Los ciudadanos en América Latina y el Caribe suelen asociar la corrupción con las crisis económicas. Desde 2016, datos de encuestas revelan que las personas que creen que la economía de sus países ha empeorado tienen muchas más probabilidades de afirmar que la mayoría de los políticos son corruptos. Pero ¿realmente los políticos son más corruptos cuando la economía no crece, o simplemente los ciudadanos son más sensibles a la mala conducta durante las recesiones?
En un nuevo estudio del BID, analizamos cómo influyen las condiciones económicas en la corrupción y en la disposición de los ciudadanos para la rendición de cuentas de los políticos. Combinando teoría y evidencia experimental, revelamos un patrón sorprendente: los políticos se vuelven más corruptos en épocas de bonanza económica, no porque los ciudadanos dejen de preocuparse, sino porque los buenos tiempos hacen que la corrupción sea más difícil de detectar y tenga menos probabilidades de ser castigada.
Un modelo teórico que pone a prueba el comportamiento de políticos y ciudadanos
Para estudiar este fenómeno, diseñamos un modelo teórico en el que los ciudadanos financian los bienes públicos mediante los impuestos, y los políticos deciden si asignar honradamente esos fondos o desviar una parte hacia sus propias arcas. Los ciudadanos entonces, si creen que se ha incurrido en actos de corrupción, pueden elegir castigar a los políticos, a un costo personal, como lanzándose a las calles a protestar o emprendiendo acciones legales.
Las condiciones económicas favorables se modelan como reducciones en el gasto de la construcción de bienes públicos. Esto es equivalente a lo que ocurre en muchos países de América Latina cuando las autoridades locales reciben fondos adicionales debido al aumento del precio de recursos naturales abundantes o cuando los tipos de cambio abaratan la compra de insumos. Cuando el costo de producción de los bienes públicos disminuye, los políticos pueden ofrecer más bienes por el mismo nivel de impuestos. Esto hace más difícil poder detectar cuándo los políticos se están apropiando del dinero público. Más aún, los ciudadanos pueden sentirse menos inclinados a castigarlos, incluso si sospechan que hubo malos manejos.
Un experimento de laboratorio
Para probar estas ideas, realizamos un experimento de laboratorio con 800 estudiantes universitarios en Colombia. Los participantes representaron a ciudadanos o a políticos en la labor de toma de decisiones en varias rondas en las que se imitaban los incentivos y las incertidumbres de la vida política real. Los ciudadanos recibían dinero con el cual pagar sus impuestos, y estos luego eran transferidos a los políticos, quienes entonces debían decidir qué parte asignar a los bienes públicos (y qué parte podrían embolsillarse). En algunas rondas, el “costo” de producir bienes públicos, manifestado en dinero real, era alto (malos tiempos), y en otras, era bajo (buenos tiempos). Una vez que los ciudadanos observaran los bienes públicos proporcionados, podrían decidir si castigar a los políticos reduciendo sus salarios en caso de creer que habían sido corruptos, imitando lo que ocurriría en la vida real si los votantes decidieran expulsar de su cargo al político.
Los resultados fueron muy claros: la corrupción aumentó un 14% cuando la economía mejoró. Entretanto, la tasa de políticos castigados por los ciudadanos se mantuvo prácticamente estable, pero tanto la capacidad de los ciudadanos para detectar la corrupción como su voluntad de reaccionar ante esta se vieron debilitadas.
Uno de los resultados más sorprendentes procedía de lo que los políticos esperaban: creían que tenían menos probabilidades de ser castigados durante las épocas de bonanza, y estaban en lo correcto al pensar así. Había una mejor percepción de los bienes públicos, incluso cuando los políticos habían malversado, y los ciudadanos eran menos propensos a tomar medidas con respecto a sus sospechas. Como resultado, los políticos tenían mayores incentivos para incurrir en conductas corruptas.
Cabe señalar que, dado que los bienes públicos suelen ser proporcionados por los distintos niveles de gobierno (local o municipal, estatal o provincial, nacional) y a los ciudadanos les resulta difícil discernir quién proporcionó qué, la corrupción puede quedar aún más oculta por las acciones de otros niveles de gobierno. Es decir, un político corrupto local puede no ser apartado de su cargo si al mismo tiempo los altos niveles del gobierno están haciendo grandes inversiones en el distrito.
Cambio total de los supuestos sobre la economía y la corrupción
Este estudio desmiente la suposición de que la corrupción solo prospera en épocas de penuria. Por el contrario, demuestra que las bonanzas pueden encubrir la mala conducta al crear la ilusión de una gobernanza competente. Los políticos pueden sacar tajada sin que salten las alarmas, sobre todo cuando los ciudadanos están satisfechos en lo esencial o si tienen un alto grado de cinismo político.
Para los formuladores de políticas públicas, las consecuencias son obvias: los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas son esenciales incluso cuando las cosas parecen ir bien. La transparencia del gasto público, el acceso de los ciudadanos a información presupuestaria detallada y la atribución clara del suministro de bienes públicos (quién financió qué) pueden contribuir a hacer más visible la corrupción y más eficaz la rendición de cuentas. De lo contrario, los periodos de prosperidad pueden acarrear costos ocultos, no solo en dinero perdido, sino en erosión de la confianza.
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