Una versión de este artículo fue publicada en el diario El País de Madrid

En la mayoría de las urbes existen fuertes tensiones entre la preservación del legado patrimonial —en sus múltiples manifestaciones— y la presión por recuperar áreas centrales deterioradas en nombre del desarrollo económico, en particular del turismo. Es frecuente que estas tensiones se manifiesten hoy como dicotomías donde el pasado se enfrenta al futuro o lo histórico con lo moderno. Aquí es cuando el patrimonio cultural transita un camino paralelo al del desarrollo sostenible de la ciudad, tal como si fueran dos ilustres desconocidos.

En retrospectiva, esta desvinculación no sorprende. El concepto de sostenibilidad data recién de los años setenta, cuando se advierte el potencial colapso de los sistemas ecológicos del planeta como resultado de un desarrollo enfocado en el crecimiento económico. En ese entonces, el espectro analítico se amplió, no sólo al considerar las interrelaciones e impactos existentes en tres dimensiones: económica, social y ambiental; sino también la vinculación de lo global con lo local, en concordancia con la famosa frase “Piensa globalmente, actúa localmente”.

Una de las definiciones más utilizadas se cristaliza en el informe de las Naciones Unidas “Nuestro Futuro Común”, conocido como Informe Brundtland (1987). Por primera vez se concibe a la sostenibilidad como un proceso de largo aliento que involucra a las tres dimensiones mencionadas, a fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las futuras. La Cumbre de la Tierra (Río, 1992) y las subsiguientes (Johannesburgo, 2002 y Río+20, 2012) dieron pasos significativos en el entendimiento de que el desarrollo sostenible no depende de las acciones de un solo país, sino del esfuerzo conjunto de múltiples actores en distintos contextos, especialmente de las ciudades. En 2015, 193 países adoptaron la “Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible” para asegurar la prosperidad para todos, terminar con la pobreza y proteger al planeta a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, en reemplazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015).

 

A pesar de estos avances, el encuentro entre el patrimonio cultural y el desarrollo urbano sostenible continuó siendo elusivo, aunque la Meta 11.4 de los ODS indica: Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles… “a través del fortalecimiento de la protección del patrimonio cultural y natural mundial”. Esta referencia es insuficiente, no sólo porque alude a acervos patrimoniales diferentes (antrópico y natural), sino también debido a su focalización en la protección y salvaguardia, sin considerar su valoración o regeneración, aspectos clave para el desarrollo integral de las urbes a largo plazo.

Avances promisorios se dieron en la Conferencia de Hábitat III (Quito, 2016), dónde se reconoció al patrimonio cultural —tangible e intangible— como factor relevante para el desarrollo urbano sostenible y considerado como un elemento clave para la humanización de las ciudades, la revitalización de áreas urbanas degradadas, el fortalecimiento de la participación social y del ejercicio ciudadano. Asimismo, se puso de relieve su papel en el desenvolvimiento de economías urbanas vibrantes, sustentables e inclusivas, en las que se revigoriza la identidad y singularidades de una ciudad y sus habitantes en un contexto de globalización acelerada.

PATRIMONIO

Pero más allá de esta auspiciosa cita en Quito ¿Por qué sigue siendo tan difícil un encuentro definitivo? Una investigación realizada por Francesca Nocca de la Universidad de Nápoles en 40 ciudades (2017), revela que las interrelaciones e impactos más fáciles de medir entre ambos son los relacionados con la economía: el turismo y la recreación, el desarrollo inmobiliario, y la revalorización de los bienes y espacios patrimoniales. Otras interrelaciones relevantes, tales como el incremento en la productividad y creatividad local, la cohesión e inclusión social, así como el mejoramiento del bienestar de los residentes, resultan más complejas de dimensionar.

No cabe duda de que el turismo posee el poder de transformar productos culturales en valor económico, vía la creación de trabajo e ingresos en el corto plazo. Según la Organización Mundial del Turismo, entre 2007 y 2016, esta actividad representó aproximadamente 10% del PIB mundial y tuvo incidencia en más de 200 millones de empleos: 1 de cada 11 puestos de trabajo. Cerca de un 40% de esos empleos tuvo relación con el turismo cultural en áreas urbanas.

En América Latina y el Caribe tenemos todavía mucho camino por recorrer. Salvo algunas excepciones, el turismo cultural urbano no supera el 2% del PIB. Pero esta actividad por sí sola no garantiza la sostenibilidad. Debido a la creciente urbanización mundial y la globalización del turismo, se refuerzan no sólo la congestión, sobreutilización y/o degradación de espacios patrimoniales e infraestructuras, sino también procesos inflacionarios que inciden en el comercio, servicios afines y en los bienes raíces; sin olvidarnos de la potencial gentrificación que podría intensificar inequidades sociales y espaciales.

Para que el reciente encuentro entre patrimonio cultural y desarrollo urbano no sea circunstancial, un renovado paradigma de sostenibilidad debe profundizarse, sin dejar de lado la contribución sustancial del turismo. El fomento de la “economía circular” en la rehabilitación y manejo de iniciativas patrimoniales; la aplicación de tecnologías de la información para optimizar los procesos de planificación y resiliencia urbana incorporando la “multidimensionalidad” del acervo cultural; o la utilización deliberada de los conocimientos, habilidades y recursos locales para promover modelos de innovación e inclusión social; son algunos pilares de este paradigma. “Pensar globalmente y actuar localmente” es aún más relevante para que estos dos ilustres se terminen finalmente por conocer.