¿Sabías que América Latina y el Caribe se encuentra entre las áreas más afectadas por el cambio climático? Los desastres naturales, en especial las inundaciones y sequías provocadas por este fenómeno, se han vuelto cada vez más frecuentes en nuestra región. Estos eventos tienen múltiples impactos negativos, entre ellos sobre la producción y el acceso a alimentos, lo cual agrava la inseguridad alimentaria. Según las Naciones Unidas, en 2020, un sorprendente 41% de la población de la región experimentó algún grado de inseguridad alimentaria, y un 14% pasó al menos un día entero sin comer. Para evitar que la cantidad de personas que se enfrenta al hambre siga en aumento, es fundamental contar con una preparación adecuada y medidas que permitan proteger a las comunidades afectadas por los eventos climáticos adversos.
En este contexto, los sistemas de protección social pueden jugar un papel clave –en particular, las transferencias monetarias hechas a tiempo, o incluso de manera anticipada. Evidencia de países como Fiji y Bangladesh revela que los sistemas responsivos a choques de este tipo tienen un impacto positivo en varios sentidos: no solo disminuyen la probabilidad de saltar comidas entre los hogares que reciben transferencias de efectivo, sino que además elevan el consumo per cápita y reducen la brecha de pobreza. Además, se ha demostrado que cuando las transferencias se realizan de manera anticipada –como es el caso de Bangladesh–, estas son muy beneficiosas, ya que permiten hacer frente a la ruptura repentina en los ingresos que enfrentan las comunidades afectadas por este tipo de catástrofes.
Por el contrario, una transferencia tardía puede perder mucho de su impacto potencial. Esto se debe a que los eventos adversos tienden a generar alteraciones en el mercado alimentario y provocar inflación en las áreas afectadas, por lo que los hogares vulnerables suelen recurrir a las estrategias de adaptación negativas que tienen impactos a largo plazo, irreversibles e intergeneracionales. El costo total de una respuesta tardía puede ser hasta 7 veces mayor que el de una respuesta temprana, mientras que el gobierno puede ahorrar entre 25-30% en gastos de ayuda si la inversión se proporciona de manera anticipada. Además, la ganancia económica en ingreso per cápita de una respuesta rápida a choques es más alta en el largo plazo.
Experiencia en la región: los casos de Perú, El Salvador y Ecuador
En América Latina y el Caribe también existe evidencia del uso de transferencias para responder a desastres naturales. Por ejemplo, Perú proporcionó transferencias de efectivo únicas a las comunidades afectadas luego de las inundaciones ocurridas en 2017. El Salvador inició en 2018 el “Bono Sequía”, un programa de transferencia de efectivo diseñado específicamente para apoyar a las familias afectadas por la sequía de ese año. De manera similar, Ecuador ofreció tres transferencias de efectivo a los hogares afectados por el terremoto de 2016, con el objetivo de mitigar las consecuencias negativas de dicha catástrofe. Sin embargo, todas estas reacciones fueron posteriores a los eventos: no se produjeron como resultado de un sistema diseñado para dar respuesta preventivamente.
Tener un sistema de protección social responsivo a choques juega un papel crucial en la prevención de la inseguridad alimentaria . Tener información y reglas predefinidas para ayudar a la población en tiempos de crisis permite actuar rápidamente para responder a sus necesidades. Sin esta protección, los hogares más vulnerables a menudo se ven obligados a recurrir a medidas contraproducentes, como prescindir de servicios de atención médica formales o sacar a sus hijos de la escuela para evitar gastos relacionados con la educación.
¿Cómo hacerle frente a la inseguridad alimentaria provocada por eventos climáticos?
Para fortalecer los sistemas de protección social en la región y garantizar su efectividad frente a la inseguridad alimentaria inducida por estos eventos, necesitamos considerar varias medidas.
En primer lugar, es crucial establecer un registro social integral. Este registro permitiría evaluar la vulnerabilidad de las comunidades ante choques y facilitaría una mejor cobertura, evaluación de necesidades, eliminación de duplicaciones y sostenibilidad de los programas para las poblaciones afectadas.
En segundo lugar, es necesario garantizar la interoperabilidad del sistema. Así, se mejoraría la integración de diferentes bases de datos, haciéndolos más eficientes y confiables. Por ejemplo, según la CEPAL, Chile ha logrado un notable avance hacia crecientes niveles de interoperabilidad al combinar bases de datos del registro social, registros autorreportados y programas sociales. Esto ha permitido desarrollar herramientas de identificación de usuarios de prestaciones sociales más precisas.
Finalmente, es clave avanzar hacia la adopción de transferencias electrónicas y plataformas de pago digitales, ya que de este modo se aceleraría la distribución de fondos y permitiría una respuesta rápida ante choques. Dado que los sistemas de pago digitales aún no tienen una cobertura y capilaridad suficiente, los países de la región tardaron en promedio 60 días en realizar los pagos de las transferencias extraordinarias de respuesta a la pandemia de COVID-19 desde el inicio de las restricciones de confinamiento. Sin embargo, este tiempo podría reducirse significativamente a tan solo 1-4 días utilizando mecanismos de pago digitales.
La región enfrenta desafíos significativos para abordar la inseguridad alimentaria inducida por el cambio climático. Sin embargo, a través de la implementación de sistemas de protección social responsivos a choques, se ha avanzado en la mejora del sustento de los hogares afectados por desastres. Al expandir estas iniciativas y fortalecer estos sistemas de protección social, la región puede volverse más segura en términos alimentarios y más resiliente frente a los desastres climáticos. Establecer registros sociales integrales, integrar bases de datos y adoptar la tecnología para una distribución rápida de fondos son pasos cruciales para lograr este objetivo. Con esfuerzos colectivos y compromiso continuos, nuestra región puede allanar el camino hacia un futuro más seguro y sostenible para todas las personas.
Para conocer más sobre los sistemas de protección social responsivos a choques, te invitamos a descargar nuestra publicación: Protección social y cambio climático: ¿cómo proteger a los hogares más vulnerables frente a las nuevas amenazas climáticas?
Saludos cordiales amigos del BID, la lógica es: Los cambios climáticos tienen mucho que ver con el hambre, en nuestro país existe la siembre de productos de siclo corto para la canasta familiar, en la temporada de invierno nuestros agricultores siembran, pero por los cambios climáticos no llueve se pierden las cosechas, en especial por la razón que no tienen un sistema de riego, es cambio por parte de la naturaleza, produce escasees de los alimentos y por ende se fomenta el hambre en las poblaciones, es necesario apoyar al campo con proyecto de riego de agua con pozos profundos para evitar en algo este fenómeno. Es necesario tener programas sustentables de desarrollo comunitario, la entrega de bonos son cosas para el momento, no garantiza la sostenibilidad del desarrollo.