© Blog Gente Saludable de la División de Protección Social y Salud del BID
A medida que aumentan los índices de obesidad en poblaciones que además sufren de desnutrición, son cada vez más los países que tienen que hacer frente a la paradoja de una dieta alimentaria con contenidos altos en calorías frente a una con falta de nutrientes.
Guatemala es quizá uno de los ejemplos más palpables de este problema en América Latina y el Caribe. Allí las tasas de desnutrición crónica son más altas que las de África y cuatro veces mayores que las de los demás países latinoamericanos. Al mismo tiempo, la mitad de las mujeres guatemaltecas sufren de sobrepeso u obesidad, mientras que la anemia afecta a casi un tercio de las gestantes, y a la mitad de los niños y las niñas entre los seis meses y los cinco años de edad.
Estos problemas de salud pueden repercutir de forma adversa en el desarrollo de un país en el largo plazo. La obesidad aumenta la incidencia de enfermedades crónicas, reduciendo el número de años de vida productiva, en tanto que la desnutrición altera el desarrollo físico y cognitivo de los niños y las niñas, en perjuicio de su capacidad de aprendizaje y de sus ingresos futuros. Para los gobiernos de los países pobres, el doble problema de la obesidad y la desnutrición constituye una mezcla explosiva de cara a los sistemas de salud pública que ya sufren limitaciones significativas de recursos.
A la luz de lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó en 2013 un estudio titulado Intervenciones y opciones de políticas para combatir la desnutrición en Guatemala en el que se analiza la situación de salud pública y se formulan recomendaciones sobre políticas integradas y eficaces en función de los costos. Una de las principales recomendaciones es que las autoridades de Guatemala hagan frente oportunamente a la obesidad mediante intervenciones específicas dirigidas a mujeres embarazadas y en período de lactancia, así como a los menores de dos años. De acuerdo con el estudio, la adopción de políticas e intervenciones eficaces centradas en los primeros mil días de la vida de un niño —a partir del momento en que se gesta en el vientre de su madre— puede reducir considerablemente el riesgo de muerte, el retraso del crecimiento y la merma de la capacidad intelectual.
En el estudio se recomienda también mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios de salud y orientarlos hacia la totalidad de la población destinataria, independientemente de su extracción social. Estos servicios deben incluir la promoción de la lactancia exclusiva durante los seis primeros meses de vida del bebé, y como suplemento hasta los dos años. Asimismo, se recomiendan prácticas de alimentación adecuadas y el uso de alimentos fortificados complementarios para combatir la anemia y las carencias de micronutrientes en los niños; intervenciones en materia de agua potable, saneamiento e higiene; suministro de suplementos de hierro y ácido fólico a las madres durante el embarazo; inmunización, y uso del zinc y de la rehidratación oral para tratar la diarrea en los pequeños.
Finalmente, el estudio insta a los gobiernos a adoptar estrategias para aumentar la demanda de servicios de salud y promover su uso por parte de la población vulnerable, en vista de que con frecuencia la obesidad y la desnutrición guardan relación con el origen étnico y la pobreza.
Este post fue publicado originalmente en el Panorama de Efectividad en el Desarrollo (DEO, por sus siglas en inglés).
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