Reforma constitucional en Chile: un seminario del BID contribuye al debate

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Desde fines de la década de 1980, muchos países de América Latina han puesto en vigencia nuevas constituciones que introdujeron cambios significativos para forjar sociedades más inclusivas, representativas y justas. En algunos países, como Brasil y Argentina, estas constituciones han ayudado a dar vuelta la página del pasado y completar la transición de dictaduras a democracias. En otros, como Colombia, han apuntado a fuentes de conflictos civiles al incluir en el proceso político a sectores sin derecho a voto y regiones aisladas.

En general, los resultados han sido impresionantes, catalizando transformaciones hacia estados más modernos y abiertos. Según el país, las nuevas constituciones incluyen medidas para alentar la competencia entre varios partidos políticos; empoderar a las minorías étnicas; aumentar la participación femenina, e impulsar el gasto social. Pero la proliferación de derechos sociales y económicos en las cartas magnas también puede ser una fuente de parálisis. En países como Colombia, por ejemplo, la abundancia de nuevos derechos muy específicos suele desatar batallas legales que generan atascos en las cortas e impiden que la legislatura promulgue proyectos de ley que podrían contribuir al desarrollo social y económico.

Ahora es el turno de Chile. Como parte de su campaña electoral para obtener un segundo mandato, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a sancionar una nueva constitución para reemplazar la de la dictadura de Augusto Pinochet y generar mayor participación ciudadana, igualdad y justicia social. Se prevé que el proceso de reforma desemboque en una nueva carta magna para 2018, y actualmente está en la etapa de consulta ciudadana.

El Departamento de Investigación del BID y su oficina de país en Chile están brindando asistencia en este proceso al auspiciar un seminario sobre reformas constitucionales que se realizará en Santiago el 6 de diciembre. La meta es exponer a los chilenos a expertos con perspectivas sobre lo que ha funcionado y lo que no. Se analizarán constituciones nuevas en todo el mundo, en especial en países latinoamericanos y de Europa del Este, donde las reformas fueron complicadas por la transición del comunismo a la democracia liberal.

Expertos analizarán modificaciones que pueden incrementar la participación ciudadana en el proceso de formulación de políticas y facilitar una interacción fluida entre actores gubernamentales. Examinarán formas de limitar el oportunismo económico; promover la sostenibilidad fiscal a largo plazo por sobre ventajas de corto plazo o sectoriales, y crear sistemas económicos más transparentes, eficientes e igualitarios.

Pero también analizarán cómo el entusiasmo reformista en algunos casos se salió de cauce. La constitución de Colombia de 1991 podrá haber mejorado las vidas de millones de ciudadanos. Pero también ha generado interferencias judiciales con el proceso legislativo y problemas reales en la viabilidad del sistema de cobertura de salud, el mercado de crédito hipotecario y el financiamiento del estado en general.  La carta magna de Argentina de 1994 limitó el poder de decisión económica del presidente, y los países del Este de Europa han atravesado amplias modificaciones de estructuras institucionales y derechos de propiedad. Todas estas transformaciones han generado pérdidas y ganancias. Y han involucrado complejos procesos de reforma que pueden encausar la participación ciudadana para obtener beneficios a largo plazo, o llevar a que intereses particulares se apropien del proceso.

Chile necesita sancionar una buena constitución. El país es un líder regional. Ha logrado enormes avances económicos y sociales en las últimas décadas, al ingresar en el rango de los países de ingreso medio-alto; convertirse en un miembro pleno de la OCDE, y reducir la pobreza de forma sustancial. Recién está comenzado a hacer frente al enorme desafío de la desigualdad. Eso y una creciente necesidad de invertir más en educación, salud y desarrollo urbano, entre otras áreas, requieren una mayor participación ciudadana y mayor legitimidad. Una nueva constitución que se diseñe teniendo en cuenta los errores y las fortalezas de las reformas en otros países puede servir como marco general para ayudar a Chile a concretar esas aspiraciones.

*Esta entrada es parte de una serie de artículos sobre #ReformaConstitucional basados en un seminario sobre el tema organizado por el Departamento de Investigación del BID.

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El Autor

Carlos Scartascini

Carlos Scartascini

Carlos Scartascini obtuvo su Doctorado y su Master en Economía en George Mason University (EE.UU.), y su Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur (Argentina). En George Mason University recibió el premio "William Snavely Award for Outstanding Achievement in Graduate Studies in Economics". Actualmente, trabaja como Economista Principal en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se especializa en temas de fortalecimiento y modernización del Estado. En el Banco, ha liderado varios proyectos con implicancias de política, como el de evasión impositiva en municipalidades de Argentina (aquí un video resumen), de reforma impositiva en América Latina, de desarrollo de los marcos fiscales de mediano plazo y de presupuestación por resultados, de instituciones presupuestarias, y sobre los procesos de decisiones públicas en América Latina, entre otros.

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