Parte de una serie de blogs basados en la publicación Haciendo de las ciudades lugares más seguros: Innovaciones sobre seguridad ciudadana en América Latina
Si bien las ciudades de Colombia aún se ubican entre aquéllas con las tasas más altas de asesinatos en América Latina, en las décadas recientes, el país se ha convertido en un destacado punto de referencia en el ámbito de reducción y prevención de la violencia urbana. En 2015, Colombia registró 22,8 asesinatos cada 100.000 habitantes, alcanzando así su índice más bajo en 30 años.
En las últimas décadas se transfirieron más poderes a las ciudades al redefinir la función de los alcaldes, otorgándoles un papel más fuerte y guiando las actividades de policía.
Por primera vez, las ciudades apoyaron programas de policía comunitaria más eficaces y efectivos (centrados en las zonas calientes y con claros indicadores de éxito), además de horarios provisorios de cierre de los bares y restricciones en el consumo de alcohol con el fin de reducir los delitos a altas horas de la noche.
Muchas de estas intervenciones conjugaba la prevención con una actividad policial local más eficaz y efectiva. Los alcaldes alinearon las prioridades definidas por localidades con aquéllas de la policía, bajo el control de las autoridades nacionales. Si bien los alcaldes pueden, en principio, definir las políticas de seguridad pública, los comandantes de la Policía Local no les reportan directamente a ellos. Desde comienzos de los ‘90, los alcaldes han ido articulando estrategias para trabajar de manera efectiva con la policía, incluyendo la asignación de más fondos locales para ayudar a apoyar a la policía en las iniciativas respaldadas por los líderes locales.
Estos cambios ocurridos en el contexto de las políticas locales y nacionales estuvieron acompañados por importantes reformas en el seno de la policía. Tales reformas incluyeron el modo en que las fuerzas de policía interactuaban con la población, las medidas disciplinarias que adoptaban, y los enfoques aplicados para el uso de los datos a fin de controlar la criminalidad. De este modo, las fuerzas policiales atravesaron una importante reestructuración. Cabe destacar que estas reformas estuvieron encabezadas por la propia institución, y no fueron producto de la imposición de intervenciones políticas externas. Todo comenzó con la adopción de serias medidas contra la corrupción que dio como resultado la baja de más de 7.000 agentes de policía en 1994, y que continuó en 1995 con la creación del Sistema de Gestión Integral. A pesar de los constantes desafíos, la policía de Colombia actualmente funciona de un modo mucho más efectivo y conforme con las normas internacionales que en décadas anteriores.
El resultado de la convergencia de la restructuración política, la reforma de la policía y la mejora en la situación de la seguridad ha sido una marcada disminución de la violencia en Colombia.
Una serie de principios y políticas generales fueron desarrollados a nivel nacional para guiar la reducción de la violencia en las ciudades de todo el país. Una de ellas fue el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), lanzado en 2010 por la Policía Nacional como parte de esos esfuerzos a nivel nacional. El plan estaba dirigido a las ocho ciudades más grandes del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta. El programa utilizó los aportes y estrategias de la actividad policial orientada a la comunidad y a la resolución de problemas (COP y POP), con el fin de centrarse en construir estrategias colaborativas a nivel micro que permitieran abordar los retos en los barrios.
Una innovación clave del PNVCC fue el despojar a las unidades locales de autonomía. El programa dividía las regiones vigiladas por las respectivas estaciones de policía en sub-estaciones conocidas como Centros de Atención Inmediata (CAI) cuya misión era desarrollar estrategias integradas de seguridad pública para los cuadrantes, compuestos por un puñado de barrios que un grupo pequeño de policías puede vigilar a pie y que les permite estar en contacto directo con la población. Cada unidad recibió un nuevo protocolo de patrulla, incentivando así un mayor contacto con la comunidad y haciendo que los agentes de policía asumieran su responsabilidad frente al crimen. El plan incluyó la capacitación de más de 9.000 agentes de policía sobre nuevos protocolos y la mejora de las habilidades interpersonales.
Las unidades de patrulla asignadas a determinados barrios fueron autorizadas para actuar a discreción y con flexibilidad al momento de trabajar con las comunidades para recopilar información y desarrollar programas personalizados según las necesidades locales. Un principio clave que contribuyó al gran cambio ideológico, que se produjo en Colombia durante el Plan de Seguridad Democrática llevado a cabo por la administración del Presidente Uribe, fue el concepto de co-responsabilidad entre la policía y las autoridades locales a la hora de abordar las preocupaciones sobre la seguridad.
El Gobierno colombiano ya contaba con un sofisticado conocimiento sobre las técnicas y tecnologías de policía contemporáneas. El Plan Cuadrantes se basó en parte en el exhaustivo sistema de datos georreferenciados sobre delitos del que ya disponía la Policía Nacional. Esos datos les permitían a los comandantes de las estaciones y sub-estaciones generar un conocimiento detallado sobe la dinámica delictiva en las zonas de operación. La policía pudo adentrarse así en la dinámica política, social y económica de cada cuadrante en tiempo real. Asimismo, la policía de patrulla se vio mejor equipada para controlar los delitos y establecer relaciones con los vecinos a fin de formular programas preventivos adaptados a las necesidades locales.
De este modo, las patrullas locales establecen unas pautas mínimas y sistemas de información ajustados a cada cuadrante en particular. Esta información contiene la ubicación y hora de los delitos que se cometieron en un área determinada durante la semana anterior para que la policía pueda trabajar en prevenir futuros delitos a través de rutinas de patrulla y un compromiso público más eficaces.
Se espera que los miembros del equipo trabajen con los comandantes en las estaciones y sub-estaciones, a fin de mantener una serie de objetivos a corto, mediano y largo plazo para cada zona y evaluar la consecución de los mismos. La policía asignada a la zona también intenta trabajar con otros funcionarios del Estado para ayudar a construir lazos entre dichos funcionarios y los líderes de esa área y mejorar así los servicios del gobierno e impulsar los objetivos de prevención del delito. Un factor clave del Plan Cuadrante es el agente ejecutivo de la estación de policía. Este agente mantiene un registro detallado de los datos estadísticos del cuadrante correspondiente a su estación, y trabaja con los comandantes de las sub-estaciones para emplear esos datos a fin de desplegar personal y desarrollar programas preventivos para la zona.
El Plan Cuadrante fue sometido a una evaluación de impacto experimental en 2010. Los calendarios de capacitación entre los tres cohortes de estaciones de policía seleccionados aleatoriamente fueron escalonados, permitiendo así una variación experimental en cuanto a la exposición a la capacitación y despliegue del protocolo. Los evaluadores compararon los cuatro meses inmediatamente posteriores a la capacitación con el mismo período del año anterior. Detectaron así una importante reducción en varios tipos de delitos, con un impacto impulsado por efectos muy elevados en las zonas altamente afectadas por el crimen y por efectos muy bajos (o incuso cero) en los barrios con criminalidad baja. Una vez contabilizada la concentración espacial de los delitos, los efectos estimados representan una reducción de hasta el 22% en la tasa de homicidios.
La capacitación también mejoró el sentido de responsabilidad y moral de la policía.
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