Durante décadas, América Latina y el Caribe ha sido una región joven, con una numerosa población en la fuerza laboral en comparación con el número de personas en edad avanzada. Sin embargo, la región está envejeciendo. Hacia 2085, superará a Europa como la región del mundo con el porcentaje más alto de personas en edad avanzada y, dadas las actuales tasas de ahorro, no tendrá recursos suficientes para pagar el enorme costo de la atención en salud, las pensiones y otras necesidades de una población creciente de personas mayores.
Parte de esto es pura y simple demografía. En los tiempos modernos, prácticamente todos los países han experimentado lo que suele denominarse bono demográfico, cuando disminuye el ratio de población que no trabaja (dependientes) en relación con la población que trabaja. En América Latina, comenzó a mediados de los años sesenta, impulsado por factores como la urbanización y el descenso de las tasas de mortalidad infantil. En 1965, por cada 100 individuos en edad de trabajar -15 a 65 años- había 90 dependientes jóvenes y viejos. Actualmente hay menos de 50. Sin embargo, hacia finales del siglo, volverá a aumentar hasta cerca de 90 dependientes por cada 100 individuos en edad de trabajar, y el porcentaje de la población mayor de 85 años llegará a situarse en torno al 8%, más de cuatro veces el porcentaje actual.
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Ante mayores obligaciones, las sociedades constatarán que sus bajas tasas de ahorro sólo agravan la carga. El bono demográfico ha sido una ventanilla de oportunidad. La incorporación de jóvenes a la fuerza laboral, con menos dependientes, impulsó la producción y el crecimiento. Sin embargo, la mayor parte de aquello no se orientó hacia el futuro: la parte del ingreso destinada a pensiones y otras formas de ahorro ha sido relativamente pequeña. En Asia, por ejemplo, donde el bono demográfico coincidió más o menos con el de América Latina y el Caribe, las tasas de ahorro aumentaron del 12% del PIB en los años sesenta a aproximadamente el 30% del PIB. En cambio, en América Latina y el Caribe, se ha estancado durante más de dos décadas en torno al 18%. Esto ha dejado a la región desprovista de soluciones para aquel momento en que el alto número de dependientes, muchos de ellos con grandes necesidades y sin pensiones, podría ser una carga abrumadora para las sociedades. Y el tiempo se acaba.
En numerosos países del Caribe, así como en Chile y Costa Rica, el bono demográfico prácticamente ha llegado a su fin. En otros países, entre ellos Bolivia, Belice, Guatemala, Guyana, Haití y Paraguay, durará todavía unas dos o tres décadas. Si hay algo de positivo en esto, se limita al hecho de que incluso en países donde los ratios de dependencia aumentarán sostenidamente, todavía lo harán a un ritmo lo bastante lento como para permitir cambiar de rumbo.
¿Qué se puede hacer? Uno de los mayores problemas en América Latina y el Caribe es el alto grado de informalidad en los mercados laborales. Cerca de una tercera parte de la fuerza laboral en la región, y hasta el 70% en algunos países, son trabajadores autoempleados. El resultado de esta situación es que sus aportes jubilatorios o son voluntarios o es imposible exigirlos. Además, la mayoría de los pobres apenas tienen dinero para cubrir sus necesidades básicas, y mucho menos para destinar una parte a la jubilación. En efecto, en promedio sólo el 15% de los trabajadores con ingresos por debajo de USD 4 al día (la línea estándar de la pobreza moderada) realiza aportes jubilatorios. Incluso entre la clase media, la cobertura de las pensiones es baja, con un 53%.
Cambiar esto exigirá eliminar las distorsiones en el mercado laboral que promueven la informalidad y educar a la población sobre la importancia del ahorro. Hay escasas alternativas. A medida que las familias se vuelvan más pequeñas, la red de seguridad tradicional del hogar para las personas en edad avanzada bien podría comenzar a desintegrarse. Los gobiernos tendrán problemas para solucionar esta situación. En promedio, en la región ya están gastando cinco veces más en seguridad social y pensiones para los mayores de 65 años de lo que gastan en educación para aquellos que tienen menos de 20. Si los gastos en pensiones se mantienen en los niveles actuales, aquel monto tendrá que quintuplicarse. Esto sacrificaría a los jóvenes en aras de las personas mayores y, en ese proceso, sacrificaría también la formación y la capacitación que constituyen el capital humano que requiere el crecimiento.
Aún queda tiempo, pero no demasiado. Sin cambios conductuales a nivel del hogar y sin reformas a nivel de toda la sociedad para promover el ahorro, América Latina y el Caribe podría encontrarse en circunstancias muy difíciles en la segunda mitad del siglo, sin dinero para pagar por los enfermos y ancianos ni para alimentar el potencial y la promesa que constituyen los jóvenes.
Algunos de esos temas son abordados en la edición de 2016 de la serie de informes insignia del BID, Desarrollo en las Américas, titulado Ahorrar para desarrollarse: cómo América Latina y el Caribe puede ahorrar más y mejor. Haga clic aquí para recibir actualizaciones sobre este libro de próxima publicación y un PDF gratis una vez publicado.
*Autores invitados: Solange Berstein, Mariano Bosch y María Laura Oliveri son economistas en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID.
