Varios gobiernos del mundo usan la información del censo poblacional para tomar decisiones de política pública. Contiene información de primera mano, pero está disponible uno o dos años luego de terminado el ejercicio, lo que le quita actualidad. Otros usan también las encuestas de hogares, que se realizan anualmente y cuyo procesamiento también lleva bastante tiempo, además de ser imperfectas: normalmente se hacen en papel y no hay un control de calidad efectivo sobre lo que llenan los encuestadores. Otros datos se recogen con mayor frecuencia, pero no suelen personalizarse ni accionar medidas inmediatas.
En la era del gobierno digital y los datos masivos, ¿es esto lo mejor que podemos hacer? ¿No debería poderse potenciar más el uso de la tecnología para combatir la pobreza de forma más dinámica y precisa como se usa, por ejemplo, para controlar el pago de impuestos?
La Provincia de Salta (Argentina), desde la creación del Ministerio de la Primera Infancia (MPI) a fines de 2014, viene implementando fuertemente el uso de tecnologías de información para el combate a la pobreza, y en particular, a la desnutrición infantil en zonas remotas.
Su sistema de monitoreo incluye la recolección de datos en tablets, casa por casa, persona por persona, con datos georreferenciados y fotos individualizadas, disponibles en tiempo real a las instituciones públicas y privadas que contribuyen a combatir la pobreza a través de la nube.
Niños en riesgo en Municipio de Coronel Juan Solá, Depto. de Rivadavia
Banda Norte, Salta. Fuente: MPI Salta
Estos datos, además, son validados desde el ministerio: las entrevistas son grabadas en su totalidad y se realiza un control de calidad para dar feedback y mejorar el trabajo de los censistas. Esta información valiosa y actualizada, alimenta un tablero de control que permite direccionar los esfuerzos de las distintas instituciones públicas y privadas de forma inmediata, acercándose al ciudadano en situación de pobreza proactivamente en vez de que el ciudadano tenga que desplazarse hasta donde se ofrecen los servicios (algo que muchas veces ni siquiera pueden hacer por el costo y la dificultad de desplazarse).
Mejora la prestación de servicios de instituciones como el registro civil, que puede proveer documentos de identificación a todos los ciudadanos indocumentados (algo que se puede lograr relativamente rápido). También se puede focalizar mejor la oferta de planes de alfabetización o de capacitación laboral para adultos, los servicios de salud o de nutrición para embarazadas, niños y adultos mayores, y los proyectos de infraestructura básica para mejora de viviendas o provisión de agua y saneamiento. Finalmente, también permite planificar mejor la periodicidad de visitas de seguimiento a personas en situación de mayor riesgo.
Además, el modelo de gestión incluye un sistema de alerta social orientado a disminuir la desnutrición infantil y mejorar el cuidado de las mujeres embarazadas, construido en una aplicación similar a Whatsapp. Los actores clave en cada comunidad (alcalde, policía, párroco, docente, líderes indígenas, personal de salud y ONGs) tienen acceso a la misma y pueden activar la alerta cuando, por ejemplo, se identifica a un niño con vómitos y diarrea por dos días. Este alerta genera un chat entre personas específicas en el municipio, el gobierno provincial y otros actores, con protocolos de acción predeterminados que especifican quién hace qué y cuándo, con seguimiento centralizado del MPI a cada caso hasta su resolución.
Sistema de alerta social. Fuente: MPI de Salta
Esta iniciativa, que se basa en una plataforma de gobierno colaborativo entre el sector público, el sector privado e instituciones no gubernamentales, ha logrado reconocimientos de UNICEF y de Microsoft a nivel global, ha sido diseminado en los medios masivos de comunicación, está comenzando a replicarse en Argentina a nivel nacional y en otras provincias, e inclusive ha despertado interés en Colombia y en otros países de América Latina.
Si bien la tecnología no es la solución a todo – hay factores culturales, estructurales y geográficos, entre otros, que hacen más difícil eliminar la pobreza extrema o la desnutrición crónica en niños – este tipo de iniciativas que potencian las herramientas tecnológicas con las que contamos en el siglo XXI deberían ser más la norma que la excepción en los gobiernos de la región.
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