La pandemia vinculada al COVID-19 ha tenido impactos significativos en la vida cotidiana de los hogares a nivel mundial. En el blog precedente de esta serie se puso de manifiesto que la crisis sanitaria tiene un impacto significativo sobre la asequibilidad de los servicios de electricidad, transporte y agua potable y saneamiento para los hogares de América Latina y el Caribe (ALC), en particular para los más pobres. ¿Pero cuál ha sido efectivamente el tamaño del shock sufrido en la demanda de estos servicios? ¿Quiénes han sufrido principalmente los efectos financieros de la pandemia? ¿Los usuarios finales o los prestadores de servicios? Aquí buscamos dar luz a estos interrogantes con algunos indicadores innovadores.

TRANSPORTE

Uno de los principales efectos de la emergencia sanitaria ha sido la necesidad de disponer medidas de aislamiento social, afectando sustancialmente el uso del transporte público en la región. Estadísticas recientes muestran que la caída de la demanda de transporte público ha sido en promedio del 75% en un conjunto de ciudades de la región después de la implementación de las medidas de aislamiento social (Figura 1).

Figura 1 | Cambio en la utilización del transporte público en ciudades seleccionadas de ALC

Nota: a) TP: Transporte público. b) Cambios porcentuales medidos con relación a la semana del 15 de enero. Fuente: Basado en Moovit (2020)

 

El derrumbe de la demanda tiene dos efectos principales. El primero y el principal dada su magnitud es que las empresas operadoras han dejado de recibir ingresos por la prestación de los servicios. Antes del COVID-19, los viajes diarios en las ciudades de más de 500.000 habitantes de la región generaban 128 millones de dólares al día por pago de tarifas. Las medidas de contención del coronavirus han reducido el número de abordajes en un 75% con respecto a la demanda de la primera semana de enero. Este fuerte shock financiero, para asegurar la continuidad en la provisión de servicios, deberá ser compensado por subsidios proporcionados por los gobiernos nacionales y municipales.

Debe resaltarse que el impacto de la pandemia implicará aumentar subsidios a un sector que antes de la crisis ya dependía de importantes subsidios para cubrir los costos de operación de los servicios. Estimaciones recientes para 8 ciudades de la región indican que, en promedio, casi la mitad de los ingresos de los prestadores se explican por estos subsidios (Rivas y Brichetti, 2020). A pesar de que las empresas perciben una menor recaudación, tienen que seguir ofreciendo una frecuencia adecuada en los servicios de transporte para satisfacer las necesidades de los usuarios que trabajan en actividades esenciales. Los operadores continúan enfrentando costos fijos altos, por lo que los gobiernos deben brindar una asistencia financiera acorde para asegurar la continuidad de los servicios. Hasta el momento contractualmente la asistencia financiera ha estado principalmente asociada a indicadores de capacidad y calidad, pero como respuesta a la emergencia actual, en forma temporal, la asistencia debe avanzar hacia un esquema más directo y flexible.

El segundo impacto es el ahorro en el gasto de los hogares debido a la reducción en el consumo de servicios de transporte (que representa entre un 4 y un 10% del gasto total para los hogares más pobres), que permitirá compensar una parte del efecto de la caída de los ingresos generados por la pandemia. Este segundo impacto debe ser considerado por los gobiernos para decidir el monto de transferencias a los hogares más vulnerables.

ELECTRICIDAD

Las medidas de confinamiento obligatorio no afectan por igual a los sectores que demandan electricidad. Por un lado, las personas ahora aisladas en sus hogares incrementan su demanda eléctrica (y por ende sus facturas). Dicho aumento es debido tanto al teletrabajo como a un uso más intensivo de la electricidad en el hogar durante todo el día. Por otra parte, los comercios ahora cerrados ya no demandan electricidad, y las industrias, en su mayoría cerradas u operando en régimen reducido, han disminuido su demanda en forma significativa.

La información resumida en la Figura 2 muestra el impacto del confinamiento obligatorio en dos países de la región. En el caso de Perú el confinamiento obligatorio comenzó el 16 de marzo y produjo una reducción de la demanda eléctrica de 34%. En el caso de Colombia, que dictó el confinamiento desde el 24 de marzo, la reducción en la demanda eléctrica es de 17%. Adicionalmente, en ambos países se registra un marcado aumento de la participación de la demanda eléctrica residencial.

Figura 2 | Demanda eléctrica total y por sectores en semana anterior y posterior al confinamiento obligatorio en Colombia y Perú

Fuente: Basado en datos de XM Colombia y COES Perú y OLADE (2018) para la demanda de electricidad por sector. Nota: La caída en la demanda industrial y comercial en ambos países se estimó extrapolando las reducciones documentadas para dichos sectores en países europeos (Italia y España).

