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Los costos ocultos de nuestras cárceles

En Chile, una de cada tres muertes en prisión es por una pelea entre presos. En enero de este año, unos 100 privados de libertad fueron brutalmente asesinados cuando dos pandillas lucharon por control de las prisiones de Brasil. El año pasado, más de 370 presos murieron en las cárceles de Brasil.

Demasiadas cárceles en la región son espacios violentos, a menudo fuera del control de las autoridades, y como vamos a ver, muy caras de mantener.

Ante los altos niveles de crimen y violencia, la respuesta común es gastar más en seguridad: más policías, sanciones más severas, y meter a más personas en la cárcel. Uno podría suponer que un castigo más severo podría disuadir crímenes en el futuro. Potenciales criminales lo pensarían dos veces antes de cometer un delito. En la cárcel las personas podrían aprender una lección, para luego reintegrarse en la sociedad y no volver a cometer un crimen.

Las cosas no son tan sencillas.

Es difícil analizar el efecto del encarcelamiento en los niveles de crimen. Sin embargo, el incremento en las tasas de crimen y los recientes patrones criminales comparados con el crecimiento en el encarcelamiento en América Latina y el Caribe sugieren que metiendo más personas a la cárcel no es una solución. Además, es caro para las sociedades y las economías.

Nuestro más reciente estudio sobre los costos del crimen y la violencia en 17 países de la región encontró que los costos directos e indirectos del encarcelamiento suman los US$14.000 millones al año entre 2010-2014, o un promedio de 0,4% del PIB regional. Estos costos incluyen la administración penitenciaria y costos indirectos de los ingresos que no generan las personas encarceladas que dejan de realizar actividades económicamente productivas.

Haga click en la imagen para descargar el estudio sobre los costos del crimen en América Latina y el Caribe.

La población penitenciaria se duplicó entre 1995 y 2014, y la tasa de encarcelamiento creció un 137% alcanzando los 240 privados libertad por 100.000 habitantes. Durante el mismo periodo, las tasas de homicidio se duplicaron de 13 a 24 homicidios por 100.000 habitantes. En otras palabras, más personas fueron a la cárcel y más personas fueron asesinadas.

En los Estados Unidos, ocurrió lo contrario. En 1995, la tasa de encarcelamiento era de 595 por 100.000. Para el 2012 había subido a 709. Durante el mismo periodo, los delitos contra la propiedad y otros tipos de crímenes bajaron, incluyendo homicidios. Igualmente, hasta en los Estados Unidos no hay consenso sobre el rol del encarcelamiento en la reducción del crimen.

En teoría, el encarcelamiento puede reducir el crimen de dos formas: puede disuadir el crimen al hacerlo menos atractivo con sanciones más severas para los potenciales criminales, y puede reducir el crimen a través de la “incapacitación”, ya que (en teoría) las personas encarceladas están aisladas de las actividades criminales que ocurren en la sociedad. En la práctica, las cárceles a menudo son conducentes al crimen por las altas tasas de hacinamiento (en algunos lugares el número de personas en la cárceles duplica el número de espacios) y por programas de rehabilitación inadecuados para preparar a los privados de libertad a reinsertarse en la sociedad.

Las altas tasas de homicidio y de encarcelamiento en América Latina y el Caribe alzan importantes preguntas sobre el funcionamiento adecuado de las prisiones, incluso mientras los gobiernos siguen construyendo más prisiones. El costo de manejarlas casi se duplicó de US$4.300 millones en el 2010 a US$7.800 millones en el 2014.

Pero hay diferencias en la región. Brasil tiene la tasa de gasto más baja, con sólo un 0,06 por ciento del PIB gastado en la administración de prisiones. El país con el gasto promedio más alto es Barbados, con un 0.47% del PIB. Le siguen Jamaica y Trinidad y Tobago, con el 0,34% y 0,33% del PIB respectivamente. Al tratarse de economías relativa­mente pequeñas, estos altos porcentajes probable­mente expresen los grandes costos fijos que implica la administración de un sistema penitenciario.

Para poner los números del gasto en perspectiva, la cifra promedio de los 17 países de este estudio es casi tres veces superior al costo de financiar en su to­talidad a los principales programas gubernamentales para la lucha contra la pobreza en México (Prospera) y Brasil (Bolsa Família).

Entonces, cuando consideramos al encarcelamiento masivo como una solución, es importante notar que es costosa para la sociedad. Pero los costos no terminan aquí. No sólo resulta caro encarcelar a las personas sino también es costoso dejarlas sin trabajar. La región perdió en promedio más de US$ 7.000 millones anualmente entre 2010 y 2014 por lo que dejaron de contribuir a las economías las personas que son privadas de libertad. Este número casi se duplicó en el periodo de estudio, de US$5.800 millones en 2010 a más de US$8.400 millones en 2014.

