridad Ciudadana. A partir de 2012, esta actividad se ha combinado con un diálogo de autoridades, con ministros y viceministros de seguridad. Ambos eventos, reconstituidos como la Semana de la Seguridad, han hecho posible la capacitación de más de 2.000 latinoamericanos y caribeños en la gestión de la seguridad y la justicia, constituyéndose en el evento de diálogo principal del Banco en el sector de seguridad ciudadana.

Videos, fotos y presentaciones de la Semana de Seguridad

Por ejemplo, se han analizado el modelo de prevención de violencia Juvenil en Jamaica. En El Salvador vimos el modelo de recolección de datos estadísticos del sistema penitenciario SIPE, y en Chile, la implementación de asociaciones público-privadas en el sistema penitenciario y la Política Integral de Seguridad Ciudadana junto con el modelo policial de Carabineros.

En Colombia tuvimos la oportunidad de analizar los modelos de gestión local de la seguridad ciudadana implementados por Medellín y Bogotá y el Plan Cuadrante y la intervención en zonas críticas por parte de la Policía Nacional, entre otros.

Nuestra Semana de Seguridad Ciudadana 2017 fue organizada conjuntamente con la Vicepresidencia de la República de Colombia y las alcaldías de Bogotá y Medellín. El tema de discusión se centró en los retos que enfrentan los gobiernos para generar legitimidad y confianza en la ciudadanía, en la consolidación de las políticas públicas de seguridad ciudadana y justicia en la región.

En el Quinto Diálogo Regional de Política se realizó en Bogotá y reunió a 18 jefes de delegación[1] para discutir los retos que enfrenta América Latina y el Caribe en materia de seguridad ciudadana y justicia, especialmente en la legitimidad y confianza.

La Novena Clínica de Seguridad Ciudadana, que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín y que contó con la participación de cerca de 600 asistentes, entre ellos representantes de 10 gobiernos nacionales[2], donde se intercambiaron diferentes experiencias y lecciones aprendidas sobre cómo abordar los retos a la seguridad y convivencia ciudadana que enfrenta la región.

Durante la Semana, se concluyó que se necesitan cinco elementos básicos para construir legitimidad y confianza con la ciudadanía en la gestión de políticas públicas de seguridad ciudadana. Estos ayudan generar un círculo virtuoso para fortalecer la construcción de institucionalida.

1. Como principio básico, debemos poner en el centro de la construcción de políticas públicas, el buen servicio al ciudadano.  El poder de las instituciones sólo es efectivo si se incluye en sus decisiones el consentimiento de los gobernados.
2. La seguridad ciudadana, va más allá de la reducción del homicidio, ya que también es importante trabajar en la reducción de conflictos urbanos y delito común, que nos permita tener mejores niveles de convivencia ciudadana a nivel local.
3. Atender de manera integral los problemas de inseguridad con las capacidades policiales y de justicia, de la mano de grandes esfuerzos en materia de inversión social que permitan mitigar los riesgos sociales que convergen en las dinámicas de crimen, delitos y cultura de la ilegalidad, y reducir los espacios de riesgo de vinculación del menor infractor al crimen y el delito.
4. Generar un mayor apoyo a las administraciones locales para liderar y atender los problemas de seguridad, garantizando el liderazgo de las autoridades locales, en estrecha coordinación con la policía. Son estos actores, los que deben estar en primera línea en la implementación de las políticas públicas de prevención social de la violencia.
5. Garantizar la preservación de los Derechos Humanos tanto de víctimas como de victimarios. Para ello, se requiere abordar de manera integral los problemas del sistema penitenciario y de resocialización del delincuente, en condiciones dignas de reclusión y con acciones efectivas para evitar la reincidencia delictiva.

Eventos paralelos durante la Semana de Seguridad 2017

• En el marco de la Semana, se llevaron a cabo distintas visitas de campo y eventos paralelos. Los participantes fueron testigos de la experiencia de recuperación de seguridad y convivencia en zonas afectadas por altos índices de criminalidad como fue el caso del área del Bronx en Bogotá y de las comunas 8 y 13 en Medellín.
• También se realizó un café conversatorio en Bogotá en el que se exploró y visibilizó el rol que juegan las mujeres líderes en las políticas públicas de seguridad ciudadana, así como en la definición e implementación de políticas de convivencia y construcción de paz durante la etapa del posconflicto.
• Asimismo, durante un desayuno en la ciudad de Medellín, se presentaron los resultados de los estudios realizados por el BID en coordinación con el Wilson Center sobre investigaciones cualitativas y cuantitativas para abordar el problema de violencia domestica contra la mujer y su incidencia en la seguridad y convivencia.

Durante esta Semana tuvimos un espacio privilegiado de dialogo, discusión, formación e intercambio de experiencias en materia de Seguridad Ciudadana. Nos motiva constatar el reconocimiento y valor que los países, expertos y sociedad civil dan al aporte del Banco por su apoyo para enfrentar este reto.

En este sentido, nos es grato compartirle el enlace a las presentaciones y fotos de la Semana de Seguridad 2017: http://bit.ly/SemanaSeguridad2017

 

[1] Países: Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Cargos: 5 ministros, 2 viceministros, 1 secretario, 1 Embajador, 4 directores, entre otros.

[2] Países: Belice, Colombia, Chile, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay.