En los últimos años hemos sido testigos del creciente interés de los países de América Latina y el Caribe en obtener apoyo para desarrollar su sector extractivo de forma sostenible. Para responder más eficazmente a sus expectativas, se necesita una visión coherente y de largo plazo sobre el papel de las industrias extractivas en el desarrollo del país y la diversificación económica. En efecto, la gestión de los recursos naturales puede – y debe – tener un efecto transformador y positivo en las economías de la región. Discutamos el futuro del sector extractivo en América Latina.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), queremos contribuir en crear las condiciones para que el sector cumpla con su potencial de forma inclusiva, responsable y sostenible.
Para cumplir con ese potencial, los gobiernos deben adoptar leyes y políticas que además de atraer inversiones, garanticen la gestión eficiente y transparente de los ingresos, así como la aplicación de mejores prácticas para proteger el medio ambiente y beneficiar a las comunidades locales. Por su parte, la industria, en un contexto de estabilidad regulatoria, debe perseguir constantemente la implementación de prácticas responsables y la generación de valor compartido en los territorios en que está presente. Finalmente, la sociedad civil debe forjar las capacidades necesarias para participar activamente de un proceso virtuoso de diálogo y colaboración con el gobierno y la industria, que también deben ser capaces de aceptar y comprender las expectativas de la gente.
En el BID hemos visto mayor éxito cuando se responde, de forma estructurada, efectiva y con visión de futuro, a los desafíos del desarrollo, no sólo en el accionar de los gobiernos sino también al considerarse industria y comunidades.
En lo que concierne a las industrias extractivas, nos sorprendimos del relativo consenso de los actores sobre el potencial del sector para promover desarrollo inclusivo y sostenible, bajo ciertas condiciones. Asimismo, encontramos algunas diferencias notables. Tanto la industria como las comunidades ven a los proyectos extractivos a través de una lente de largo plazo, aunque muchas veces los desafíos cotidianos los lleven a priorizar las demandas inmediatas. A su vez, debido a la naturaleza de los ciclos políticos, los gobiernos también pueden perder de vista los objetivos de largo plazo.
La visión de largo plazo es un factor indispensable para reunir a las partes y generar consenso para planificar el desarrollo del sector.
Es por ello que apoyamos iniciativas como el I Diálogo Público-Privado del Sector Extractivo en la Alianza del Pacifico, que se celebró los días 28 y 29 de Noviembre en Santiago de Chile y contó con la participación de representantes del gobierno, de la industria y miembros de la sociedad civil de Chile, Colombia, México y Perú. Este fue el primer encuentro de su naturaleza a nivel regional y sirvió de base para comenzar a esbozar una narrativa y una visión compartida sobre el rol del sector en el desarrollo regional.
Esto no es cuestión de una reunión. Es el camino para continuar fomentando vínculos de confianza, a través del trabajo conjunto y continuo. Éstos son los primeros pasos para construir un diálogo multiactor más permanente e inclusivo que promueva una visión estratégica sobre el rol del sector – con base en el desarrollo y la integración de cadenas de valor y en un marco de responsabilidad social – en el desarrollo socioeconómico de los países de la Alianza. En este sentido, creemos que esta reunión apuntala esfuerzos y ayuda a sentar las bases para el relacionamiento más efectivo entre las partes.
El BID, por su composición y experiencia, está en una posición privilegiada para apoyar este tipo de esfuerzo. Como Secretaría Técnica, facilitará diálogos con vistas a encontrar, conjuntamente, respuestas a desafíos sensibles a nivel nacional y regional, promover los intercambios de conocimiento técnico, y recabar mejores prácticas sectoriales para su adopción en la región.
Interesante, sin embargo preocupan los ambientes de “corrupción” en las comunidades y en los departamentos jurídicos que realizan una especie de comunicación externa en las empresas hacia la comunidad. Creo qie deberíamos empezar a regular esas prácticas o al menos medirlas. Las comunidadades en México están aprendiendo a “usar” como estrategia la presión social para exigir o “gestionar” favores que le corresponden a otros como el gobierno. Considero que transparentar las Relaciones con la Comunidad es indispensable. Saludos!