Los códigos de construcción actualizados pueden ayudar al Caribe a enfrentar desastres naturales, pero además hay que poner especial atención en las normas de actuación ante dichos desastres.

Las secuelas de los huracanes Harvey, Irma y María han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las ciudades del Caribe. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo comprometió US$ 1.000 millones para préstamos en los próximos cinco años, que apoyen el desarrollo de un Caribe más resiliente.

Los huracanes que azotaron el Caribe en 2017 dejaron pocas comunidades indemnes. Las aproximadamente 4,4 millones de personas que viven en zonas costeras de baja elevación, territorios de costa ubicados a menos de 10 metros sobre el nivel del mar, pagaron un precio particularmente elevado. Dichas ciudades costeras del Caribe se enfrentan a una peligrosa confluencia de fuertes lluvias, erosión y manglares dañados, hechos que, ante situaciones extremas, aumentan su situación de vulnerabilidad. El resultado histórico se salda con más de 36 millones de personas afectadas por las tormentas e inundaciones en el Caribe desde 1900, según la Emergency Events Database (EM-DAT).

Cómo el Caribe puede prepararse para huracanes más violentos

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A Blue Urban Agenda for the Caribbean Cities from el BID – the IDB on Vimeo.

A medida que se ha incrementado el financiamiento para atender estos temas por parte de administraciones públicas, organizaciones multilaterales y sociedad civil, se han propuesto una variedad de planes que tocan temas como la restauración de humedales, la construcción de rompeolas o, más comúnmente, la actualización de códigos de construcción. Los defensores de esta última idea señalan al Estado de la Florida, en EEUU, como un ejemplo de buenas prácticas. Después del huracán Andrew en 1992, Florida instituyó nuevos códigos de construcción, aumentando las acciones de cumplimiento. Estas acciones trajeron reducciones en las demandas de seguros y en las pérdidas materiales como consecuencia de vientos huracanados. Otro caso similar es el de la isla de Gran Caimán, que actualizó sus códigos de construcción en 1995, comprobando su efectividad tras los daños causados por el huracán Iván en 2004.

Pero aun cuando los códigos de construcción son un factor clave de la resiliencia, su impacto no debe sobreestimarse. Para que los códigos sean efectivos, deberán existir tres condiciones para garantizar su cumplimiento:

1. Revisar regularmente los códigos base, apoyados en modelos que tengan en cuenta riesgos y proyecciones de aumentos del nivel del mar

Cada temporada de huracanes puede significar un laboratorio de modelado climático para ensayar estándares de seguridad para ventanas, cimientos y techos resistentes a huracanes. La intensidad sin precedentes del huracán Irma (185 mph) superó las regulaciones previstas por el código de construcción de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) para Antigua y Barbuda Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Saint Kitts & Nevis y Montserrat. En adelante, seguramente los nuevos códigos deberán considerar superiores intensidades de viento, puesto que el tamaño y la magnitud de los huracanes son cada vez mayores. Los códigos de construcción no deberán entenderse como herramientas estáticas, sino como documentos vivos, que se ajustan a nuevos datos, emanados de modelos que consideren riesgos y proyecciones de precipitaciones.

Teniendo en cuenta que los códigos de construcción aún son opcionales en muchos países caribeños, es muy importante que los estándares de seguridad se integren desde el comienzo en licitaciones y contratos de construcción de los gobiernos, incluidas aquellas estructuras financiadas por instituciones donantes. El Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, por ejemplo, requiere que los hospitales que financian en el Caribe sigan rigurosamente la normativa contenida en códigos de prevención de desastres. En relación al sector de promoción inmobiliaria y residencial, las administraciones públicas están comenzando a reconocer los altos costos de los materiales de construcción de calidad y la dificultad económica del cumplimiento de dichos códigos, aunque todavía no se han desarrollado nuevas asociaciones y subsidios para mejoras a la vivienda. El Gobierno de Surinam, por ejemplo, ha proporcionado materiales de construcción con descuentos dirigidos a organizaciones comunitarias certificadas para la construcción de viviendas, lo que ha llevado a la reparación y expansión de miles de hogares.

2. Apoyar el desarrollo inteligente en temas climáticos en zonas costeras

Las acciones de cumplimiento y control son un punto clave. Se necesitan urgentemente instituciones que planifiquen el desarrollo urbano, con personal adecuado que revisen las propuestas de edificación, y que inspeccionen las estructuras durante su construcción. La experiencia de aquellos planificadores urbanos especializados en áreas construidas debe complementarse con una nueva generación de profesionales capacitados en hidrología, monitoreo de arrecifes de coral y conservación de zonas costeras. La reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  A Blue Urban Agenda: Adapting to Climate Change in the Coastal Cities of Caribbean and Pacific Small Island Developing States, proporciona ejemplos de mejores prácticas de funcionarios municipales en el Caribe y cómo están incluyendo esta nueva perspectiva en la planificación urbana.

