La crisis causada por el coronavirus nos recuerda la dependencia de la sociedad moderna de la electricidad, ya sea de forma directa en los hospitales (para operar ventiladores, refrigeradores y otros equipos médicos), en la comunicación entre sociedad y gobierno, o indirectamente para permitir una cierta continuidad de la producción (a través de esquemas de teleworking), educación (estudios on-line), y entretenimiento para sobrellevar el aislamiento o cuarentena (las personas conectadas a través de sus teléfonos, computadoras y otros aparatos electrónicos).
La garantía del acceso a los servicios de energía depende de la infraestructura, su operación y mantenimiento, de la disponibilidad de combustibles y también de la asequibilidad de los servicios para todos los usuarios, particularmente para aquellos de menores ingresos.
La infraestructura, en la gran mayoría de los casos, no debe ser una restricción importante en el corto y mediano plazo. De acuerdo con las estimaciones iniciales en países de Asia y Europa que han sido afectados más severamente por esta situación y que han recurrido a esquemas de aislamiento o cuarentena, la demanda eléctrica ha disminuido entre el 15 y 20%. Sin embargo, para los países en Latinoamérica y El Caribe, este valor dependerá de las características de la demanda y su dependencia de la actividad económica. Ese mismo efecto puede ser mucho mayor en una economía dependiente del turismo y mucho menor en economías donde una buena parte de la demanda eléctrica depende del consumo residencial.
La buena noticia es que, si los sistemas son operados adecuadamente y si no hay límites específicos en la red, la disponibilidad de generación no será una limitante para los países en la región. En los sistemas donde la calidad no es adecuada (por ejemplo, interrupciones frecuentes o sistemas aislados con pocas horas de acceso a energía por día), la prioridad será evitar el desabasto de los usuarios residenciales y, particularmente, el de los centros de salud y otros servicios esenciales para atender la emergencia. En esas circunstancias podrá requerirse de una infraestructura de respaldo para garantizar el suministro.
Para garantizar el funcionamiento de la infraestructura, es fundamental poner atención a las condiciones de los trabajadores de las empresas del sector, a fin de asegurar la operación adecuada del sistema, incluyendo los centros de despacho y control.
Por otro lado, para garantizar el acceso al servicio, es necesario que este sea asequible. En una emergencia como la actual, la población más vulnerable, los trabajadores informales y los pequeños empresarios, también tendrán dificultad para pagar por servicios de energía (electricidad y combustibles).
¿Dónde se presentan los mayores retos?
Enumeraremos algunos desafíos que los países de la región deben atender:
- Garantizar un suministro suficiente, continuo y de alta calidad en centros de salud y en otros servicios básicos como el suministro y manejo de agua. Existe también una necesidad de asegurar a respaldo a todos los centros de salud.
- Garantizar la seguridad ocupacional de los trabajadores esenciales para la operación y mantenimiento del sistema eléctrico.
- Proveer mecanismos para garantizar la asequibilidad de los servicios de energía: a la población vulnerable y a la población en general, que, sin ser vulnerables se afectan sus ingresos considerablemente como consecuencia de la pandemia.
- Establecer una estrategia para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del sector, considerando las pérdidas de ingresos por la disminución de la demanda y los retrasos o la falta de pagos por provisión del servicio. El monto de las pérdidas dependerá fundamentalmente de las medidas adoptadas por los países y de la caída de la demanda eléctrica. Este reto no es a penas durante la crisis, pero debe ser todavía mayor en la recuperación.
Te has preguntado ¿qué tan dependiente somos de la #energía eléctrica? El acceso a la electricidad es fundamental más que nunca, especialmente para atender la demanda de hospitales y puesto de salud. Descubre los retos del sector en este blog: https://t.co/RHriveQVa0#coronavirus pic.twitter.com/zHZSLxhumQ
— BIDenergía-IDBenergy (@BIDenergia) March 27, 2020
¿Y la recuperación después de la crisis?
Algunos de los retos mencionados durante la pandemia pueden perdurar en el medio plazo y para ello la región también tiene que prepararse para garantizar que la recuperación sea lo más rápida posible. Esta crisis generará disrupciones técnicas y económicas, que podrán dificultar la operación y manutención sustentable del sistema. Esto se vuelve más complicado principalmente para sistemas que ya enfrentaban estas dificultades antes de la pandemia.
Desde el punto de vista técnico, las interrupciones de las cadenas de producción de materiales y la insuficiencia de recursos humanos para reactivar la economía demandará un esfuerzo grande para garantizar que la recuperación económica cuente con el suministro energético suficiente para facilitar la recuperación.
Asimismo, desde el punto de vista económico, es probable que muchas empresas del sector tengan problemas de liquidez como resultado de la caída de la demanda y la obligación de pagar contratos por oferta contratada en base firme. El impacto dependerá del papel del gobierno en garantizar lo servicios de energía durante la crisis y de cómo los diseños de mercado distribuyen los riegos de demanda entre los diferentes agentes del sector.
Por ejemplo, podremos observar situaciones financieras muy complicadas para algunas de las empresas distribuidoras responsables por la ausencia de pago de la generación contractada en largo plazo (y no utilizada completamente por la caída de la demanda).
Además, las dificultades financieras esperadas para algunas agentes claves del sector, asociada con una baja de los precios de gas y petróleo, puede generar incentivos para reducir las inversiones que causen menos impactos ambientales. A fin de que la recuperación sea sostenible ambientalmente, las inversiones en energías limpias mediante subastas y otros mecanismos tiene que ser retomada en el medio y largo plazo.
Estos retos generan una mayor presión a los gobiernos, ya que deben atender las demandas inmediatas de todos los sectores afectados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en el BID nos hemos preparado para poder responder oportunamente y apoyar al sector energético en áreas claves. Atender estos retos podrá permitir que los más de 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe puedan gozar de un servicio de energía eléctrica de calidad en este período crítico global.
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