¿Cómo vamos con la calidad de nuestras políticas públicas?

Los expertos intentan a menudo identificar las políticas “correctas” para impulsar el desarrollo.  ¿Las empresas de servicios públicos deberían estar en manos privadas o públicas? ¿Los sistemas de seguridad social basados en el sistema de reparto son más sostenibles que los sistemas de capitalización? ¿Funcionan las políticas industriales? ¿Los controles de capital reducen los riesgos externos?

La experiencia, no obstante, nos enseña que la búsqueda de un conjunto universal de políticas correctas o soluciones mágicas es fútil.

Aquello que funciona en un determinado momento y en un determinado país puede no funcionar en otros momentos o en países diferentes.  Aquellos países que mejor les ha ido no son necesariamente aquellos que optan por una o por otras políticas sino aquellos que mantienen las políticas que funcionan y son capaces de modificar aquellas que no, mas allá de signos ideológicos o de modas.

En 2005, el BID publicó un informe insignia titulado La política de las políticas públicas, que intentaba desplazar el foco de atención desde la búsqueda de las recetas tecnocráticas hacia un estudio de los ingredientes clave que subyacen a la capacidad de llevar adelante políticas públicas exitosa.

El informe estudiaba los procesos que permiten, por ejemplo, que las políticas públicas sean creíbles.  Analizaba qué era necesario para implementar esas políticas y mantenerlas a lo largo del tiempo, y proporcionaba nuevos indicadores que permitían hacer comparaciones entre países para evaluar el rendimiento de los países de la región en ámbitos concretos de las políticas públicas.

Desde entonces, el BID ha publicado numerosos libros especializados sobre el proceso presupuestario, los programas sociales y otros aspectos de la formulación de políticas en la región que aplican el marco de aquel informe seminal de 2005.  También ha observado con satisfacción que su enfoque se ha convertido en un marco aceptado para estudiar la economía política de la región. Por otro lado, sigue afinando el trabajo original, actualizando sus enfoques y conclusiones de modo que sigan impulsando la misión del BID.

La política de las políticas públicas identificaba diversos rasgos clave que deben poseer las políticas para estimular el desarrollo a lo largo del tiempo.  Llegaba a la conclusión de que, para tener éxito, las políticas deberían ser estables, de modo que cambien sólo en respuesta a las condiciones económicas, en lugar de obedecer a cambios en los vientos políticos.  Asimismo, las políticas deberían ser adaptables, de manera que puedan ajustarse o reemplazarse si fuera necesario. También deben estar bien coordinadas entre diferentes agencias y niveles de gobierno. Debían estar bien implementadas y vigilarse su cumplimiento.  Por último, deberían estar regidas por el “interés público”, promoviendo el bienestar general en lugar de recompensar a individuos, facciones o regiones específicas.

Estas características, según ha demostrado la evidencia, son absolutamente cruciales.  Las llamadas “mejores políticas” que carecen de credibilidad y son incapaces de estimular una cooperación a largo plazo en el plano político pueden ser mucho menos efectivas que una política menos que ideal, pero estable y bien implementada.

De hecho, una política creíble, aunque imperfecta, puede tener grandes virtudes.  Esto es lo que ocurre especialmente si brinda a los actores la capacidad de adaptarse, invertir y responder eficientemente a ella.

Desafortunadamente, América Latina y el Caribe va a la zaga detrás de otras regiones del mundo en cuanto a la calidad de las características de las políticas que posibilitan procesos de formulación de políticas efectivos y a largo plazo.  En el análisis más reciente (Franco Chuaire y Scartascini, 2014), América Latina y el Caribe tiene puntuaciones sólo mejores que el África Subsahariana y el sur de Asia en un índice general de políticas de siete regiones, como muestra el gráfico.

Gráfico 1: Índice de políticas en las regiones del mundo

Fuente: Franco Chuaire y Scartascini (2014).

Una mirada a los componentes individuales del índice difícilmente mejora el cuadro.  Las políticas de América Latina figuran en el tercer lugar en la variante de interés público, por detrás sólo de los países de la OCDE y de Oriente Medio y Norte de África debido a las altas inversiones en programas de protección social.  Sin embargo, en el índice de coordinación, la región una vez más se sitúa en el tercer lugar pero desde abajo, marcada por la mala comunicación entre ministerios y otros niveles de gobierno.  Su incapacidad de hacer cumplir las reglas y obligaciones contribuye a situarla nuevamente en tercera posición desde abajo en la categoría de implementación y vigilancia del cumplimiento.  La evasión tributaria rampante es sólo un ejemplo.  También se encuentra cerca del final de la lista en cuanto a la eficiencia de sus políticas, como demuestran las mínimas mejoras en educación, a pesar de los grandes gastos destinados a ese ámbito.

Cuadro 1. Ranking de las características de las políticas por región

Fuente: Franco Chuaire y Scartascini (2014).

Unos pocos países de la región destacan por su excelencia: Chile, Costa Rica y Uruguay tienen mejores puntuaciones similares a los países desarrollados de altos ingresos en el índice de política general.  Hay otros 10 países de América Latina y el Caribe en la gama intermedia y otros ocho -Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela- se encuentran entre los países con más bajas puntuaciones.

Cuadro 2. Ranking de países de América Latina

Además de los datos sobre las capacidades del gobierno, el índice proporciona puntos de referencia de aquello que se debe mejorar, en ámbitos como el diseño de las políticas, su implementación y la vigilancia del cumplimiento, así como en materia de cooperación a largo plazo entre los responsables de la política nacional, de modo que los procesos políticos y las políticas puedan cumplir mejor el objetivo de un desarrollo equitativo y sostenible.