Ante la llegada del COVID-19, los gobiernos de toda América Latina y el Caribe impusieron medidas de confinamiento y otras restricciones que provocaron la pérdida generalizada de puestos de trabajo. Se registraron altas tasas de desempleo en los sectores de hotelería, turismo y comercio minorista. Los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de bajos ingresos fueron quienes más sufrieron, mientras que el sector informal se vio seriamente afectado. El aumento del teletrabajo que surgió durante la pandemia ha dado lugar a un creciente desajuste de competencias entre las personas que están conectadas a la economía digital y aquellas que no lo están, y estas últimas no pueden acceder a los nuevos empleos que surgieron durante la crisis. Y en muchos países no se ha producido una recuperación total de las tasas de participación laboral anteriores a la pandemia.
Un nuevo estudio a profundidad
La mayor parte de las pérdidas en los mercados laborales —con la excepción de menores tasas de participación— ya han desaparecido. No obstante, como mostramos en un nuevo libro, la crisis del COVID-19 ha puesto una carga adicional para los sistemas pensionales de la región, que desde hace tiempo se caracterizan por baja cobertura e ingresos insuficientes para los pensionados. Aunque muchos de los efectos sobre el mercado laboral fueron temporales, no fue así el impacto de las políticas aplicadas durante la crisis. Varios gobiernos ofrecieron retiros anticipados en los sistemas de capitalización, y mucha gente los aceptó. Esto arrojó resultados nefastos: por ejemplo, en Perú, se prevé que el individuo promedio haya perdido el 40% de su fondo de pensiones, con mayor repercusión en los afiliados de bajos ingresos y de más edad, que son los que menos capacidad tienen para reconstruir sus ahorros. En Chile, los activos totales de las pensiones se desplomaron del 82% al 60% del PIB, recortando hasta un 60% el patrimonio previsto para la jubilación de los afiliados más pobres. El hecho de que muchos países cuenten con legislación que apoya las pensiones mínimas también constituye un peligroso cóctel fiscal, pues se prevé que muchos más individuos que hacen aportes a sistemas de capitalización obtengan pensiones por debajo del mínimo, lo que requerirá un apoyo futuro sustancial de las cuentas fiscales.
Las pérdidas generalizadas en el patrimonio pensional esperado, combinadas con un gran crecimiento del tamaño y el alcance de las pensiones no contributivas, ponen en riesgo a millones de futuros pensionados y agravan los problemas de sostenibilidad fiscal para los gobiernos de la región. Los gobiernos deben corregir esos peligros. Deben emprender reformas estructurales a largo plazo, una cuestión que se aborda en un libro publicado recientemente sobre el impacto de la pandemia en los sistemas pensionales de cuatro países —Argentina, Chile, El Salvador y Perú— con recomendaciones políticas para toda la región.
Diferentes efectos de la pandemia en distintos sistemas pensionales
Por supuesto, los efectos de la pandemia no han sido iguales en los distintos tipos de sistemas pensionales. En términos generales, en principio los beneficiarios de los sistemas pensionales de reparto, financiados con los aportes de trabajadores activos, tendrían menores repercusiones, ya que sus prestaciones, una vez adquiridas, quedan garantizadas. No obstante, muchas personas perdieron su empleo durante la pandemia, no pudiendo completar el número de aportes exigido para recibir sus prestaciones y teniendo que retrasar su jubilación. Además, muchos fondos de pensiones no están totalmente financiados. Requieren transferencias gubernamentales, que serán más difíciles de proporcionar dado que los gobiernos salieron de la crisis del COVID-19 muy endeudados y sin poder cerrar completamente sus déficits globales. En consecuencia, las prestaciones futuras de las personas afiliadas a regímenes de reparto pueden estar en peligro en los próximos años.
Los titulares de planes de cuentas individuales, en los que los pensionados reciben una pensión de jubilación basada en sus aportes a lo largo de toda su vida y en el rendimiento de las inversiones realizadas sobre los mismos, se enfrentan a un tipo de riesgo diferente. Los saldos de las pensiones, sobre todo en el caso de quienes se acercan al final de su carrera profesional, han estado sujetos a una considerable volatilidad. Inicialmente, el valor de los activos financieros en manos de los fondos de pensiones disminuyó drásticamente durante la pandemia. Luego subieron con la baja de tasas de interés, para volver a caer con el aumento de la inflación y la subida de tasas de interés para combatirla, lo que provocó una montaña rusa para los fondos de pensiones y para las prestaciones de quienes están próximos a jubilarse.
Para los trabajadores más jóvenes, la menor frecuencia de aportes y las tasas más bajas de cobertura futura de pensiones también crean riesgos, aunque éstos estén acotados dada la recuperación de los mercados laborales en 2022. Sin embargo, estos trabajadores más jóvenes sufrirán las consecuencias del retiro anticipado, comentadas anteriormente, y no está claro que puedan contar con sus gobiernos para ayudarles en caso de que se jubilen con fondos insuficientes.
La naturaleza de la reforma
Todos estos efectos inmediatos y a más largo plazo de la pandemia, combinados con los desafíos tradicionales de baja cobertura de pensiones, bajos ingresos de jubilación y problemas de sostenibilidad fiscal requieren reformas estructurales con una visión integrada que vaya más allá de soluciones parciales y a corto plazo. Eso incluye iniciativas para fomentar una mayor formalidad laboral y mayores mecanismos de protección. Y requerirá reformas fiscales, como un gasto adicional para mejorar los sistemas pensionales e impuestos adicionales para el financiamiento de los sistemas pensionales contributivos y no contributivos.
También exige medidas para adelantarse a los efectos del retiro anticipado de los planes pensionales, como es el caso de las importantes reducciones del patrimonio pensional esperado, de la tasa de cobertura y del monto de los ingresos de jubilación, especialmente para las personas de bajos ingresos.
Nuestro libro, basado en un marco común de análisis del impacto del COVID-19 en la región desarrollado por el BID, analiza las dimensiones económica y política de estos desafíos y aboga por soluciones específicas para determinados países y para la región en su conjunto. En beneficio de los ciudadanos y de la salud económica de las economías de la región, resulta inaplazable una reforma integral que aborde de inmediato los graves problemas del sistema de pensiones.
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