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¿Por qué los trabajadores en Ecuador se formalizan a la edad de 50 años? ¿Y qué tienen que ver las pensiones con eso?

July 16, 2025 by Mariano Bosch - Jonathan M Leganza - Tatiana Mojica - María Laura Oliveri - Diego Vera-Cossio Deja un comentario


Los trabajadores en América Latina y el Caribe, donde el 55% es informal, en algunos casos, se enfrentan a una decisión crucial a lo largo de su vida: ¿trabajar de manera formal o informal? Esta decisión tiene importantes consecuencias en su salario, en la cantidad de impuestos que pagan y en su bienestar financiero general. También resulta crucial para determinar si cumplen o no los requisitos para recibir beneficios del gobierno.

Nuestra investigación, llevada a cabo en Ecuador, demuestra cómo los programas públicos de pensiones, que suelen figurar entre los mayores programas gubernamentales en términos de gasto, influyen en las decisiones de los trabajadores sobre cuándo trabajar formal o informalmente décadas antes de jubilarse. Además, revela un resultado sorprendente: debido al diseño del programa de pensiones, muchas personas pasan del empleo informal al formal justo cuando cumplen los 50 años. Esto les permite recibir beneficios del gobierno sin haber pagado las décadas de cotizaciones a la seguridad social que habría supuesto un empleo formal desde una edad temprana, lo que aumenta la carga fiscal y hace que el sistema de jubilación sea menos equitativo.  

Estos resultados revelan lo importante que es para los formuladores de políticas públicas acertar con los incentivos adecuados si quieren aumentar el empleo formal y garantizar la equidad para todos los contribuyentes.  

Saltar a la formalidad a los 50 años

El sistema de pensiones ecuatoriano permite a los trabajadores jubilarse y solicitar beneficios de vejez a los 65 años si han cotizado al sistema durante al menos 15 años. Esta configuración significa que alguien que empieza a cotizar a la Seguridad Social a los 50 años puede llegar a los 65 con las cotizaciones justas para tener derecho a pensión.

Utilizando datos detallados de encuestas de hogares, descubrimos un aumento repentino de la probabilidad de pasar al empleo formal justo a los 50 años. Esto significa que algunas personas parecen afiliarse a la seguridad social cuando están cercanas a cumplir los 50 años. El aumento es de aproximadamente 1,8 puntos porcentuales. Aunque pueda parecer una cifra baja, representa el 4,5% del porcentaje de personas afiliadas a la Seguridad Social en torno a esa edad. Además, llegamos a la conclusión de que estas transiciones a la formalidad a menudo no implican cambiar de trabajo o de empleador: simplemente se realizan cambiando la naturaleza del propio contrato laboral, sobre todo cuando el empleado tiene conexiones familiares con el empleador que se lo permiten.

El sistema de pensiones ecuatoriano es generoso. Los trabajadores que cotizan durante 15 años y se jubilan a los 65 pueden recibir pensiones que equivalen a más de la mitad de sus salarios durante sus años de mayores ingresos. El sistema de pensiones también está muy subvencionado: se encuentra entre los dos sistemas más subvencionados en América Latina y el Caribe, según un estudio del BID.

Estas características crean un poderoso incentivo: retrasar las cotizaciones el mayor tiempo posible para minimizar los pagos al sistema y luego formalizarse justo a tiempo para tener derecho a beneficios generosos.

Este comportamiento estratégico parece rentable, pero no todo el mundo puede conseguirlo. Demostramos que estas transiciones se concentran en las pequeñas empresas y en las empresas familiares, donde los empleados y los empresarios pueden coordinarse más fácilmente para cambiar el estatus contractual de un trabajador de informal a formal.

Las personas que probablemente trabajan de manera informal en empresas familiares formales (en concreto, aquellas que viven con el propietario de una empresa registrada) con cerca de 50 años de edad se diferencian en algunos aspectos clave del trabajador promedio en Ecuador. Es más probable que sean mujeres, que tengan un título universitario y que vivan en hogares con ingresos más altos.

Curiosamente, a pesar de que el sistema de pensiones de Ecuador crea incentivos similares para pasar al empleo formal a los 30 años (para las personas que aspiran a jubilarse a los 60) y a los 60 (para las personas que aspiran a jubilarse a los 70), el estudio no encontró saltos en las transiciones a la formalidad a estas otras edades.

Sostenemos que formalizarse laboralmente a los 30 años con la idea de cotizar al sistema durante tres décadas, sin interrupciones que pudieran desencadenar la pérdida de beneficios, podría ser poco factible para la mayoría de los trabajadores, especialmente en economías con alta informalidad. En cuanto a hacer el cambio de trabajo informal a formal justo a los 60 años, los riesgos para la salud y las barreras del mercado laboral a edades más avanzadas pueden hacer que una permanencia continuada de 10 años en la formalidad hasta los 70 sea poco realista.

¿Pero a los 50? El momento parece oportuno: la jubilación está lo bastante cerca como para planificarla y las personas son lo bastante jóvenes como para evitar riesgos importantes para la salud.

