Por Mario Sánchez. 

Las cardiopatías congénitas reducen enormemente la esperanza de vida de las niñas y niños que las padecen y les generan un alto grado de discapacidad. En Argentina, en el año 2008, cerca de una cuarta parte de las muertes de menores de un año por condiciones “difícilmente reducibles” fueron debidas a estas patologías. Esas muertes se habrían evitado con una intervención quirúrgica oportuna.

Es en este contexto que quiero contarles sobre la experiencia argentina para atender cardiopatías congénitas a través de la creación de una red federal de servicios de salud. En mi opinión, esta experiencia ejemplifica de forma muy clara cuáles pueden ser las ganancias de coordinar mejor los servicios dirigidos a la primera infancia. Este caso trata de la coordinación entre los proveedores de servicios de salud.

En 2008 el Ministerio de Salud de la Nación inició el “Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas”, basado en dos premisas: (1) era necesario fortalecer la capacidad de los hospitales públicos para atender estas afecciones y (2) había capacidad ociosa por una falta de coordinación entre actores de distintos niveles (la gran mayoría de ellos financiados y operados por las provincias). El Programa creó una red nacional encargada de coordinar la derivación, el traslado, el tratamiento y el seguimiento de menores con cardiopatías congénitas. La red operaría en función de la complejidad y urgencia de cada caso y del lugar de residencia del niño. Su operación se realizaría desde el nivel central.

A partir de 2010, el Ministerio de Salud implementó el Programa a través del Plan Nacer, un seguro de salud materno-infantil para la población sin seguridad social. En el ámbito de las cardiopatías congénitas, el Plan realiza un pago por prestación a establecimientos acreditados (públicos o privados), ya sea de diagnóstico, tratamiento o seguimiento. El tratamiento se paga por módulos que dependen del nivel de complejidad de la cardiopatía y, dado que no todas las provincias poseen establecimientos con capacidad prestacional adecuada, puede involucrar a hospitales en provincias distintas a la localidad de residencia del menor.

A la fecha, esta iniciativa tiene logros destacables, tanto en términos de producción de cirugías como en reducción de la lista de espera. Por ejemplo, comparado con 2009, en 2011 el hospital Garrahan (público), uno de los más importantes del país, había reducido en un 75% los tiempos de espera de cirugías programadas. Otros hospitales públicos lograron una reducción en la mortalidad por cardiopatía congénita de más del 70%.

La necesidad de lograr una mejor coordinación entre quienes proveen servicios a la población infantil es un desafío dentro de un mismo sector. Con importantes diferencias entre países, la regulación, el financiamiento y la provisión de algunos de estos servicios suelen estar en mayor o menor grado delegadas al ámbito territorial. Sería muy interesante que pudiéramos contar otras experiencias como la de Argentina, orientadas a potenciar el impacto de las intervenciones durante los primeros años de vida de los niños a través de mejoras en la coordinación entre agencias y niveles de gobierno y lo más importante: salvando vidas.

Mario Sánchez es economista líder en protección social del BID en Argentina desde el 2011. Con más de 6 años de experiencia en el Banco, ha liderado proyectos en protección social, educación y salud. Además tiene experiencia en temas de evaluación de proyectos y de procesos.

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