Este comportamiento de la demanda es triplemente gravoso para las empresas prestadoras del servicio eléctrico (en particular las distribuidoras). En primer lugar, la caída de la demanda reduce los ingresos de los prestadores de forma directa. En segundo lugar, debido a la presencia en la mayoría de los países de la región de significativos subsidios cruzados de usuarios industriales y comerciales en favor de los usuarios residenciales, el cambio de composición de la demanda eléctrica genera una reducción de los ingresos de los prestadores más que proporcional a la caída de la demanda observada. Finalmente, las empresas prestadoras normalmente tienen contratos de largo plazo para asegurar el suministro eléctrico que dificulta el ajuste de costos ante caídas significativas de la demanda, incrementando sus costes financieros y eventualmente poniendo en riesgo la continuidad del servicio en su conjunto.

AGUA Y SANEAMIENTO

A diferencia del caso de transporte público y electricidad, el sector de agua potable y saneamiento no cuenta en la región con estadísticas ‘’en vivo’’ para poder entender el impacto real de las medidas adoptadas para palear la pandemia del COVID-19 (confinamiento, la exhortación a una mayor higiene, entre otros) sobre la demanda de agua potable y saneamiento. Pese a ello, al ser un servicio domiciliario, la dinámica esperada es similar al caso de la energía eléctrica. De hecho, algunas empresas de la región han reportado incrementos de hasta un 50% en la demanda residencial de agua potable. En México, se ha registrado un aumento en el consumo de agua en algunas ciudades entre un 20 y 50% (Agua.org.mx-FCEA, 2020). Mientras que en Quito, Ecuador, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), indicó que desde que comenzó la cuarentena el consumo promedio mensual se incrementó 22% en la ciudad, alcanzando en ciertos sectores un aumento del 45%, como consecuencia de un sobreconsumo asociado a la limpieza de patios y terrazas, limpieza de vehículos y regado de plantas (El Comercio, 2020).

El impacto de dicho incremento sobre las facturas de los hogares en la región está mediado por el régimen de facturación: en el caso de los hogares que cuentan con micro-medición, el impacto del incremento del consumo se verá reflejado en la facturación. El impacto en la factura puede ser importante además dada la utilización generalizada de tarifas por bloques crecientes[1]

; en el caso de hogares con consumo no medido (regímenes catastrales, por ejemplo), el impacto financiero será recibido por la empresa prestadora que no verá incrementados sus ingresos, pero si sus costos.

En este sentido, el nivel de micro-medición es muy heterogéneo entre los prestadores de la región (Figura 3), y por ende las medidas de apoyo a los hogares y los prestadores deberán ser adaptadas a las condiciones locales.

Figura 3 | Micro-medición de agua potable en ciudades seleccionadas de América Latina

Fuente: ADERASA y Global Water Tarriff Survey (2017)

Los resultados que mostramos en este blog ponen de manifiesto que el impacto del COVID-19 en la demanda de servicios es realmente significativo, con un impacto más profundo en la demanda del transporte público y en menor medida en la demanda de energía eléctrica y agua. Las implicancias de la caída de la demanda en los ingresos exigen soluciones rápidas y medidas extraordinarias que aseguren la sostenibilidad financiera de los sistemas, y, por tanto, la continuidad de los servicios provistos. No obstante, la pandemia visibiliza las dificultades asociadas al delicado equilibrio entre servicios asequibles para los usuarios y sostenibilidad financiera para los proveedores, que requieren del diseño de soluciones integrales.

El post “El impacto del COVID-19 en la demanda de servicios” es la segunda entrada de la serie de post titulada “Servicios asequibles para todos en tiempos de coronavirus (y siempre)” enfocados en mostrar como la crisis vinculada al COVID-19 afecta tanto a los prestadores como a los usuarios de los servicios de electricidad, transporte y agua potable y saneamiento en la región.”

[1] Esto implica que a medida que se incrementa el consumo de agua potable el precio marginal pagado se incrementa, aumentando la factura de forma más que proporcional al consumo.

Referencias adicionales:

BNEF, The BloombergNEF. (2020). “Quarantine Cuts Italy’s Commercial Power Demand by 75%”. Disponible en: www.bnef.com

Rivas, M.E. y Brichetti, J.P. (2020). ‘’Operating subsidies in urban public transport in Latin America and the Caribbean’’. Inter-American Development Bank, Washington, DC. Unpublished.