Replanteamiento del diseño de pensiones

El comportamiento descubierto por nuestro estudio tiene importantes consecuencias:

  • Para la sostenibilidad de las pensiones: las transiciones estratégicas del trabajo informal al formal aumentan la carga fiscal. Si muchos trabajadores cotizan solo las cantidades mínimas exigidas, el sistema se encarece y es menos equitativo.
  • Para una reforma pensional: los formuladores de políticas públicas podrían considerar la posibilidad de ajustar los incentivos —como ajustar el vínculo entre los historiales de cotización y los beneficios o reducir los subsidios para quienes se incorporen tarde— a fin de fomentar un empleo formal más temprano y constante.
  • Para un análisis del mercado laboral: la opinión convencional en muchos análisis económicos es que la informalidad y la formalidad son sustitutas, y que los trabajadores pasan de una a otra en función de los incentivos para hacerlo. Pero, desde una perspectiva dinámica, la informalidad y la formalidad pueden ser complementarias. Los trabajadores se mueven estratégicamente entre estos dos tipos de empleo a lo largo del ciclo vital, y las normas sobre pensiones influyen en dichos movimientos.

Crear los incentivos adecuados para la formalidad

Este estudio ofrece una perspectiva única sobre cómo responden los trabajadores con visión de futuro a los programas de pensiones y a los incentivos de protección social en economías con altos grados de informalidad. Desafía la idea de que la informalidad es puramente una cuestión de restricciones o de falta de disposiciones jurídicas para hacer respetar las normas. A veces, puede ser una elección calculada.

También señala que la política de pensiones no se limita a la jubilación. Puede influir en los resultados del mercado laboral a lo largo de todo el ciclo vital. En los sistemas de pensiones por reparto como el de Ecuador, cuando las cotizaciones de los trabajadores más jóvenes financian los beneficios actuales de los mayores, el debate político no debe centrarse únicamente en cómo afectan estos programas la edad de jubilación, sino también en cómo crean incentivos para que los trabajadores empiecen a cotizar antes.

 Agradecimientos

Agradecemos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por facilitarnos la información para este análisis y por las valiosas oportunidades de debate que han brindado a nuestro equipo.


Archivado Bajo:Temas sociales Etiquetado con:#pensiones

Mariano Bosch

Mariano Bosch es economista principal en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde coordina y supervisa la Agenda de Conocimiento de la Vicepresidencia de Sectores. Desde que se unió al BID en 2011, ha liderado investigaciones sobre mercados laborales, pensiones y políticas de bienestar. También ha brindado apoyo asesor a los países de América Latina y el Caribe en reformas del mercado laboral y políticas de pensiones. Antes de unirse al BID, trabajó como consultor para el Banco Mundial y fue profesor asistente en la Universidad de Alicante, España. Su investigación sobre mercados laborales y desarrollo ha sido publicada en importantes revistas académicas, incluidas American Economic Journal: Applied Economics, Journal of Development Economics, World Bank Economic Review y Labour Economics. Tiene un doctorado en Economía por la London School of Economics.

Jonathan M Leganza

Jonathan M. Leganza es profesor adjunto en el Departamento de Economía John E. Walker de la Universidad de Clemson. Sus principales campos de interés son las finanzas públicas, la economía laboral y la economía de la salud. Está especialmente interesado en la economía del envejecimiento y estudia temas relacionados con la jubilación, la política de seguridad social y la política de Medicare. Se doctoró en Economía por la Universidad de California San Diego en 2021, se licenció en Economía por la Universidad de Indiana en 2015 y se licenció en Matemáticas por la Universidad de Indiana en 2015.

Tatiana Mojica

Tatiana Mojica es asistente de investigación en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y próximamente cursará un doctorado en Economía en la Universidad de British Columbia. Sus principales intereses de investigación son la economía laboral y la economía de género. Es licenciada y máster en Economía por la Universidad de Los Andes.

María Laura Oliveri

María Laura Oliveri es asociada sénior de la División de Protección Social y Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo con sede en la Ciudad de Quito, Ecuador. Se unió al BID en 2013 como consultora en la misma división y luego trabajó en la División de Protección Social y Salud entre 2018 y 2021. Anteriormente trabajó en el Banco Mundial para el Departamento de Desarrollo Humano de América Latina y el Caribe, y en la Práctica Global de Pobreza y Equidad. Ha realizado consultorías para la Organización Internacional del Trabajo y los ministerios de economía y salud de Argentina. Es Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y posee un Máster en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de la Plata.

Diego Vera-Cossio

Diego Vera-Cossio es un economista en el departamento de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Su principal área de interés es la economía del desarrollo. Concretamente, sus estudios analizan como distintas políticas pueden acelerar o desacelerar la expansión de pequeñas empresas familiares en contextos donde el acceso a servicios financieros es limitado. Paralelamente, Diego está interesado en entender cómo distintos criterios de focalización de recursos públicos afectan la efectividad de las políticas públicas. Diego nació en Bolivia y obtuvo el título de Doctor en Economía en la Universidad de California San Diego en 2018. También posee una Maestría en Economía de la Universidad de Chile y obtuvo su título de Licenciado en Economía en la Universidad Católica Boliviana en La Paz, Bolivia.

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