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A Blue Urban Agenda for the Caribbean from el BID – the IDB on Vimeo.

Uno de esos ejemplos es la Oficina de Planificación de Desarrollo Urbano y Rural de Barbados, que ha establecido zonas costeras de protección del paisaje para evitar el desarrollo en zonas costeras propensas a la erosión y para protegerse de los impactos de tormentas extremas. Los planificadores también están evaluando los permisos de construcción usando un enfoque de “de la cresta hacia arrecife” (ridge to reef), que toma en cuenta el impacto de la urbanización en zonas intermareales, arrecifes y praderas marinas. Del mismo modo, los planificadores en ciudades con importantes riberas, como Paramaribo están financiando nuevos parques lineales, o parques esponja, que de manera similar controlen inundaciones y proporcionen espacios públicos atractivos.

3. Mejorar edificios existentes para que resistan intensidades climáticas

Una deficiencia de los códigos de construcción en sus apartados dedicados a preparación de desastres naturales es que frecuentemente solo se aplican a construcciones nuevas en el mercado formal. Las estructuras antiguas y los asentamientos informales frecuentemente están exentos de las nuevas normas. Ello con el agravante de que las comunidades de bajos ingresos a menudo se instalan en áreas propensas a inundaciones, como humedales y riberas. De hecho, más de la mitad de los asentamientos ilegales en Kingston, St. Andrew y St. Thomas, Jamaica, se encuentran a menos de 100 metros de un cauce susceptible de inundaciones.

La reconstrucción de Haití después del terremoto de 2010 dejó patente la necesidad de apoyar a constructores locales con herramientas y equipo necesario para facilitar la recuperación de las viviendas de manera autónoma. Se deben evitar actuaciones grandilocuentes aisladas y, en su lugar, promover intervenciones y soluciones surgidas desde las comunidades, que reflejen las necesidades y recursos financieros de sus beneficiarios. El estudio “What Did We Learn?” sobre los refugios utilizados tras los desastres en Haití,  describe cómo “el reto no es construir casas, sino ofrecer opciones de vivienda económica y socialmente sostenibles para propietarios y ocupantes”. Guyana es un excelente ejemplo de este enfoque, ya que los funcionarios ayudaron a los residentes a mejorar los estándares de construcción de las casas existentes, a lo largo del tiempo. Estas iniciativas, promovidas por el Gobierno de Guayana, han resultado en la mejora de aproximadamente 20.000 hogares, gracias a proyectos coordinados con organizaciones comunitarias.

Más allá de la construcción de estructuras de hormigón, construir capacidad de resiliencia en estas áreas también requiere una sensibilidad a los diferentes sistemas de tenencia de tierra del Caribe que aun conviven. Por un lado, un sistema de tierras familiares centenario que surgió de los derechos colectivos otorgados por esclavos emancipados y asentamientos informales privados o tierras de propiedad estatal, y un sistema moderno de propiedades tituladas en registros de propiedad complejos. Los esfuerzos para reconocer la continuidad de la tenencia de la tierra, como el “Certificado de Confort” de Trinidad y Tobago, que otorga derechos a la tierra a los ocupantes en tierras estatales, pueden abrir una puerta a la protección climática de estos hogares.

Prevenir destrucciones a causa de huracanes requerirá un compromiso serio con la gobernanza costera, que trascienda la falsa dicotomía entre tierra y mar, y entre un Ministerio de Desarrollo Urbano y un Ministerio de Medio Ambiente. Además de la Nueva Agenda Urbana global de Hábitat-III, también se requieren políticas urbanas regionales que reflejen la vulnerabilidad climática única de los pequeños estados insulares en desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) en el Caribe. La oportuna publicación de la CEPAL del borrador del Plan de Acción Subregional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en el Caribe es un gran paso en la dirección adecuada. Ahora, una mejor planificación costera finalmente logrará reducir el costo de reconstrucciones futuras y garantizará una discusión más inclusiva sobre resiliencia.

Si quiere saber más sobre el tema, descargue la publicación A Blue Urban Agenda: Adapting to Climate Change in the Coastal Cities of Caribbean and Pacific Small Island Developing States.

*Una versión de este artículo se publicó originalmente en inglés en Americas Quarterly.