En general, el costo del encarcelamiento está repartido en partes iguales entre el costo de la administración penitenciaria y los ingresos perdidos (alrededor del 0,2% del PIB de los países para cada componente). Pero el panorama en cada país es distinto. En algunos de ellos (Argentina, Barbados, Chile, Jamaica, Trini­dad y Tobago y Uruguay) el gasto en administración de prisiones es superior a las pérdidas por privación de la libertad, mientras que en otros (Brasil, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y El Salvador) las pérdidas de ingresos son mayores que el gasto público en el sistema penitenciario. En términos globales, el costo más bajo se aprecia en Guatemala, donde en total re­presenta un 0,13% del PIB, mientras que el más alto tiene lugar en Barbados, donde representa el 0,71% del PIB.

También encontramos que niveles similares de violencia no implican costos de encarcelamiento similares. La comparación entre Chile y Perú es interesante: los dos países con las tasas de homicidios más bajas de la región tienen costos de encarcelamiento consi­derablemente distintos. Chile, con un costo global del 0,57% del PIB, es el cuarto país con el mayor costo en la región. Por el contrario, Perú, con un costo del 0,26% del PIB, se encuentra entre los países con menores costos. Una comparación similar puede establecerse entre Honduras y El Salvador, los países más violentos de la región en términos de homicidios. Mientras que en El Salvador el costo global es del 0,61% del PIB, en Honduras as­ciende al 0,37% del PIB. Estas diferencias se derivan de diversas tasas de encarcelamiento y los distintos niveles de ingreso perdido de los reclusos.

Las diferencias en la política penitencia­ria no se condicen con los niveles de violencia. Bajos niveles de violencia en términos de tasas de homicidios no necesariamente están asociados con altos o bajos costos de encarcelamiento. Esta discrepancia arroja serios interrogantes sobre la eficacia de la política pe­nitenciaria de varios países de la región. Parece haber espacio, entonces, para reformas que prevengan la violencia a través de la disuasión. Esto por su parte reduciría los costos del encarcelamiento. O por lo menos, liberaría recursos para mejor manejar los sistemas penitenciarios que ya tenemos.

Laura Jaitman
Sobre el autor
Laura Jaitman is an economist in the Research Department of the Inter-American Development Bank. She previously coordinated research for Citizen Security and Justice at the IDB. Her principal areas of research are the economics of crime, the evaluation of policies to prevent and reduce crime, and political economy. Before joining the IDB, she worked for a decade as a consultant to the World Bank, the IDB, and J-PAL in the evaluation of the impact of public policies in different countries of Latin America. Jaitman holds a Ph.D. in Economics from University College London; a Master's in Economics from the University of San Andrés, Argentina, and a Bachelor's in Economics from the University of Buenos Aires.
  1. Ana Pastora Betancourt García Reply

    Este tema es de suma importancia y considero que se debe poner especial atención en él. Le preguntaria a la autora del estudio si se ha pensado en diferenciar tipos de cárceles según el tipo de delito cometido, en lugares de trabajo donde se produzca para la sociedad: insumos para las mismas cárceles o para otros establecimientos (ropa, cultivo de productos agrícolas, procesamiento de alimentos para las escuelas y/o hospitales).
    Pero lo más importante es prevenir y este campo es tan amplio, habría tantos puntos que considerar! Pero lo reitero, estamos en mora de abordarlo con toda seriedad y urgencia.

    • Laura Jaitman
      Laura Jaitman Reply

      Muchas gracias por su comentario. Nos alegra que haya encontrado de utilidad el artículo. Efectivamente, cuando la infraestructura y los servicios disponibles lo permite, se puede dividir a los privados de libertad por su riesgo y en función de eso asignarlos a diferentes tareas, e incluso tipos de penas. En la región, dada la situación de las cárceles, es muy difícil, aunque algunos países están llevando a cabo reformas en esta dirección. Puede leer más sobre el tema aquí: https://publications.iadb.org/handle/11319/8133
      Saludos!

  2. Luis Castillo Berrocal Reply

    Estimada Dra. Jaitman, muy agradecido por su importante aporte sobre este tema. En el Perú suele trabajarse muy poco sobre los reales costos de la sobrecriminalización. Las voces académicas, cuando hay incrementos desmesurados de penas para los delitos, no se hacen notar por la poca preparación o reflexión sobre estos puntos y por falta de una visión distinta al sistema penal. Estoy culminando el último ciclo de maestría en Derecho Penal y desde que revise AED y su posible aplicación al análisis del crimen, me he interesado de sobremanera en desarrollar una tesis básica en mi país apoyado en sus ideas. De ser posible, ruego pueda intercambiarme información por mail. Saludos

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