El Acuerdo de París, suscrito en diciembre de 2015 y ratificado en abril de 2016 por más de 170 países, entró en vigor desde noviembre de 2016. Establece que el límite para el aumento de la temperatura promedio global con respecto a niveles preindustriales hasta fin de siglo, es 2°C, y que se invertirán esfuerzos para alcanzar 1.5°C. Esto con tal de mantener al mundo con probabilidades modestas de evitar ‘efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta’.

En términos prácticos, esta resolución de carácter global significa que el planeta tiene un ‘presupuesto de carbono’ que debe ser administrado adecuadamente. En promedio, cada persona tiene un presupuesto de carbono de aproximadamente 2 toneladas de carbono por año. El promedio global de emisiones por persona en la actualidad se sitúa alrededor de 5 toneladas, con países especialmente desarrollados con valores muy superiores. De mantenerse las tendencias actuales, se sobrepasaría el presupuesto en menos de 20 años. Es de aquí que surge la imperiosa necesidad de desacoplar desarrollo y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

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Los paneles solares sirven para reducir nuestro consumo de energía proveniente de recursos no renovables.

Al mismo tiempo, por primera vez en la historia, desde hace muy pocos años más personas viven en ciudades que en el campo. Actualmente 54% de la población global habita en áreas urbanas, donde ocurre el 70% de la actividad económica del planeta, se consume similar proporción de energía y recursos, y se genera una cifra similar de emisiones de GEI. Por tanto, como bien señala el Secretario General de Naciones Unidas, ‘la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades’, como actores centrales para el cumplimiento de la nueva agenda de desarrollo global definida también por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.

Por su parte, Latinoamérica y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del planeta, con 8 de cada 10 habitantes (cerca de 500 de 600 millones) viviendo actualmente en ciudades. Esto es el resultado de un rápido proceso de urbanización que alcanzó su pico en las décadas de 1960 y 1970, debido a elevadas tasas de fertilidad y migración rural-urbana, que desembocaron en altos niveles de pobreza, desigualdad, violencia y deterioro ambiental. Habiendo concluido una primera ola de urbanización en la región, el reto actual consiste en sacar a 150 millones de habitantes (25% del total) de la pobreza, a tiempo de mantener el presupuesto de carbono, tomando en cuenta que además, 300 millones de personas se sumarán a las filas urbanas de la región a medio siglo.

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El rápido proceso de urbanización nos deja con el reto de sacar a 150 millones de personas de la pobreza. Fuente: Miguel Rodríguez Tejerina

Sin embargo, en la mayoría de los países de la región, las emisiones ‘rurales’ aún predominan sobre las emisiones urbanas, con cerca de 70-80% de las emisiones totales provenientes de los sectores agricultura y uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS). Con vastos territorios vacantes, el desafío del desarrollo urbano en Latinoamérica y el Caribe radica en gran medida, en construir ciudades compactas que sean conscientes del vínculo rural-urbano; que identifiquen, por ejemplo, que la demanda de bienes y servicios de las urbes, propias y ajenas, tiene implicaciones en procesos de deforestación en el área rural, con consecuentes emisiones, por lo que se requiere reforzar la adopción de una visión integral de desarrollo urbano sostenible.

Algunos elementos centrales para la adopción de un nuevo paradigma de desarrollo urbano en la región, son procesos de gobernanza liderados por gobiernos nacionales, con políticas urbanas que promuevan la articulación vertical y horizontal entre actores clave, incluidos gobiernos subnacionales, sector privado, academia, sociedad civil y cooperación, acompañados de la transversalización del concepto de sostenibilidad en la gestión del territorio desde lo local. También lo es el acceso a financiamiento, en parte de cooperación pero sobre todo fruto de disciplina fiscal local y de mecanismos innovadores de financiamiento, y del sector privado, a través de la construcción de un marco favorable para el establecimiento de alianzas público-privadas.

Latinoamérica y el Caribe se encuentra en una encrucijada en la que debe responder a cómo encarar su desarrollo hacia adelante: siguiendo el modelo tradicional o incorporando con más fuerza temas de sostenibilidad, en línea con la nueva agenda de desarrollo global. Esta decisión puede tener repercusión global, ya que puede demostrar, especialmente a las regiones hermanas de Asia y África – donde se concentrará el crecimiento urbano del planeta en los años por venir – que es posible cambiar el paradigma de desarrollo, aumentando el bienestar de las personas a tiempo de disminuir emisiones. A pesar de la baja responsabilidad histórica en emisiones y los actuales niveles altos de pobreza en la región, tenemos hoy la oportunidad de demostrar que un futuro sostenible integral y con prosperidad para todos no solo es deseable y necesario, sino que, bajo ciertas condiciones, parecería ser posible.

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El transporte público limpio y de alta calidad hace parte de la responsabilidad de los gobiernos para reducir las emisiones y crear un futuro sostenible.

 

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Miguel Rodríguez Tejerina, de nacionalidad boliviana y mexicana, es Máster en Gestión de Ambiente y Recursos, con especialización en estudios de energía, e Ingeniero Industrial y de Sistemas, estudios cursados con becas de excelencia y finalizados con distinciones honoríficas en la Vrije Universiteit de Ámsterdam, Holanda y en el Tecnológico de Monterrey, México, respectivamente. Experiencia internacional en diseño, ejecución, monitoreo, evaluación y sistematización de proyectos y programas financiados por cooperación en países en vías de desarrollo, en temas relacionados con gestión ambiental, reducción de pobreza, mitigación y adaptación al cambio climático, recursos hídricos y eficiencia energética, entre otros. Actualmente trabaja en la consultora boliviana Servicios Ambientales S.A., promoviendo modelos de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en ciudades de Latinoamérica.