Monitorear la corrupción en México: el ojo atento y el látigo disuasivo

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La corrupción es un problema extendido en América Latina, a pesar de los avances recientes. Algunos casos son muy visibles, en especial cuando autoridades de alto nivel están involucradas en escándalos de miles de millones de dólares. Otros casos pasan mayormente desapercibidos, ya que sus protagonistas son empleados públicos de bajo rango que, por ejemplo, aceptan coimas para otorgar un permiso. Aunque puedan parecer aislados y ser difíciles de detectar, los casos de corrupción en los niveles más bajos del gobierno también se pueden convertir en escándalos de alto perfil, lo que deja al descubierto la magnitud de la corrupción en las burocracias y la necesidad de buscar formas de combatirla.

En 2005, se lanzó un importante desarrollo de bienes raíces en Ciudad de México. El proyecto de “City Santa Fé” incluía casi 1.400 apartamentos de lujo, más restaurantes y tiendas, en un total de 10 torres. Cinco años después, las serias irregularidades llegaron a las portadas de los diarios: habían construido torres con 17 pisos por encima del límite legal de altura. Según el ex alcalde del distrito que denunció el proyecto, los desarrolladores les pagaron a funcionarios del gobierno local unos US$150.000 en coimas por cada piso que construyeron por encima del límite legal.

Estos negocios turbios pueden tener un impacto profundo en las vidas de las personas. Cuando se trata de otorgar permisos para la construcción, la corrupción puede socavar los estándares de seguridad. También puede causar una expansión urbana, daños medioambientales y la destrucción de sitios culturales. Sin embargo, los funcionarios de bajo rango que toman estas decisiones no son elegidos en las urnas y por lo tanto no deben responder por sus acciones ante el electorado como los funcionarios electos.

¿Qué se puede hacer para reducir la corrupción dentro de las burocracias? Una opción es mejorar las medidas de transparencia para limitar la capacidad de decisión de los funcionarios y lograr que los gobiernos rindan cuentas. Para poder observar de cerca a quienes ocupan posiciones de poder, los ciudadanos deben tener acceso a la información gubernamental. En México, por ejemplo, se han descubierto irregularidades gracias al análisis de documentos obtenidos a través de pedidos de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, la rendición de cuentas del gobierno no puede depender de la predisposición de los funcionarios para compartir información sobre sus acciones.

El monitoreo externo o las auditorías realizadas por un agente independiente y no gubernamental también pueden ayudar. Pero quizás tampoco sean suficientes: para que los mecanismos de transparencia puedan controlar la corrupción, los corruptos deben enfrentar el riesgo real de ser castigados.

Un próximo artículo del BID explica un estudio realizado para comprobar si los empleados públicos modifican su comportamiento cuando son sometidos a más controles. El estudio se realizó en Querétaro, una ciudad mexicana típica en términos del tamaño, edad y composición socioeconómica de su población. El Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparency International ubicó a México en el puesto 95 entre 168 países, con un puntaje de 35 sobre 100.

Los niveles de transparencia y corrupción de Querétaro están dentro del promedio. Sin embargo, la ciudad muestra una gran brecha en el cumplimiento de la ley: 63% de las solicitudes de permiso de construcción contienen al menos una irregularidad significativa pero debido a la corrupción sólo el 19% de esas solicitudes son rechazadas. Algunos casos incluyen usos creativos del lenguaje, como evitar el término “centro comercial” para autorizar la construcción de un “conglomerado de tiendas”.

Durante el estudio del BID, el gobierno de Querétaro concedió acceso exclusivo al personal, documentos y bases de datos informáticas de la Secretaría de Desarrollo Urbano. El estudio se centró en la Oficina de Licencias de Construcción, que es responsable de otorgar permisos de construcción para restaurantes, centros comerciales, hospitales y viviendas, entre otros. La Oficina de Licencias de Construcción es vulnerable a las coimas, tráfico de influencias y otras formas de corrupción, debido a la magnitud de las inversiones financieras involucradas en la mayoría de los proyectos y la capacidad de tomar decisiones que tienen los empleados públicos durante el proceso de revisión de los permisos.

Al director de la Oficina de Licencias de Construcción y sus inspectores (funcionarios de bajo rango que analizan las solicitudes de permisos de construcción) se les informó que se iba a monitorear un grupo de 50 solicitudes de permisos que acababan de ser presentadas y aún no habían sido revisadas. A la vez, estos funcionarios no sabían que otro grupo de 50 solicitudes también se estaba revisando a través de la red informática del gobierno.

Durante las primeras semanas del estudio, el comportamiento de los funcionarios en relación a las solicitudes que sabían que estaban siendo monitoreadas fue apenas distinto de su comportamiento en relación a las solicitudes que no sabían que estaban siendo controladas. A las ocho semanas del comienzo del estudio, las autoridades de más algo rango recibieron un informe del investigador en el que se resaltaron inquietudes específicas. Entonces el director les pidió a sus subordinados que fueran más cuidadosos con su trabajo. El comportamiento de los funcionarios cambió luego de esa advertencia: hubo más rechazos, los funcionarios dedicaron más tiempo a revisar las solicitudes y encontraron más irregularidades.

El estudio ofrece una lección para los gobiernos: las medidas que incrementan la transparencia no son suficientes para controlar la corrupción. Las auditorías externas pueden reducir la corrupción entre empleados públicos que son responsables de hacer cumplir la ley. Pero la supervisión sólo fortalecerá la rendición de cuentas si esos esfuerzos son apoyados de forma explícita por los líderes de un gobierno: los corruptos deben enfrentar el riesgo de ser castigados. El ojo atento, por lo tanto, necesita un látigo disuasivo.

* Una versión anterior de esta entrada de blog indicó de forma incorrecta que 90% de las solicitudes de permiso de construcción en Querétaro contienen al menos una irregularidad significativa. La cifra correcta es 63% de las solicitudes.

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El Autor

Paul Lagunes

Paul Lagunes

Paul Lagunes es Investigador Visitante del Banco Interamericano de Desarrollo y Profesor Asistente de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia. Su trabajo se centra en la corrupción, en especial cuando afecta gobiernos subnacionales en el continente americano. Actualmente, Lagunes estudia casos de corrupción en proyectos de infraestructura en gobiernos municipales de Perú, y está a cargo del curso de maestría “Corrupción local y global: maniobrando hacia el buen gobierno”. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Yale.

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